Una vez que la organización tenía los productos en su poder, los revendía a través de conocidos portales Internet de compraventa desde España a diferentes países del continente europeo.

Empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería habían sido creadas únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.

El aumento de uso de Internet, sobre todo con la llegada de los dispositivos móviles, ha incentivado que crezca el interés de los ciberdelincuentes.

La Inspección ha llevado a cabo 9.944 inspecciones en materia de prestaciones por desempleo, que han acabado con 3.135 infracciones.

La banda, ubicada en Barcelona y Sabadell, se dedicaba a adquirir empresas en situación económica delicada con la única finalidad de sacar provecho de todos los activos de éstos sin hacer frente a los compromisos adquiridos con los titulares.

A los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que no haya sido comunicado por el contribuyente.

La finalidad real de estas sociedades era registrar continuas altas y bajas de trabajadores que no desempeñaban actividad laboral alguna y cuyas cuotas de afiliación a la Seguridad Social no eran sufragadas.

El Gobierno ya había avanzado que el plan de lucha contra el fraude incluiría limitaciones el uso de dinero efectivo en determinadas operaciones.

Empresarios que incumplen la obligación de cotizar, insolvencias punibles o falsos contratos para obtener prestaciones o subsidios fraudulentos son el objetivo en este tipo de casos.