En el Perú no hay pena de muerte, pero ya hay una para penar a los muertos. El congreso aprobó que para aquellos que mueran en la cárcel bajo acusación de terrorismo o traición a la patria sus cuerpos no sean entregados a su familia, sino que puedan ser incinderados y dispersados en el mar.

No existe precedente en nuestra historia o en la de cualquier democracia multipartidaria en la cual a un terrorista que ha muerto bajo rejas se le niegue dar su cuerpo a sus deudos y se le quema y tire al mar. Si nuestra patria hace eso en su bicentenario se corre el riesgo de poner en riesgo nuestra democracia e imagen internacional, y crear las condiciones para que se repita un ciclo de vendettas sangrientas.