En 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero finalizaba su primera legislatura, empezó a cuajar en la sociedad catalana una sensación de cansancio y disgusto. Los problemas crónicos en Cercanías, un aeropuerto que entonces era insuficiente para responder a la proyección de Barcelona, la baja inversión pública por parte del Estado o el acentuado déficit fiscal acabaron por engendrar lo que se bautizó como el 'català emprenyat' (catalán enfadado).

Si la UE respeta la unidad nacional y la justicia de cada país, no es aceptable que los delitos sean interpretados por cada país miembro. La Justicia española lleva reclamando desde 2017 que Bélgica entregue al señor Puigdemont, prófugo de dicha Justicia. ¿Es entendible esta situación con las normas de la Unión Europea?

El curso político dio su pistoletazo de salida el pasado lunes cuando Yolanda Díaz, lideresa de Sumar y Vicepresidenta del Gobierno viajó hasta Bruselas para entrevistarse con Puigdemont, enfrentándose a las protestas de la derecha extrema y la extrema derecha. PP, VOX y seguro que también algunos políticos del PSOE siguen considerando a Puigdemont un prófugo, un delincuente que debía estar encerrado en el más andrajoso de los penales españoles.

Recuerdan a Jorge Fernández Díaz, un Ministro del Interior de Mariano Rajoy, ahora imputado por sus trapicheos y sus amistades peligrosas con las cloacas del Estado, este capitoste del PP presumía, desde su despacho ministerial, ante Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifraude catalana de sus poderes ante la Fiscalía.

Ha quemado todos los puentes y naves con sus últimas declaraciones contra el Estado español. Reclama un levantamiento y el enfrentamiento en las calles, plazas e instituciones. Su mensaje desde el “Consejo por la República” (¡Tu República no existe, imbécil!) apunta a que no se puede dedicar más tiempo a banalidades. Y es que ha sentado muy mal que The New York Times descubriera la trama de su entorno con exagentes y mafias rusas.

Los tres partidos independentistas catalanes revalidaron este jueves en las elecciones autonómicas del 21-D la mayoría absoluta que tenían en el Parlamento de Cataluña, al conseguir 34 escaños JxCat, 32 ERC y 4 la CUP. En total, suman 70 diputados frente a los 72 que tenían hasta ahora y quedan dos por encima de la mayoría absoluta.