La opinión que más escucho cuando oigo hablar de Donald Trump, incluso en boca de académicos o gente bien informada, es que está loco. Es cierto que su comportamiento, tan diferente al de quienes nos hemos acostumbrado a ver como dirigentes y líderes mundiales, induce a pensar así.

El presidente Trump ha revocado el permiso imperial para que Repsol exporte petróleo de Venezuela y ha anunciado que impedirá que invierta en aquel país alrededor de 1.590 millones en nuevos yacimientos. Inmediatamente, el gobierno de España, presidido por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el Partido Popular han salido en defensa de la empresa con un mismo argumento.

Dijo Montesquieu en El espíritu de las leyes que la corrupción de cada régimen político empieza casi siempre por la de los principios. No me gustaría que el gobierno que actualmente tiene España terminara hundido bajo el peso de los principios que parece se empeña en desmoronar, pero a veces me temo lo peor.

Los dirigentes europeos, con el eco de todos los grandes medios de comunicación y del poder financiero, se empeñan en decirnos que Europa debe multiplicar sus presupuestos para gastos militares como única forma de tener seguridad y autonomía y, además, que eso ha de hacerse reduciendo el Estado de Bienestar. A mi juicio, están completamente equivocados.

Pensemos en el salario mínimo de España en 2025: 9,26 euros por hora. Imaginemos una persona que hubiese vivido desde que existe nuestra especie, hace unos 250.000 años. Imaginemos que esa persona fuese inmortal y que, además, no hubiese hecho nada más que trabajar, sin dormir, ni descansar, durante las 24 horas del día de todos los años desde entonces.

Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la retirada de su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que poco después secundó el presidente de Argentina, Javier Milei. Esta medida tendrá efectos críticos en la salud global, en especial en los países más pobres, pero también en Estados Unidos y en Argentina, si no se revierte en los 12 meses que quedan para que se haga efectiva.

Hay bastantes y buenas razones para justificar que el salario mínimo y sus incrementos se declaren o incluso tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Desde un estricto punto de vista de técnica fiscal, cabría decir que no es bueno que un impuesto central y fundamental del sistema tributario, como el IRPF, se trocee a base de exenciones particulares. Una tara que padece el español y que, en lugar de corregirse, se ha ido ampliando a lo largo del tiempo.

Los medios de comunicación se han hecho eco del «temor de los expertos de Davos» sobre el crecimiento de la deuda pública, tal como titulaba literalmente una información publicada en la propia web del World Economic Forum. Sin embargo, la opinión de esos «expertos» es un engaño por dos razones.