Durante más de 30 años, los primeros de su existencia formal, la Unión Romaní se ha distinguido por ser impulsora de que los gitanos y las gitanas fueran los artífices de su propio destino y administradores de su libertad. Durante muchos años, casi toda la acción social dedicada a nuestro pueblo había estado en las manos de organizaciones religiosas.

Este país no puede ver manchado su nombre por el comportamiento irracional y asesino de unos policías ciegos de odio y de venganza. Es un gran país donde los diferentes grupos — Kaló, Rom y Sinti — han contribuido con eficacia a su desarrollo y puede presumir con orgullo de haber sido el primer país del mundo cuya principal autoridad ha sido ejercida por un gitano: Juscelino Kubitschek de Oliveira, un médico de origen muy humilde.

Confieso que nunca me hubiera imaginado que José Luis Ábalos o Iván Redondo pudieran quedar fuera, aunque la verdadera sorpresa la recibí cuando supe que Carmen Calvo también sería despojada de su cargo. De los dos primeros no tengo nada que decir. Sin embargo, que Carmen Calvo no siga ocupando el puesto de tan alta responsabilidad como el que tenía no alcanzo a entenderlo.

No hace falta haber estudiado Derecho para saber que estamos ante un asesinato en el que concurren, entre otras, las circunstancias de alevosía que contempla el artículo 139 del Código Penal. Si el agente tuviera que ser juzgado en España cabría añadirle a la acusación que su delito se vería agravado por haber actuado por motivos discriminatorios: raza, sexo, ideología, minusvalía, etc.

La Unión Romaní, pionera en España de las organizaciones genuinamente gitanas, jamás ha dicho que lo que defiende lo hace en nombre de los gitanos españoles, porque eso demostraría un afán de legitimación del que carecemos. Los gitanos y las gitanas de España nunca han tenido la oportunidad de votar democráticamente a sus representantes ante la sociedad.

Anoche me acosté muy tarde. Haciendo zapping en la televisión me tropecé con el anuncio de una película cuyo título despertó inmediatamente mi interés: “Cuestión de Justicia”. Y me enganchó. Me clavó al sofá durante las dos hora y media de duración haciéndome vibrar al experimentar la angustia y la emoción de los protagonistas de la historia basada en hechos reales. La película es reciente. Se estrenó el año pasado y ha merecido las mejores críticas.

Me atrevo a redactar estas líneas cuando parece que se han calmado los ánimos tras las pasadas elecciones madrileñas y cuando estamos a punto de entrar en un nuevo espacio de libertad tras haber dejado atrás el Estado de Alarma. Y mire usted por dónde me ha salido espontáneamente la palabra “libertad” que es el término al que pienso dedicar mi comentario.

La voz de alerta la ha dado Manuel Martínez Martínez, Doctor en historia y profesor de la Universidad de Almería, ciudad en la que nació en 1955. Permítanme decir al principio de este comentario, que cuando me desplacé a vivir a Barcelona, desde mi Puerto Real gaditano, con 22 años, mi conocimiento sobre la realidad gitana no iba más allá de la que yo vivía personalmente en el seno de mi familia.