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Isaías Lafuente

Visiones

Isaías Lafuente nació en Palencia en 1963. Es periodista, escritor y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Trabaja en la cadena SER como subdirector del programa 'Hoy por Hoy', que dirige Carlos Francino. Es analista en la tertulia política del programa de Ana Rosa Quintana (Tele 5) y en '59 segundos' (TVE). Es autor de tres libros: 'Tiempos de Hambre', 'Esclavos por la Patria' y 'Agrupémonos todas', por el que ha recibido el premio Meridiana que concede el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía. Antes de entrar en la Cadena SER trabajó en Radio Nacional y Radio Exterior. En los últimos años ha compatibilizado su trabajo con colaboraciones en programas de televisión como 'El martes que viene' (TVE) de Mercedes Milá e 'Iñaki los Jueves' (Autonómicas), dirigido por Iñaki Gabilondo. Ha escrito numerosos artículos y pronunciado conferencias. Como miembro de 'Hoy por Hoy' ha recibido los Premios Ondas -Nacional e Internacional- de radio.

Últimos textos publicados

Inviolable, irresponsable e ininvestigable

MADRID, 13 (OTR/PRESS) El Congreso no investigará finalmente a Juan Carlos I por el uso de tarjetas opacas tras su abdicación, entre 2016 y 2018. Los dos partidos coligados en el Gobierno han mantenido posturas opuestas: Podemos lo reclamó, el PSOE ha votado en contra en la Mesa del Congreso. Quede constancia de que tan legítimo es solicitar la investigación como oponerse a ella, otra cosa es analizar los argumentos con los que el PSOE ha sostenido esa decisión.

Afirman que entre las funciones del poder legislativo no está la de controlar a la jefatura del Estado, pero se da la circunstancia de que Juan Carlos ya no es jefe del Estado ni la comisión pretende investigar irregularidades durante su reinado, protegidas por una anacrónica inviolabilidad e irresponsabilidad, sino tras su abdicación. Esa es la razón por la que los letrados de la Cámara, que se opusieron a tramitar esta petición en

ocasiones anteriores por querer investigar asuntos que estarían protegidos por la inviolabilidad, han sido favorables a esta última iniciativa que acota el ámbito de investigación y que se ajusta a la potestad que Congreso y Senado tienen para constituir comisiones de investigación "sobre cualquier asunto de interés público", según marca la Constitución sin restricciones.

En los últimos días, la ministra de Defensa también ha manifestado que una investigación así va en contra de la monarquía "y en una democracia sólida y seria no es bueno que se cuestionen las instituciones. Un argumento endeble que confunde la actuación de los individuos con las instituciones que representan. Más bien, una democracia sólida y seria se protege investigando y juzgando a aquellos que más que servir a la

democracia se sirvieron rastreramente de ella. No hay mejor forma de defender las instituciones. Que la monarquía necesita una reforma es tan evidente que hasta el propio rey Felipe lo ha reconocido y verbalizado. Una reforma que la haga más transparente, que elimine protecciones

anacrónicas y que la someta a controles como los que tienen los otros poderes e instituciones del Estado. Y parece evidente que,

aunque la monarquía tenga una raíz familiar, no es la familia Borbón la que debe emprender o dirigir esa reforma, sino el parlamento, en donde se sientan quienes representan al pueblo español, que es en quien reside la soberanía nacional de la que emanan todos los poderes del Estado, según establece nuestra Constitución. Para que no parezca que la democracia es súbdita del rey cuando, en realidad, es el rey quien debe ser súbdito de

la democracia.

jueves, 14 de enero de 2021.

El síntoma

MADRID, 7 (OTR/PRESS) La presidencia del impresentable Donald Trump sólo podía acabar de manera impresentable. Las escenas del asalto al Capitolio por unas hordas azuzadas por el propio presidente brillarán con destello en los rincones más oscuros de la historia de una de las primeras democracias del planeta. Tras negar la victoria de su contrincante en noviembre, denunciar un fraude electoral que le habría arrebatado una victoria que sólo se produjo en sus sueños y promover decenas de procedimientos ante los tribunales que, uno tras otro, han sido tumbados por los tribunales, el aún presidente Trump intentó forzar al secretario de Estado de Georgia para que le encontrase los votos necesarios con los que lograr una victoria que nunca se produjo en las urnas.

Trump ha saltado todas las líneas rojas que delimitan una democracia homologable. Ha despreciado a sus rivales políticos, ha convertido la Casa Blanca en una factoría de mentiras, ha insultado a los periodistas y medios de comunicación que las desnudaban, ha dinamitado el multilateralismo y ha potenciado un rancio nacionalismo que ni siquiera reconoce por igual a todos sus nacionales. Nunca un sistema tuvo a su frente a un antisistema tan eficaz.

El optimista podría defender que una presidencia tan nefasta ha puesto a prueba de tal manera la capacidad de resistencia de la democracia que ha acabado fortaleciéndola. Y es verdad, porque pese a todos sus intentos, Trump ha perdido la presidencia y ha hecho que su partido no obtuviera mayorías ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado que pudieran servir de contrapeso al presidente Biden. Pero el pesimista también podría argüir que el problemático Trump no es el problema sino el síntoma de un problema. El de una democracia tan desgastada que fue capaz de permitir que ocupase la primera magistratura quien encarna descaradamente todos los males que otros aparentes demócratas disimulan: la mentira y la manipulación, la corrupción y el nepotismo, el deprecio a la ley y al adversario.

A pesar de lo sucedido ayer en Washington, Biden es ya presidente electo de Estados Unidos con todas las bendiciones previstas por la ley. Pero Trump seguirá aún en la Casa Blanca con sus plenos poderes durante trece días, un corto periodo que se nos antoja larguísimo. Y después de lo sucedido, está sobre la mesa la posibilidad de poner en marcha el procedimiento de inhabilitación que contempla la XXV Enmienda, para que este imprevisible individuo no agote su presidencia siendo presidente. Sería lo deseable, aunque quizás sea lo que también desee el propio Trump: acabar su mandato como un mártir para preparar un retorno futuro o para dejar un camino despejado para alguno de sus herederos.

viernes, 8 de enero de 2021.

El delito de quemar la bandera

MADRID, 16 (OTR/PRESS) El Tribunal Constitucional ha sentenciado que el mero hecho de incitar a quemar la bandera de España en una manifestación es un delito que no está amparado por la libertad de expresión. Lo hace en un fallo que niega el amparo a un sindicalista gallego que fue condenado por ultraje a los símbolos nacionales por haber pedido en una manifestación "prenderle fuego a la puta bandera" mientras era izada en el cuartel de la Armada en Ferrol (A Coruña).

Sólo conocemos el avance de la sentencia y habrá que leer sus fundamentos. Pero sorprende lo ajustado de la votación, seis votos contra cinco, y es llamativo que uno de los magistrados que ha votado en contra es el magistrado conservador Andrés Ollero, exdiputado del PP, ponente de un primer borrador rechazado que proponía absolver al sindicalista.

Esa sentencia propuesta por Ollero se basaba en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por haber vulnerado los derechos fundamentales de dos manifestantes independentistas al condenarlos por quemar fotos del rey Juan Carlos en 2007. España tuvo que indemnizar a los injustamente condenados.

Veremos en qué acaba todo si es que el asunto llega hasta Estrasburgo. Pero la fractura en el Tribunal Constitucional evidencia que la frontera entre la libertad de expresión y el respeto a los símbolos no sólo es finísima, sino variable. No sólo enfrenta a tribunales, sino a magistrados dentro de un mismo tribunal que leen de manera distinta la ley penal y el marco constitucional.

Hace veinte años, Estados Unidos, uno de los países en los que el respeto a la bandera y al himno está más interiorizado en la ciudadanía, se enfrentó a este mismo debate. Y también en una ajustada votación, cinco votos contra cuatro, y sin que los votantes se dividieran en función de su ideología, sentenció que la primera enmienda de su Constitución ampara sin matices la libertad de expresión en todas sus formas, que la bandera debe proteger incluso a quienes no la acatan o, directamente, la atacan, y que, en consecuencia, nadie puede ser condenado por prender fuego a una enseña nacional.

jueves, 17 de diciembre de 2020.

Volver a casa por Navidad

jueves, 10 de diciembre de 2020.

Militares que se pronuncian

jueves, 3 de diciembre de 2020.

Pandemia lingüística

jueves, 26 de noviembre de 2020.

Isaías Lafuente

jueves, 19 de noviembre de 2020.

Presupuestos

viernes, 13 de noviembre de 2020.

Un antisistema al frente del sistema.