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¿Cuál es el problema?

Federico Ferrando (Valencia)
Redacción
jueves, 6 de octubre de 2005, 02:13 h (CET)
Si nos centramos en la situación de la España actual, muchas personas se preguntan seriamente ¿cuál es el problema?. Después de declararse “nación” a Cataluña, que detrás vendrá el País Vasco (por supuesto, anexionando Navarra), el Ejército Español, a través de sus altos mandos, ha resaltado que su función es la de mantener la unidad del Estado.

El centralismo liberal proclamado en la Constitución del 78, junto con el “Estado de las Autonomías”, todas ellas controladas desde la Cámara Baja, o sea, desde Madrid, para otorgar diferentes competencias a las Comunidades españolas, no obedece a la formación de un Estado conforme al Derecho Natural e histórico de Las Españas. Éstas se formaron uniendo reinos a diferentes coronas hasta que fue una sola. Pero para llegar a la situación descrita fue preciso contar con todas las fuerzas sociales de aquella época. Imperaba la sociedad más que el Estado. El rey tenía por debajo de sí los límites que las leyes y de las Cortes, en las que estaban representadas los pilares de la sociedad, léase, el ejército, la Iglesia que aportaba templanza a la hora de elaborar las leyes, los gremios (hoy sindicatos), como elementos de la economía de los diferentes reinos, los caballeros jurados, letrados etc. Pero, también, el rey tenía por encima el límite de la Ley Natural de Dios, al que debía su condición, y si existía un pacto entre la sociedad y el rey para mantener la paz y el progreso, también se condicionaba la monarquía a los dictados de Dios para no contravenir sus mandamientos, siendo que de El derivaba toda legitimidad de origen y debía actuar para mantener su legitimidad de ejercicio.

De esta forma, el Estado se formaba en pirámide desde su base más ancha, la sociedad, hasta el rey, guinda de la tarta, institución más alta del Estado y puente entre él mismo y la sociedad.

El modelo de Estado actual es totalmente contrario al natural e histórico de Las Españas, en el cual, creado el poder ejecutivo que se sobrepone ante cualquier poder y dicta sus ordenanzas mediante “decretazos”, somete al Congreso de los Diputados a sus indicaciones y deja al Senado como mera institución testimonial. Absorbe toda legislación estatal y autonómica conforme a su entender, con lo que la sociedad española queda fuera de toda participación en el proceso legislativo español. Así, ni la Iglesia, ni las asociaciones familiares, ni las de padres de familia, ni sindicatos acallados con prebendas, ni tributos (que nunca pueden tener carácter expropiatorio, pero que se acerca a él, sobre todo lo que importa a la clase media española), ni Ejército, ni Universidades etc. participan más que para “meter el sobre en la urna” después de una batalla informativa alienante y antipersonal, pues anula el criterio propio de las personas.
Tras lo relatado, queda claro que el problema es el sistema político y estatal de lo que llaman la nación española, y que ha quedado demostrado que ha producido más inquietudes y quebraderos de cabeza a los españoles que la propia Batalla de los Tercios de Flandes.
En un sistema social como el Tradicionalista, que defendemos los carlistas, su base fundamental es la sociedad, de la que va partiendo toda necesidad vital para su desarrollo y progreso, manteniendo las costumbres legales de los sistemas jurídicos forales (que, ahora, precisamente, son los que reclaman Cataluña y País Vasco, e incluso Valencia), pero que no pueden elaborarse desde arriba, desde las autoridades ejecutivas, sino desde la base inamovible de la sociedad, con toda la participación de los actores y factores sociales que tenemos en estos momentos.
La Doctrina Carlista, en la que se atreven a apoyarse los nacionalismos imperialistas y los Centralistas liberales, socialistas, conservadores o conservaduros, ha estado en constante progreso de ideas sobre la forma de Estado basada en el Tradicionalismo carlista que se ha desarrollado a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, y que, mal interpretada, ha dado lugar a que vayamos a una dispersión de naciones liberales apoyadas para legitimarse ellas mismas, en el carlismo.

Rechazamos de todo punto estas componendas de los partidos nacionalistas separatistas, imperalistas, y los partidos centralistas liberales de Madrid.

Después de las propuestas de aprobación de los Estatutos de Valencia y Cataluña, mi preocupación es el Reino de Mallorca, el cual puede caer en los mismos errores que los anteriores. Por ello, hago una llamada a todo carlista de las Islas Baleares a que se oponga desde lo que nos permita el sistema, pero contra el sistema. Cualquiera de estos Tradicionalistas o Carlistas mallorquines, menorquines o ibicencos, para hacer que nuestra Doctrina sea aplicable en cada uno de los Reinos de las Españas, se pusiese en contacto conmigo a través de mi correo electrónico (federico.roda@terra.es) y, con ello, junto a las Juntas Carlistas de todas Las Españas, hacer entender a las personas que amamos esta nuestra piel de toro, que el problema es el sistema y no otro.

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