Alrededor de 700.000 inmigrantes en situación irregular perderán su tarjeta sanitaria a partir de mañana sábado, cuando entra en vigor el 'decretazo' que deja sin atención médica a todos los inmigrantes 'sin pepeles'.

Así lo afirmaron este viernes en rueda de prensa el vicepresidente de la asociación de Chilenos y Chilenas Violeta Parra, Víctor Sáez, y el portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), Gilberto Torres.

Según Sáez, a esta cifra habrá que añadir durante los próximos meses otras 153.978 personas, que al quedarse previsiblemente sin trabajo podrían entrar en situación irregular y perder su tarjeta sanitaria y el consiguiente derecho a la atención gratuita.

Por todo ello, un equipo jurídico de Ferine y otras asociaciones estudia llevar el decreto ley ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ginebra, anunció Torres.

Privar de atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular supone una “violación de uno de los derechos humanos más básicos, como es el de la protección de la salud”, afirmó, y recordó que con la aplicación de dicha medida, España contraviene diversos convenios internacionales firmados en esta línea.

El director de la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Integrando, Andrés Robles, subrayó a su vez que “sobre todo a los que venimos de países latinoamericanos, esto nos hace recordar el desmantelamiento de los derechos que sufrimos durante la década de los 90”.

“Mientras que a los bancos se los rescata, a las personas se nos penaliza por no tener trabajo”, afirmó, y destacó que esta reforma “supondrá una muerte lenta para miles de inmigrantes con enfermedades crónicas”.

La misma idea expresó Alla Didkovska, presidenta de la asociación Cumbre Eslava, quien relató el caso de una compañera enferma de cáncer y sin papeles que actualmente recibe tratamiento en Madrid, pero con la que “ahora no sabemos qué va a pasar”.

A su juicio, “además es falso que este decreto-Ley solo afecte a los inmigrantes sin papeles”, pues muchos servicios externos, como el transporte a hospitales en ambulancia, ya se ha visto recortado.

Torres vaticinó que “solo se conseguirá una saturación de las urgencias y mayor confrontación entre la población autóctona e inmigrante, pues se nos está culpando de una crisis que desde luego, no hemos provocado”, declaró.

A partir de ahora, Sanidad sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años, una cobertura de la que el departamento de Mato presume al ser "más amplia que la de la mayoría de los países europeos, y que la que reciben los españoles cuando viajan a terceros países".

En el caso de aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que también "seguirán siendo atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora".

Por todo ello, el portavoz de Ferine animó a “inmigrantes y autóctonos” a participar en las distintas manifestaciones y concentraciones que durante los próximos días pedirán la derogación del citado real decreto.

Estas comienzan hoy en Bilbao y mañana sábado se sucederán en Burgos, las Palmas, Valencia y Madrid (frente al hospital Gregorio Marañón).

"Además, el 13 de septiembre organizaremos una acampada junto al personal sanitario de toda la comunidad de Madrid frente al hospital de la Paz, de 10 de la mañana a diez de la noche”, concluyó Torres.