La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido este martes la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los 13 consejeros de su Gobierno, a los que cita a declarar como investigados para los próximos 2 y 3 de noviembre a las nueve de la mañana para fijar las medidas cautelares pertinentes contra ellos.
Además de las citaciones, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acuerda en su auto, tal y como pedía el Ministerio Público en la querella, fijar a los 14 querellados una fianza de 6.207.450 euros con apercibimiento de embargo si no la depositan en el plazo de tres días.
La magistrada ha ordenado también que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
La querella de la Fiscalía fue presentada ayer ante la Audiencia Nacional y llegó al Juzgado de Lamela porque precisamente era el que estaba de guardia esta semana. Así, la magistrada tenía dos opciones: o asumir ella la instrucción o enviar el escrito a reparto entre los diferentes juzgados del tribunal.
Finalmente, la jueza se declara competente para instruir el caso y decide incorporar esta investigación, como pieza separada, a la causa por sedición que ella misma dirigía y por la que envió a prisión provisional a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
La jueza opina que la querella del Ministerio Público expone de manera "seria, racional y lógica los motivos que le llevan a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación".