El Parlament ha declarado constituida este viernes la República catalana independiente y ha aprobado iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fija "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República".
La propuesta de resolución incluye la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el día 10 de octubre sin que llegara a entrar en vigor y que establece: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano", pero esta parte figura en la exposición de motivos de la resolución y por lo tanto no se ha votado.
La iniciativa, que se ha votado en urna y en secreto, ha tenido 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco entre los grupos que han participado en la votación (JxSí, CUP, SíQueEsPot y el diputado no adscrito Germà Gordó), mientras que PSC, PP y Cs han salido del hemiciclo en señal de protesta, y la portavoz de JxSí, Marta Rovira, había dicho poco antes en el pleno: "Hoy fundamos un nuevo país".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado hoy, a pie de carretera, el dispositivo especial de regulación, vigilancia y gestión de Tráfico para el verano 2025 en el que, dada la tendencia alcista de movimientos en los seis primeros meses del año, se prevé un récord de desplazamientos al superar los cien millones de movimientos de largo recorrido durante los dos meses estivales.
La gestión de residuos urbanos ha avanzado mucho en España desde hace una década, pero los puntos limpios se siguen usando mucho menos de lo que se debería. A pesar de la proliferación de estas instalaciones (más de 1.700 fijos y cerca de 190 móviles distribuidos por todo el territorio nacional), su uso sigue siendo marginal frente al contenedor convencional.
Europa ha vuelto a tirar de las orejas a España indicando hoy mismo que la indemnización por despido improcedente fijada en la legislación laboral vigente en nuestro país es insuficiente, no repara el daño causado, no es disuasorio para el empresario y vulnera el artículo 24.b de la Carta Social Europea en la que se señala que los trabajadores despedidos sin motivación válida deberían percibir una cantidad adecuada para resarcir el perjuicio ocasionado.
