Las palabras del Ministro Montoro en el Congreso sobre la posibilidad del impago de la nómina de funcionarios si no crece la recaudación han ocasionado la consiguiente alarma social, no sólo en el colectivo afectado, sino también en los “mercados” que han acusado recibo de inmediato a esa imprudencia de Montoro subiendo el diferencial de prima de riesgo a 570.

Tal hecho nos lleva a considerar que esas palabras no han sido acertadas, por imprudentes, dado que puede o no suceder tal hecho –aunque lo haya utilizado el ministro como recurso dialéctico en el parlamento-; pero también –como responsable del área de Hacienda y Administración Pública- tiene la especial responsabilidad de que tal eventualidad no suceda, pues detectada la probabilidad tiene en su mano mecanismos políticos y de gobierno que hagan virar el “barco nacional” para evitar esa situación.

Así las cosas, reconocida que la deuda española es grande, será el gobierno el que tenga que hacer sus cálculos para hacer frente mediante un plan económico-hacendístico nacional y hacer un auténtico ajuste sobre nuestra economía, en vez de hacer los socorridos e injustos recortes sectoriales que cargan los gastos de la crisis sobre la clase media y trabajadora española, con especial incidencia sobre el funcionariado; antes de hacer un auténtico ajuste institucional del Estado Autonómico y Local.

Por consiguiente, si la crisis ha traído consigo una caída de la actividad económica, habrá que hacer un reajuste a escala de la economía española para favorecer su productividad, lo que conlleva el referido ajuste del sector público, para conseguir su viabilidad a las nuevas posibilidades de la economía. No pareciéndonos justo, ni ético, sin embargo,  que el ajuste sea sesgado, y que resulte finalmente sometido a almoneda de los intereses de una clase política que lucha por no perder el statu quo que ha conseguido en el “Estado de las Autonomías” estos treinta años últimos.

Sería necesario, por tanto, planificar un ajuste que redimensione las Administraciones Públicas y el Sector Público en España, lo cual pasaría por una reconsideración del “Estado del Bienestar” hasta lo económicamente asumible, y de igual forma que se han reestructurado sectores –incluso en el sector público, como el caso del ejército hace unos años-, generar un plan de reajuste con prejubilaciones para funcionarios, que contemple los derechos adquiridos por los mismos y el reconocimiento al servicio prestado con la reducción del sector. Teniendo en cuenta, a su vez, que si en Alemania –con el doble de población que la española- tiene 150.000 políticos; España no debería mantener 445.000 políticos, con su “corte de arrimados” que también generan un considerable gasto imputado al ámbito funcionarial sin que lo sean.

Por consiguiente, las palabras de Montoro –aun cuando tuvieran atisbo de verdad- resultan impertinentes, tanto para el interior del país –pues suenan a vulgar demagogia, impropia de su nivel-, como en el exterior del país –alarmando a los acreedores de España con el consiguiente reflejo en la subida de prima de riesgo-.

O acaso, ¿el planteamiento es el de acabar “tirando la toalla” para que nos intervenga la UE y  hagan los recortes según los intereses de los acreedores?.

A este Gobierno le ha faltado diálogo, decisión, altura de miras y visión de Estado. Si como parece, empieza a dar síntomas de agotamiento, parecería razonable empezar a plantear un gobierno de concentración nacional –dada la gravedad de la situación- que sea capaz de pactar con los distintos sectores del Estado el reparto de cargas de la crisis, y confeccione un plan de reestructuración institucional del Estado, con reasunción de competencias autonómicas por parte del Estado, y las subsiguientes consecuencias que hagan de España un Estado más ágil, eficaz, dinámico y ajustado a la realidad económico-social actual del país. Algo que este Gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, no parece dispuesto a hacer de forma eficiente, amplia y justa.