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UPyD ha presentado varias enmiendas a la reforma de la Ley de Financiación de Partidos propuesta por el Gobierno, en las que pide, entre otras cosas, penas de prisión para los contables que falseen las cuentas o que hagan un uso distinto del previsto en la legislación.

Son un total de 18 enmiendas con las que UPyD pretende dotar de mayor transparencia la financiación de los partidos. Propone, por ejemplo, que los administradores o quienes tengan encomendada la contabilidad, y falseen cuentas mediante cualquier artificio, sean castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Quienes se apropien o distraigan fondos para fines distintos de los contemplados en la ley, dice otra enmienda, serán sancionados con penas de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses si lo detraído no supera los 50.000 euros, y de dos a seis años y multa de doce a veinticuatro meses en caso contrario.

Quiere, además, que los partidos no puedan recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas o de sus empresas vinculadas o pertenecientes al mismo grupo de sociedades, que mediante contrato vigente presten servicios o realicen obras para las administraciones, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público.

Las empresas que hayan realizado donaciones a partidos políticos, propone en otra enmienda, no podrán concurrir a licitaciones públicas durante un periodo de cuatro años posterior a las mismas, y esa misma limitación se aplicará a las empresas vinculadas o pertenecientes al mismo grupo de sociedades.

UPyD sugiere también limitar a 100.000 euros anuales las donaciones en especie de bienes inmuebles y las condonaciones de deuda por parte de las entidades de crédito, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta tanto el principal de la deuda como los intereses pactados, "así como cualquier otra liberalidad derivada de la renegociación de las deudas pendientes entre partidos políticos y entidades financieras".

En esa línea, propone "eliminar" las condonaciones de deuda que estén exentas de límites concretos y carezcan de transparencia, por entender que son el verdadero "agujero negro" de la financiación de partidos.

La formación quiere que todas las donaciones superiores a 50.000 euros sean objeto de notificación inmediata al Tribunal de Cuentas.

También, que la contabilidad de los partidos incluya una memoria con la relación de subvenciones públicas y donaciones privadas, pecuniarias y en especie de bienes inmuebles, muebles, bienes o derechos, recibidas de personas físicas o jurídicas, con referencia concreta en cada una de ellas de los elementos que permitan identificar al donante y señalar el importe del capital recibido o su valoración económica.

Esa memoria deberá incluir, prosigue UPyD, las condiciones contractuales de los créditos o préstamos de cualquier clase que mantenga el partido con las entidades de crédito, identificando la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés, el plazo de amortización, la deuda pendiente al cierre de ejercicio, y cualquier condonación o renegociación de la deuda.

Las cuentas formalizadas y auditadas se enviarán al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente, y serán publicadas para conocimiento de los ciudadanos.

UPyD quiere incluir en la ley la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas imponga sanciones pecuniarias al partido infractor, e impedir que las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos puedan admitir donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las administraciones.

Además, quiere excluir como materia subvencionable el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas, y de propaganda y publicidad electoral.
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