La efigie de las entidades bancarias ha sufrido una devaluación debido a las arriesgadas operaciones especulativas que practicaron y que tuvieron un efecto pernicioso para gran parte de sus persuadidos clientes y para el conjunto de la economía global.

La reforma financiera presentada por el Gobierno y ratificada en el Congreso con el apoyo de 303 diputados, provenientes del PP, PSOE, CiU y la abstención de PNV, ha vislumbrado el ingente stock inmobiliario que posee la banca. Los analistas prevén que no será fácil que las entidades puedan deshacerse de dichos activos.

En esta línea, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, presentó hace unas semanas una medida que el anterior gobierno socialista no se atrevió a plantear acusado por las fuertes presiones financieras que soportaba.

El Gobierno, avalado por las élites económicas de nuestro país, que califican como “esperanzadoras” las reformas emprendidas por los conservadores en materia presupuestaria, ha decido ensalzar una medida que pretende apoyar tanto a los bancos como a las familias hipotecadas  que no pueden hacer frente al vencimiento de su deuda.

La medida, puesta en marcha por el Ejecutivo, tiene el objetivo de paliar el problema de los desahucios en familias en riesgo de exclusión social. Según el Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), las entidades financieras podrán comunicar su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

El Código incluye medidas destinadas a familias con una única vivienda, todos sus miembros en paro y sin rentas del trabajo.

Antes de que se haya iniciado la ejecución de la propiedad, los hipotecados podrán pedir a su banco una carencia de cuatro años en los que sólo pagarán intereses, la ampliación de la hipoteca a 40 años y la reducción del interés aplicable a Euríbor más 0,25 puntos.

Si a pesar de la refinanciación, la familia es incapaz de pagar su hipoteca porque con ella se van más del 60% de sus ingresos, podrá solicitar una quita en la deuda pendiente.

Las primeras dos grandes entidades financieras que han anunciado su adhesión al Código de Buenas Prácticas proyectado por la Administración central son el Banco Santander y CataluyaCaixa, el banco perteneciente a la caja catalana, La Caixa.

La aceptación del Código se mantiene dentro de una libre elección, pero con penalización judicial para aquellas cajas y bancas que incumplan el código expuesto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez que sea aceptado.

El grupo que preside Emilio Botín ha remitido un comunicado en el que explica que mantendrá la medida de moratoria hipotecaria que anunció el pasado verano. Defienden que esa política ha permitido dar soluciones a 9820 familias con hipotecas.

Por su parte, CataluyaCaixa ha comunicado que ofrecerá a sus clientes hipotecados un alquiler social de dos años tras la dación en pago. La única condición es que los clientes deben demostrar que se encuentran en una situación límite.

Otras entidades de menor calibre también han decidido sumarse a la iniciativa del gobierno en materia de desahucios que no acaba de convencer a la plataforma Stop a los desahucios que la considera “insuficiente”.

Ayer lo anunció Ruralcaja, la matriz de la red de 15 cajas rurales españolas, y anteriormente lo había hecho Cajamar, vinculada a estas. El resto de bancos y cajas del sector todavía no se han pronunciado.

Según los datos del Gobierno, desde que empezó la crisis ha habido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias en España y en estos momentos existe un millón y medio de familias con todos sus miembros en paro