Las comunidades cuyas instituciones no están controladas por el partido político que dirige el ejecutivo central, el Partido Popular, se han levantado en armas contra la inexorable postura manifestado por diferentes miembros del gobierno en relación a los objetivos de déficit.

Cristóbal Montoro retó ayer a las comunidades al manifestar que “no las conviene pedir flexibilidad”. Este argumento choca con la actitud presentada por Mariano Rajoy en Bruselas al notificar que España perseguirá una cifra de déficit en torno al 5,8%.

La flexibilidad que se ha adjudicado el Gobierno, con la finalidad de diseñar unos presupuestos menos ambiciosos, no se permitirá a las comunidades que deberán hacer ingentes esfuerzos para conseguir la cifra pactada: 1,5%.

Comunidades como Castilla-La Mancha presentan un déficit público cercano al 7% lo que les obligará a realizar una reducción del gasto social de más de 5,5 puntos porcentuales en las cuentas territoriales.

El secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha señalado hoy, en el Encuentro Financiero Internacional organizado por Bankia, la intención del Estado de no permitir que las CCAA puedan acceder a una flexibilización en sus objetivos de déficit.

A falta de unas horas para celebrarse el Consejo de Política fiscal y financiera el Ejecutivo manda una advertencia clara a las autonomías: no se negociará una rebaja sobre los números en la desviación del déficit público.

En este encuentro, se espera que los consejero de Economía de las comunidades más beligerantes con los intereses mostrados por el Gobierno central, argumenten peculiaridades financieras en cada territorio con el objetivo de encontrar una cifra consensuada en términos fiscales. El secretario ha dejado caer que si las comunidades no cumplen con lo estipulado se verán expuestas a posibles “sanciones”.

El secretario ha comenzado su ponencia reconociendo que “el esfuerzo que resta es de enorme magnitud”. Con estas palabras quiso hacer referencia a los próximos Presupuestos Generales que se espera mantengan una senda dura de ajuste fiscal.

En sintonía con lo esgrimido, Beteta ha definido la “movilización de recursos” como la clave para conseguir la recuperación en nuestro país.

Pago a proveedores

Antonio Beteta ha señalado que el mecanismo de financiación destinado al pago de obligaciones  pendientes a proveedores constituye un gran desafío debido a su enorme complejidad.

El flamante mecanismo  tiene como objetivo reparar la desmesurada deuda local y autonómica con sus proveedores. Contará con un montante total que rondará los 35.000 millones de euros. Este capital se entregará a aquellos consistorios que hayan realizado de manera previa un estudio detallado sobre la cuantía total de facturas pendientes de cobro.

El procedimiento cuenta con un riguroso calendario de aplicación diseñado por el Ministerio y  hecho público  por el secretario durante esta mañana.

En el transcurso de este mes los ayuntamientos deberán comenzar a diseñar y presentar un documento donde se detallen las obligaciones contraídas hasta 2011 con proveedores y cuyo cobro todavía no se haya hecho efectivo.

En abril, el Ministerio de Hacienda analizará y discutirá los estudios presentados, mientras que en mayo, una vez que el organismo público dé el visto bueno, se efectuará el desvió de los fondos acordados con las administraciones locales y en menor medidas, con las autonómicas.

Sin embargo, esta inyección de liquidez tendrá un coste. El préstamo del Ejecutivo estará condicionado a una serie de medidas de ajuste que serán reguladas y valoradas por la Administración central. Esto último, abre la puerta a una posible perdida de autonomía en los consistorios a la hora de gestionar sus competencias.

Los ayuntamientos que perciban el préstamo estatal deberán devolverlo en un plazo de 10 años con unos planes de viabilidad de 24 meses.

En la  misma línea, Antonio Beteta manda un mensaje de tranquilidad a los mercados: “para garantizar el repago al Estado, se establecerá como garantía de los tributos un seguimiento mensual de la actividad financiera de todos los entes públicos a escala local y autonómica”

En relación con las Pymes, el dirigente conservador ha manifestado la intención del gobierno por simplificar “el marasmo burocrático para crear empresas”. España es el país de la Unión Europea donde los empresarios encuentran mayores dificultades institucionales para crear y asentar empresas.

Luchar contra el déficit

Por último, Beteta destacó que la caída de los ingresos y el sostenimiento  del Estado de Bienestar requieren la modernización y simplificación de  las estructuras  de la Administración para seguir prestando servicios de  calidad los servicios públicos que demandan los ciudadanos.

El secretario señaló la sobredimensión de las administraciones públicas como uno de los factores clave en el aumento del cómputo deficitario. Por ello, el gobierno pretende establecer un proceso de reformas de los diversos entes públicos con el propósito de simplificar la administración y “seguir prestando servicios”.

El Ministerio de Hacienda ha emprendido una reducción del 18,2% en el número de altos cargos en las administraciones. Además, se ha puesto coto a los sueldos de los directivos de las empresas públicas. Sin embargo, estas recientes medidas tienen una única función, como exponía el secretario, que es la de la “imagen”.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal  Montoro, presidirá hoy, 6 de marzo, a las 16,30 horas,  la  reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.