El mecanismo financiero que el Gobierno creará para que las CCAA y las entidades locales hagan frente a las deudas con los proveedores contará con 35.000 millones de euros.
Se tratará de un crédito sindicado que las administraciones deberán devolver en el plazo de 10 años. Tendrá una carencia de dos, por lo que no deberán empezar a devolverlo hasta 2014.
Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, señaló que el interés del préstamo estará en el entorno del 5%. Se fijará a partir del interés de las emisiones del Tesoro a 5 años más 115 puntos básicos.
Detalló también que los bancos otorgarán un préstamo de cinco años que será refinanciado en los otros cinco por el Tesoro.
“Es la operación financiera más importante realizada en España desde el punto de vista financiero y económico, porque se inyecta liquidez en un momento en el que las pymes sufren un doble estrangulamiento: por la situación crediticia y el no pago de las administraciones territoriales”, destacó.
El Gobierno trasladará los detalles del mecanismo a las CCAA el próximo martes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a los ayuntamientos el miércoles.
Según Sáenz de Santamaría, dicho mecanismo afronta “uno de los principales problemas que tiene la economía española que es la morosidad, que se ha llevado por delante muchas empresas y puestos de trabajo”.
Asimismo, afirmó que el Ejecutivo quiere trasladar el mensaje de que, “a partir de ahora se tienen que pagar puntualmente las obligaciones”.
El Ejecutivo anunció ya la pasada semana que este mecanismo de financiación fijará como criterios para la prioridad de cobro el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago, que la deuda haya sido denunciada ante los tribunales o la antigüedad de la factura.
Todos aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante su presentación en las principales entidades de crédito.
La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas es que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.
A la espera de conocer los detalles en el caso de las CCAA, se sabe ya que con el propósito de conocer la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores, las entidades locales deberán emitir telemáticamente y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 15 de marzo, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago.
Una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pago, la corporación local elaborará un plan de ajuste que deberá aprobarse antes del 31 de marzo y que tendrá que ser aplicado en el periodo de amortización de 10 años previsto para la operación, siendo remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que realizará una valoración en un plazo de treinta días naturales.
El Ministerio de Hacienda podrá retener los tributos para pagar las deudas de los ayuntamientos con proveedores a aquellos consistorios que no presenten un plan de ajuste que les permita acceder al mecanismo de financiación o a aquellos que, tras recibir el visto bueno del Gobierno, no cumplan lo recogido en dicho plan de viabilidad.
Además, la operación de endeudamiento puede conllevar la cesión al Estado de los derechos de la entidad local en cuanto a su participación en los tributos del Estado en la cantidad necesaria para hacer frente a la amortización de dichas obligaciones de pago.
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BBVA, que tiene un 75% de Distrito Castellana Norte, dio por concluidas por el momento las negociaciones preliminares que mantenía con Merlin Properties sobre determinados activos relacionados con el proyecto sin que se hubiera alcanzado ningún acuerdo
