Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que se trata de poner "orden" y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.

Junto con ello, adelantó una modificación "temporal y puntual" de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores. En este punto, recordó que la legislación actual no permite que la Administración Central pueda aportar garantías a operaciones de esta naturaleza.

Una vez se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.

En cualquier caso, dijo que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudiará en un "plazo breve" y con "agilidad" dicho instrumento financiero, y que se hará de tal manera que no suponga "mucha complicación" para las pymes y autónomos con deudas pendientes de pago y con "el menor impacto económico" en las cuentas públicas.

"Es una medida que está pensada para la muy delicada situación de las pymes y autónomos que se ven en condiciones muy difíciles por la morosidad de las administraciones públicas", subrayó la vicepresidenta, tras afirmar que el Gobierno pretende clarificar esta situación "de una vez por todas".

En cuanto al instrumento financiero para facilitar el pago de las deudas con proveedores por parte de las comunidades autónomas, la vicepresidenta se limitó a indicar que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se analizará con los gobiernos autonómicos.