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Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta
indicó que se trata de poner "orden" y de conocer la cuantía de la deuda
por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a
un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso
previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y
autónomos el cobro de dichas deudas.
Junto con ello, adelantó una modificación "temporal y puntual"
de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado
para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores. En este
punto, recordó que la legislación actual no permite que la
Administración Central pueda aportar garantías a operaciones de esta
naturaleza.
Una vez se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se
establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer
frente a estos pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra
que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las
administraciones públicas.
En cualquier caso, dijo que la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos estudiará en un "plazo breve" y con "agilidad" dicho
instrumento financiero, y que se hará de tal manera que no suponga
"mucha complicación" para las pymes y autónomos con deudas pendientes de
pago y con "el menor impacto económico" en las cuentas públicas.
"Es una medida que está pensada para la muy delicada situación
de las pymes y autónomos que se ven en condiciones muy difíciles por la
morosidad de las administraciones públicas", subrayó la vicepresidenta,
tras afirmar que el Gobierno pretende clarificar esta situación "de una
vez por todas".
En cuanto al instrumento financiero para facilitar el pago de
las deudas con proveedores por parte de las comunidades autónomas, la
vicepresidenta se limitó a indicar que en el próximo Consejo de Política
Fiscal y Financiera se analizará con los gobiernos autonómicos.
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