Es obvio que estamos pasando por tiempos turbulentos y, es cierto también, que una gran parte de lo que nos sucede a los españoles nos lo hemos ganado a pulso, creyéndonos que éramos más listos que los demás, que estábamos por encima del resto de europeos y que nuestra economía era inmune ante los avatares financieros y económicos del resto del mundo.

El mismo señor Rodríguez Zapatero se vanagloriaba de ello ante los americanos, presumiendo de la solidez de nuestra economía y del nivel de coste de vida de los españoles. No obstante, el tiempo de las humillaciones ha llamado a nuestra puerta y lo que eran alardes de socialismo regenerativo, de promesas de grandes mejoras sociales y de erradicación de la lacra del desempleo; no ha quedado reducido más que a casi 5 millones de parados, una economía en continua fluctuación y unas finanzas que han requerido de una reestructuración a fondo y de serias medidas de fuerza para recapitalizarla, con un alto coste para nuestra tesorería y la necesidad de aumentar nuestro endeudamiento, para evitar la quiebra de no pocas entidades de crédito gravemente afectadas por los efectos de la crisis inmobiliaria.

Pero no sólo estamos tocando fondo en lo económico, también nuestras instituciones políticas y judiciales vienen dando muestras de un grave deterioro en cuanto a su funcionamiento, a su ética y a su independencia; de modo que el prestigio de muchas de ellas ha venido disminuyendo a medida que han transcurrido los años en los que el PSOE del señor ZP y su Ejecutivo, han acaparado el poder en nuestra nación. Nadie reconocería en los integrantes actuales del TC, en los actuales miembros de la carrera fiscal y quienes los dirigen y en los mismos componentes del Consejo General del Poder Judicial; a aquellos respetados, prestigiosos y anónimos miembros de la carrera judicial, de las magistraturas y de los altos tribunales de la nación, que trabajaban en el anonimato, sin que casi nadie conociera sus nombres y siempre al servicio de la Justicia, manteniendo la distancia con el resto de instituciones nacionales, como el Ejecutivo y el Legislativo; lo cual garantizaba que las resoluciones judiciales no estuvieran influenciadas ni por el Gobierno ni, evidentemente, por el Parlamento de la nación.

Hoy, por el contrario, parece que existe una justicia para los poderosos o influyentes y otra para los ciudadanos de a pie. Existen unos fiscales que actúan de forma distinta según que los presuntos imputados pertenezcan a una ideología u otra, sin que, al parecer, se sientan obligados a disimular su falta de ecuanimidad sabiéndose protegidos por el Gobierno que siempre sabe pagarles su fidelidad. Vean el caso flagrante del juez, hoy magistrado del Supremo, señor Gómez Bermúdez que fue quien se hizo cargo del juicio del 11M, una empresa que parecía que iniciaba con buen pie pero, a medida que transcurría el proceso se fue dejando influir por aquellos que preferían darle un carpetazo rápido a una trama que, cada vez, se complicaba más y acabó cerrando en falso el juicio mediante una sentencia en la que se condenó a unos infelices mandados pero quedó sin dilucidarse quienes fueron los autores de los hechos y el por qué muchas de las pruebas habían desaparecido o por qué no se averiguó cuál había sido el arma que se empleo para aquella masacre.

Hoy vemos, consternados, como criminales de ETA, con varios asesinatos sobre su conciencia se pasean por las calles ante sus propias víctimas; hoy tenemos una justicia que, no se sabe por qué, permite que señores con numerosos juicios graves pendientes de resolución, como el caso del antiguo alcalde de Marbella, el señor Julián Muñoz, aparecen por las televisiones, acuden a promocionarse en tertulias y siguen gozando de libertad para moverse por España, cuando se le vienen imputando multitud de delitos de fraude, de malversación de caudales públicos, de blanqueo de dinero y de estafa. Hoy se ponen palos en la rueda de la Justicia por los propios fiscales, a temas tan trascendentales como el de un chivatazo a etarras para que huyeran de una razia de la policía cometido, presuntamente, por mandos muy importantes de las fuerzas del orden; sólo para evitar que las investigaciones de un juez, el juez Ruz, pudieran poner en un atolladero al señor Rubalcaba, sólo para impedir que le pudiera dañar políticamente en su carrera hacia la Moncloa.

Cuando, después de un juicio que ¡horrorícense ustedes¡, ha durado 12 años, se dicta, finalmente, sentencia por la Audiencia de Barcelona contra el constructor señor Nuñez y su hijo, por unos delitos cometidos contra la Hacienda pública ( 6 años de condena), por estar implicados en el tema grandes capitostes de la Hacienda catalana y por ser el señor Nuñez miembro de una familia muy conocida y pudiente de la ciudad Condal, se sale el tribunal por la tangente evitando que, ninguno de los condenados, ingrese en prisión sólo porque han recurrido ante el tribunal superior. ¿Se imaginan lo que hubiera sucedido si el condenado hubiera sido un simple empleado que hubiera robado 1000 euros de la caja de una empresa? No lo duden, a las 24 horas hubiera dado con sus huesos en una celda de la Modelo. Pero no, como sucedió con el señor Millet, un señor que defraudó millones de la institución( el Palau de la Músique), en la que hacía lo que quería y por si faltaba algo, subvencionó las bodas de sus hijas a cargo de los caudales de la entidad; pues bien ¡ hételo aquí, tan campante, como si nada hubiera ocurrido!

Y es que, en este país, nada más van a la cárcel aquellos que le resultan incómodos la Gobierno o aquellos infelices que no tienen donde caerse muertos en los que, sin embargo, la ley se ceba con saña, convirtiéndoles en carne de horca. Vimos el caso del famoso Farruqito que mató a una persona atropellándola cuando conducía, imprudentemente, a toda velocidad y sin tener el carné, un añito en la cárcel y ya lo tenemos fuera, sólo porque era un bailarín famoso y de él dependía toda su familia (es de suponer que ninguno de ellos trabajaba). La señora Pantoja, acusada de blanqueo de dinero y de ocultación de patrimonio, se la viene juzgando, pero ella sigue tan tranquila ganándose la vida en los teatros. ¿Porque son famosos?, ¿porque tienen dinero?, ¿porque la gente de la calle les perdona lo que, por ser ellos, se les debe pasar por alto? Nadie se llame a engaño, la administración de Justicia, en España, está bajo mínimos, llena de jueces que sólo aspiran a brillar más que los otros, como el caso del juez Garzón o de otros muy sensibles a las presiones políticas, como don Pascual Salas o de fiscales designados por el Gobierno que se ven obligados a agradecerle el favor, como el señor Conde Pumpido. Así está considerada, hoy en día, por la ciudadanía que la sitúa en uno de los primeros lugares en cuanto la preocupaciones más comunes.

Pero ahora empieza otro culebrón de famoso. El señor Ortega Cano mató a una persona conduciendo, al parecer, a excesiva velocidad. Toda la prensa salió lamentándose unánimemente por el estado grave el diestro pero ¿del muerto quién se ocupó? Nadie. El señor Ortega se viene recuperando, en todo menos en lo concerniente a su memoria, porque ahora, en una radio, ha jurado y perjurado que conducía sobrio. ¿No sabe que existe un análisis de sangre en el que triplica la dosis permitida?, o es que su solícita familia, que tanto lo ha cuidado, ¿no le ha dicho todavía nada? ¿Volverá a repetirse lo de las otras celebridades, que siempre salen indemnes de los procesos judiciales? Miren, me temo que sí. O esta es mi opinión como ciudadanos de a pie.