WASHINGTON - Si liderazgo es la capacidad de llevar a la gente donde necesita ir -- se dé o no cuenta o quiera -- entonces no hemos visto liderazgo prácticamente durante estas semanas de debate frustrante y exasperante en torno a los presupuestos y el techo de la deuda. Se ha llegado a un consenso tácito entre el Presidente Obama, los congresistas Demócratas y los Republicanos de no debatir la cuestión central subyacente al enfrentamiento. Hemos oído hablar mucho del "compromiso" o de su ausencia. Hemos visto presupuestos rivales con dosis diferentes de recortes del gasto público y subidas tributarias. Pero casi no hemos oído hablar del principal problema que hace tan inabordables los presupuestos.

Los ancianos, idiota.
Es evidente a estas alturas que nos hace falta volver a redactar el contrato social que, durante la última mitad de siglo, ha transformado el principal deber del estado federal en la transferencia de la renta de los trabajadores a los jubilados. En 1960, la defensa nacional era la principal labor del estado; representaba el 52% del gasto federal. En 2011 -- incluso con dos conflictos -- representa el 20% y bajando. Mientras tanto, la seguridad social, el programa Medicare de los ancianos, el programa Medicaid de los pobres y el resto de programas de los jubilados vienen a representar la mitad del gasto federal principal.

Estas transferencias han llegado a ser tan considerables que, a menos que se controlen, van a sabotear el futuro de América. Los datos son conocidos: hacia el año 2035 la población de más de 65 años prácticamente se habrá duplicado; el gasto sanitario seguirá desbocado; la combinación amplía de manera automática el gasto federal (como porcentaje de la economía) alrededor de un tercio con respecto a niveles de 2005. Esta marea de gasto se traduce en alguna medida de lo siguiente: (a) impuestos mucho más elevados; (b) el desmantelamiento de otros servicios públicos, del Servicio Meteorológico a la investigación médica; (c) desarme parcial y peligroso; (d) déficit considerable e inestable.

Los ancianos estadounidenses no tienen intención de arruinar a América, pero como colectivo, eso es lo que están a punto de hacer. De media, el gobierno federal financia a cada estadounidense de más de 65 años con alrededor de 26.000 dólares anuales (alrededor de 14.000 a través de la seguridad social y 12.000 a través del programa Medicare). A los 65 años, el estadounidense medio vivirá casi otros 20 años. ¿Deberían comenzar más tarde estas considerables subvenciones anuales o ser menos cuantiosas en el caso de algunos? Es difícil debatir de manera realista los presupuestos si se ignora voluntariamente el grueso de lo que hacen los presupuestos.

Ése ha sido nuestro rumbo. Obama se hace pasar por el tipo valiente que se atreve a mentar "la reforma de las pensiones" con colegas Demócratas. Lo que no ha hecho es plantear -- en un lenguaje que sea llano e inteligible para la gente de a pie -- si muchos ancianos en buen estado de salud y razonablemente bien situados merecen o no todas las subvenciones que perciben. Eso sería liderazgo. Obama no está mostrando ninguno. Pero la huida del tema es bipartidista. Los activistas del movimiento de protesta fiscal tea party deploran de forma generalizada el gasto público sin reconocer que la mayor parte de él se destina a la popular seguridad social y el programa Medicare de los ancianos.

Llevo años escribiendo acerca de estas cuestiones. Pero los hechos no constituyen rival para el interés de unos 50 millones de afiliados a la seguridad social y el Medicare ni para la simpatía natural hacia los ancianos y las personas que esperan con impaciencia a la jubilación. La opinión pública pasa a ser contradictoria. Mientras el 70% de los encuestados en un sondeo Pew consideraba "un problema importante" el déficit presupuestario, el 64% rechaza que los afiliados al Medicare paguen primas más elevadas y el 58% es contrario a subidas paulatinas de la edad de jubilación por la seguridad social.

Lo que sostiene estas contradicciones es la creencia mitológica de que, una vez que la gente cumple los 65, pasa a ser pobre en su mayoría. Esto justifica el dogma político entre los Demócratas que se resisten a recortes en la seguridad social y el Medicare incluso de un solo dólar.

Pero la premisa es incorrecta. Vale, hay ancianos que viven con lo justo; muchos más viven de forma cómoda y los hay acomodados. El colectivo Kaiser Family Foundation informa lo siguiente de los afiliados al Medicare durante 2010: el 25% disponía de ahorros y cuentas para la jubilación por una media de 207.000 dólares o más; entre los propietarios del domicilio (las cuatro quintas partes en el caso de los mayores de 65 años), el valor de su patrimonio es de unos 132.000 dólares de media; el 25% tenía ingresos superiores a los 47.000 dólares (en el caso de los individuos, en el de los matrimonios podría ser superior).

La pregunta presupuestaria esencial es en qué medida vamos a permitir que el gasto federal en la tercera edad desplace al resto de prioridades nacionales. Todo lo demás es accesorio. Y aún así, nuestros "líderes" no debaten esta cuestión con franqueza ni inteligencia. Tenemos una generación de políticos acobardada y controlada por el lobby AARP de los ancianos. Hemos de plantear cuántos programas actuales constituyen una "red social de seguridad" genuina para proteger al vulnerable (cosa que es bueno) y cuántos subvencionan simplemente los caprichos particulares de los jubilados.

Nuestros políticos hacen voto negligente de reformar las pensiones y consideran que han cumplido su deber, incluso si no cambia nada. Hemos de reconocer que los programas federales de los jubilados representan a menudo ayuda social a la clase media. Los impuestos anteriores nunca "se ahorraron" para financiar futuras pensiones. Hemos de plantear las preguntas delicadas: ¿quién merece ayuda y quién no? Dado que la seguridad social y el programa Medicare están tan interrelacionados dentro de nuestro tejido social, alterarlos nunca podría ser fácil. Pero el hecho de que hayamos evitado las decisiones durante tanto tiempo constituye el motivo de que la presente parálisis presupuestaria haya sido tan tortuosa y de que, si prolongamos nuestra evasión, haya más.