Para el españolito de a pie le resulta casi imposible el comprender que, aquellas entidades donde depositaba sus ahorros, aquellas en las que los padres probos hacían que sus hijos abrieran una cuenta para depositar sus pequeños tesoros depositados, moneda a moneda, en sus alcancías (no sin una cierta resistencia de sus poseedores que pensaban en aquello de “pájaro en mano…”) y en aquellas en las que habían confiado siempre ciegamente, en base al convencimiento de que era imposible que sufrieran un percance ya que, en ellas, estaban representados los garantes oficiales que formaban parte de sus consejos de administración, que eran los encargados institucionales de velar porque aquellas entidades crediticias cumplieran con su función de ayudar a los pequeños comerciantes, a las familias o a aquellos parias de la sociedad, carentes de medios para subsistir, para que tuvieran dónde que dirigirse para ser socorridos.

Y vean ustedes que, muy probablemente por las presiones de aquellos que tenían la obligación de velar por la pureza del sistema, evitando que se desviaran de sus fines estatutarios y centraran sus esfuerzos en sus obras altruistas; empezaron a alejarse de sus primitivas funciones para, paso a paso, irse convirtiendo en entidades de crédito semejantes, en muchos aspectos, a los bancos privados; incorporándose a la corriente generalizada de conseguir más ganancias, aprovechando la carrera desbocada que, durante años, impulsó al sector de la construcción de inmuebles a convertirse en el sistema más fácil de irse haciendo rico. Los créditos hipotecarios se convirtieron en el gran negocio para los bancos y, las cajas de ahorros, no quisieron quedarse al margen de aquel maná con el que conseguía fácilmente, en poco tiempo, obtener ganancias como nunca hubieran soñado conseguir con otras inversiones. Poco a poco las valoraciones de los inmuebles dejaron de basarse en su valor real en el momento de la tasación, para ir aumentando, basándose en el hecho de que la construcción era la garantía de que cada año experimentaría un incremento de valor superior al de cualquier otro negocio, por próspero que éste fuere. La realidad es que las hipotecas eran cada vez más abultadas y, en ocasiones, se combinaban de manera que el hipotecante pudiera conseguir, de una sola tacada, adquirir un coche o instalarse una cadena de música dotada de las más avanzadas técnicas de sonido, todo incluido en el valor de la hipoteca..

Naturalmente que, en toda esta etapa de vacas gordas que estuvimos viviendo los españoles a costa de la construcción; las autoridades, que ahora se van recriminando mutuamente la responsabilidad por no haber sabido ver a tiempo lo que se nos venía encima como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, estuvieron sin mover un dedo para impedir que el fenómeno llegará a desmoronarse estrepitosamente. En realidad no era extraño que las revalorizaciones anuales superaran el 15 o el 20%, lo que hacía que cada vez hubiera más gente que se apuntaba a este sustancioso maná. Y sucedió lo que algunos ya venían advirtiendo y, aunque el estallido no fue precisamente en España, sino en los EE.UU. la realidad fue que fuimos los más afectados por el impacto de la caída de Lemman Brothers, debido a que, enseguida, nos vimos abocados a los efectos inmediatos de aquella crisis, que fueron acompañados de una pérdida generalizada de la confianza de los inversores en el ladrillo y una fiebre para librarse de la sobrecarga que suponía, para muchos de los promotores, tener viviendas en construcción o terminadas, que no se podían vender ni con importantes descuentos. Empezaron a no poderse atender los vencimientos de los créditos y esto fue degenerando en una cadena de concursos de acreedores y quiebras que fueron reproduciéndose, cada vez con mayor frecuencia, hasta desembocar en la situación que todos conocemos.

El Gobierno que primero negó la realidad de la crisis y, más tarde, la minimizó, hasta que tuvo que acabar por reconocerla y, entonces, cometió su primer y garrafal error. Se olvidó de las empresas, se retrasó en tomar medidas de control ( en todo este trámite hay que criticar la actuación determinante del Banco de España, que no debió haber permitido a los bancos y cajas de ahorros, que se jugaran el dinero de los depositantes de una forma tan arriesgada) y, en lugar de examinar con objetividad la situación permitiendo que algunos bancos y cajas tuvieran que afrontar sus responsabilidades; se reunió con los principales causantes del desaguisado, de forma que acabó por sucumbir a sus peticiones de ayuda –¿qué papel jugó en aquella reunión el señor Botín? –, de modo que, la primera medida que se tomó fue establecer una garantía para los bancos de 50.000 millones de euros que, en principio, debieran de haber permitido la apertura de líneas de crédito para las empresas faltas de liquidez que, por supuesto, nunca llegaron a abrirse y, a cambio, sí les fue muy útil a las entidades bancarias para ir cubriendo los agujeros de sus balances como consecuencia de la caída del valor de los inmuebles. Los primeros 50.000 millones de euros no fueron suficientes y el Gobierno se vio obligado a tener seguir inyectando fondos de los que no disponía y ello le llevó a tener que emitir más deuda pública que obligaba le compraran los bancos (créditos crunch), lo que les restaba liquidez para la concesión de créditos a entidades privadas.

Si es cierto que los bancos han salido reforzados gracias al trato privilegiado recibido; no ha sucedido lo mismo a las cajas de ahorros que, salvo contadas excepciones, se han visto afectadas por dos males letales: la alta morosidad que han tenido que ir soportando desde que se produjo el crash de la construcción, debido a las consecuencias de la crisis en los trabajadores de la construcción que fueron al paro a cientos de miles, que se extendió a las industrias auxiliares y, luego, se fue generalizando a todo el sector comercial e industrial de la península hasta alcanzar al sector de servicios..Hoy en día la tasa de morosidad “potencial” es del 14’1% frente a la tasa oficial que es del 5’82%. Por otra parte, el Banco de España, asustado por las consecuencias que se pudieran derivar a todo el sistema financiero del país por su grave exposición al sector de la construcción; ha obligado, a bancos y cajas, a dotarse de cantidades adicionales para compensar las enormes devaluaciones de los inmuebles que han tenido que incorporar a sus activos a causa de los cientos de miles de ejecuciones que han tenido que llevar a cabo por la falta de pago de las cuotas correspondientes. No obstante, el problema de las cajas, a causa de sus excesos hipotecarios, se ha ido agrandando de forma que su exposición al sector inmobiliario asciende a los 217.000 millones de euros, con 100.000 millones de euros considerados como de cobro “muy dudoso”. Muchas de estas entidades se han visto abocadas a la quiebra y sólo la creación del FROB ha podido, obligándolas fusionarse o a convertirse en bancos, conseguir disminuir el riesgo de una quiebra generalizada

Pero el peligro nos viene de fuera, Agencias de calificación de la solvencia de la deuda, como FITCH o MOODY’S, ya vienen mostrando su preocupación por los efectos de esta situación de las cajas de ahorros; de tal manera que, la primera, ya ha revisado la perspectiva del rating de “AA+” de la deuda española de “estable” a “negativa” ante los riesgos que existen a cerca de la recuperación económica y el coste fiscal que tendrá la reestructuración de las cajas de ahorros. Moody’s, por su parte, estima que las necesidades de capital adicional por parte de las entidades financieras españolas asciende a unos 50.000 millones de euros, frente a lo estimado por el Gobierno español que lo cifra sólo en 20,000 millones de euros. Ustedes juzgarán quién tiene razón, aunque no parece que la situación nos sea favorable. O esto es lo que opino yo.