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Robert J. Samuelson

¿Quién manda en América? El lobby de los jubilados

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WASHINGTON - El gran interrogante que flota sobre el debate presupuestario en Washington es si nuestros políticos electos van a arrebatar la administración pública a la AARP, la organización de 40 millones de afiliados que representa a los jubilados y a los que están cerca de la edad de jubilación. A pesar de todo el vendaval partidista que rodeó la semana pasada a la difusión de la propuesta presupuestaria del Presidente Obama para el ejercicio 2012, no verter amenazas contra la tercera edad es reflejo de un consenso bipartidista asentado hace mucho tiempo. Los programas para la tercera edad, la seguridad social y Medicare sobre todo, no se tocan. Con una población cada vez más envejecida, dejar intacto tanto gasto público se traduce inevitablemente en subir las retenciones de la nómina, contraer el gasto en defensa y exprimir el resto del gasto público nacional -- todo lo que va del FBI a las becas para la educación superior.

Poder es la capacidad de obtener lo que quieres sin ofrecer nada a cambio. Avala que controlas el curso de los acontecimientos. Según estas consideraciones, la Asociación Americana de Jubilados AARP dirige la política presupuestaria gubernamental, no los presidentes ni los líderes legislativos. Obama dice que hay que "ganar el futuro", pero sus presupuestos (y hasta la fecha, también los de los Republicanos) ganarían el pasado y perderían el futuro. La masiva deuda federal seguirá creciendo porque, sin contener el gasto de las jubilaciones, no existe vía al equilibrio presupuestario. Las vetustas infraestructuras (carreteras, aeropuertos) no sufrirán el imprescindible mantenimiento. La red de protección social de los pobres ya comprometida se verá aún más comprometida. Recortaremos el gasto en defensa mientras el ejército de China lo amplía. Todo esto es demencial. No es el programa de un país interesado en su futuro.

Pero es nuestro programa. Vea los presupuestos de Obama. Dentro de sus propuestas, el gasto público federal anual pasa de 3,7 billones en 2012 a 5,7 billones en 2021. La seguridad social, Medicare y Medicaid (los tres derechos sociales principales) representan el 60% de la subida de 2 billones de dólares proyectada. La servidumbre de la deuda más elevada -- reflejo sobre todo de nuestra incapacidad a la hora de controlar las grandes prestaciones -- representa otro 31%. En total, es más del 91% de la subida; el resto de la administración pública representa el 9%.

De hecho, cuando se ajustan los datos al crecimiento demográfico y la inflación esperada, el resto de la administración se contrae. Una tabla contenida en los presupuestos de Obama muestra esto claramente. De 2012 a 2021, el gasto anual en "seguridad" (defensa e Interior) se desploma un 21% tras los ajustes inflacionarios y demográficos. El gasto administrativo independiente de la defensa (un cajón de sastre que incluye el control del tráfico aéreo, el espacial, los regímenes de control y mucho más) baja un 24%. Otros "derechos sociales" (las cartillas de alimentación y similares) se reducen un 4%. Mientras tanto, el gasto de la seguridad social sube un 27% y el del programa Medicare, el 32 por ciento.

La AARP envía a sus representantes al Capitolio y a los seminarios de los laboratorios de ideas, donde simulan ser "razonables" mientras frustran los imprescindibles cambios en la seguridad social y Medicare. La mayor esperanza de vida y los ahorros significan que las edades de jubilación se podrían haber elevado gradualmente y se podrían haber limitado las pensiones de los jubilados de rentas más altas. El Congreso, teniendo en cuenta una propuesta de un comité de 1983, subió lentamente la edad para recibir la pensión íntegra de la seguridad social de los 65 a los 66 años (y a los 67, mucho más tarde). Poco más de importancia se ha hecho. El resultado es que cualquier esfuerzo por controlar el gasto tiene que centrarse por fuerza en una reducida franja de los presupuestos (de la séptima parte a poco más de un tercio, defensa incluida). Los legisladores Republicanos han recortado muchos programas drásticamente -- sensatamente unos, otros no. Obama está haciendo lo propio, aunque menos espectacularmente.

Pero la AARP marca las prioridades a nivel global. Su poder se deriva del temor que despierta entre los senadores, los congresistas, los presidentes y los candidatos políticos. Ellos temen verse atacados y rechazados por hordas de ancianos enardecidos, enfurecidos ante cualquier posible reducción de las pensiones y movilizados por la AARP. La cuestión de si todas estas prestaciones hacen falta o son merecidas no puede plantearse, y ya no digamos responderse. Es imposible implantar una reforma sustancial del programa Medicare que pueda matizar su desbocado gasto.

El problema reside en que esta negligencia interesada no va a funcionar. Las cuentas presupuestarias no cuadran; una parte demasiado grande queda intacta. Los presupuestos de Obama proyectados para el ejercicio 2021 son instructivos. Pese a las subidas tributarias -- alrededor de un 10% por encima de la media 1971-2000 -- y sus acusados recortes en la defensa y el gasto administrativo independiente de la defensa, el déficit sigue situándose en torno a los 774.000 millones de dólares, alrededor del 3% de la economía. Y eso suponiendo "pleno empleo", una tasa de paro del 5,3%. Hacia el ejercicio 2021, el déficit anual acumulado dispara la deuda federal pública hasta casi 19 billones de dólares, por encima de los 9 billones de 2010. De forma que la posibilidad de una crisis financiera, provocada por niveles de deuda imposibles de extinguir, sobrevive hasta cursando los presupuestos de Obama.

Nadie quiere privar a los ancianos necesitados de las pensiones esenciales. La seguridad social, Medicare y Medicaid brindan mecanismos de protección social a millones de hogares más ancianos o más modestos. Pero para muchos estadounidenses relativamente sanos o económicamente seguros, estos programas constituyen el bienestar de la clase media. Como sociedad, hemos de volver a definir lo que revierte en interés de la nación y lo que no. Ése es el deber de nuestros líderes políticos. El Presidente Obama afirma repetidamente que abordará "lo social" -- y no hace nada. Volvió a hacer la promesa la pasada semana. Los legisladores Republicanos también se comprometieron la pasada semana a proponer cambios en lo social. Veremos si estas promesas se cumplen o si la administración pública sigue delegándose en la AARP.

¿Quién manda en América? El lobby de los jubilados

Robert J. Samuelson
Robert J. Samuelson
miércoles, 23 de febrero de 2011, 08:01 h (CET)
WASHINGTON - El gran interrogante que flota sobre el debate presupuestario en Washington es si nuestros políticos electos van a arrebatar la administración pública a la AARP, la organización de 40 millones de afiliados que representa a los jubilados y a los que están cerca de la edad de jubilación. A pesar de todo el vendaval partidista que rodeó la semana pasada a la difusión de la propuesta presupuestaria del Presidente Obama para el ejercicio 2012, no verter amenazas contra la tercera edad es reflejo de un consenso bipartidista asentado hace mucho tiempo. Los programas para la tercera edad, la seguridad social y Medicare sobre todo, no se tocan. Con una población cada vez más envejecida, dejar intacto tanto gasto público se traduce inevitablemente en subir las retenciones de la nómina, contraer el gasto en defensa y exprimir el resto del gasto público nacional -- todo lo que va del FBI a las becas para la educación superior.

Poder es la capacidad de obtener lo que quieres sin ofrecer nada a cambio. Avala que controlas el curso de los acontecimientos. Según estas consideraciones, la Asociación Americana de Jubilados AARP dirige la política presupuestaria gubernamental, no los presidentes ni los líderes legislativos. Obama dice que hay que "ganar el futuro", pero sus presupuestos (y hasta la fecha, también los de los Republicanos) ganarían el pasado y perderían el futuro. La masiva deuda federal seguirá creciendo porque, sin contener el gasto de las jubilaciones, no existe vía al equilibrio presupuestario. Las vetustas infraestructuras (carreteras, aeropuertos) no sufrirán el imprescindible mantenimiento. La red de protección social de los pobres ya comprometida se verá aún más comprometida. Recortaremos el gasto en defensa mientras el ejército de China lo amplía. Todo esto es demencial. No es el programa de un país interesado en su futuro.

Pero es nuestro programa. Vea los presupuestos de Obama. Dentro de sus propuestas, el gasto público federal anual pasa de 3,7 billones en 2012 a 5,7 billones en 2021. La seguridad social, Medicare y Medicaid (los tres derechos sociales principales) representan el 60% de la subida de 2 billones de dólares proyectada. La servidumbre de la deuda más elevada -- reflejo sobre todo de nuestra incapacidad a la hora de controlar las grandes prestaciones -- representa otro 31%. En total, es más del 91% de la subida; el resto de la administración pública representa el 9%.

De hecho, cuando se ajustan los datos al crecimiento demográfico y la inflación esperada, el resto de la administración se contrae. Una tabla contenida en los presupuestos de Obama muestra esto claramente. De 2012 a 2021, el gasto anual en "seguridad" (defensa e Interior) se desploma un 21% tras los ajustes inflacionarios y demográficos. El gasto administrativo independiente de la defensa (un cajón de sastre que incluye el control del tráfico aéreo, el espacial, los regímenes de control y mucho más) baja un 24%. Otros "derechos sociales" (las cartillas de alimentación y similares) se reducen un 4%. Mientras tanto, el gasto de la seguridad social sube un 27% y el del programa Medicare, el 32 por ciento.

La AARP envía a sus representantes al Capitolio y a los seminarios de los laboratorios de ideas, donde simulan ser "razonables" mientras frustran los imprescindibles cambios en la seguridad social y Medicare. La mayor esperanza de vida y los ahorros significan que las edades de jubilación se podrían haber elevado gradualmente y se podrían haber limitado las pensiones de los jubilados de rentas más altas. El Congreso, teniendo en cuenta una propuesta de un comité de 1983, subió lentamente la edad para recibir la pensión íntegra de la seguridad social de los 65 a los 66 años (y a los 67, mucho más tarde). Poco más de importancia se ha hecho. El resultado es que cualquier esfuerzo por controlar el gasto tiene que centrarse por fuerza en una reducida franja de los presupuestos (de la séptima parte a poco más de un tercio, defensa incluida). Los legisladores Republicanos han recortado muchos programas drásticamente -- sensatamente unos, otros no. Obama está haciendo lo propio, aunque menos espectacularmente.

Pero la AARP marca las prioridades a nivel global. Su poder se deriva del temor que despierta entre los senadores, los congresistas, los presidentes y los candidatos políticos. Ellos temen verse atacados y rechazados por hordas de ancianos enardecidos, enfurecidos ante cualquier posible reducción de las pensiones y movilizados por la AARP. La cuestión de si todas estas prestaciones hacen falta o son merecidas no puede plantearse, y ya no digamos responderse. Es imposible implantar una reforma sustancial del programa Medicare que pueda matizar su desbocado gasto.

El problema reside en que esta negligencia interesada no va a funcionar. Las cuentas presupuestarias no cuadran; una parte demasiado grande queda intacta. Los presupuestos de Obama proyectados para el ejercicio 2021 son instructivos. Pese a las subidas tributarias -- alrededor de un 10% por encima de la media 1971-2000 -- y sus acusados recortes en la defensa y el gasto administrativo independiente de la defensa, el déficit sigue situándose en torno a los 774.000 millones de dólares, alrededor del 3% de la economía. Y eso suponiendo "pleno empleo", una tasa de paro del 5,3%. Hacia el ejercicio 2021, el déficit anual acumulado dispara la deuda federal pública hasta casi 19 billones de dólares, por encima de los 9 billones de 2010. De forma que la posibilidad de una crisis financiera, provocada por niveles de deuda imposibles de extinguir, sobrevive hasta cursando los presupuestos de Obama.

Nadie quiere privar a los ancianos necesitados de las pensiones esenciales. La seguridad social, Medicare y Medicaid brindan mecanismos de protección social a millones de hogares más ancianos o más modestos. Pero para muchos estadounidenses relativamente sanos o económicamente seguros, estos programas constituyen el bienestar de la clase media. Como sociedad, hemos de volver a definir lo que revierte en interés de la nación y lo que no. Ése es el deber de nuestros líderes políticos. El Presidente Obama afirma repetidamente que abordará "lo social" -- y no hace nada. Volvió a hacer la promesa la pasada semana. Los legisladores Republicanos también se comprometieron la pasada semana a proponer cambios en lo social. Veremos si estas promesas se cumplen o si la administración pública sigue delegándose en la AARP.

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