Hemos guardado un prudente y respetuoso silencio durante la sustanciación de este polémico, insospechado y evidentemente mediático caso Nóos en el que, por azares de la vida, se ponía en tela de juicio la honradez de dos personas que, por su rango social, la hermana y el yerno del actual monarca de España, Felipe VI, estaban en un nivel superior en el rango social al resto de ciudadanos españoles. No hubiera sido decente, justo y mucho menos correcto opinar sobre un tema que estaba sub júdice y del cual, el pueblo llano, en el que me considero incluido, no disponía más que de informaciones deformadas, murmuraciones de cafetín, noticias interesadas de los medios de comunicación y las declaraciones, a nuestro juicio, inapropiadas, intempestivas y poco afortunadas de dos representantes de la Justicia, el juez instructor del caso, señor Castro y el fiscal de la causa, el señor Horrach. Ambos debieron de haber contenido sus instintos y sus enfrentamientos más de carácter personal que de perfil jurídico, para evitar que un caso, ya de por sí bastante extraordinario y fuera de lo común, en el que estaban involucrados miembros de la familia real, añadiera al morbo que semejante circunstancia provocaba en la ciudadanía, un plus de duda o resquemor acerca de si, en realidad, la aplicación de la Justicia, en teoría igual para todos los españoles, iba a superar el gran obstáculo que significaba el daño que se podía infligir a la monarquía, si la infanta Cristina quedaba envuelta en el proceso penal.

Ahora, a toro pasado y vistos los resultados de la vistilla en la que se debía decidir si el señor Urdangarín (Iñaki para los amigos) debía ingresar en prisión mientras su apelación era tramitada o si, por el contrario, se le permitía, pagando una fianza de 250.000 euros, aguardar a la resolución del Supremo sobre los recursos presentados a la sentencia de la Audiencia. Debo reconocer que no se me había ni siquiera pasado por la mente el asombroso resultado de tal acto procesal ¡el señor Urdangarín, partícipe de una trama de extorsión a personas y sociedades, para procurarse un enriquecimiento injusto, a costa de su parentesco con la familia real, ha conseguido un trato de favor que, probablemente va a contribuir a que, quienes hayan dudado de la imparcialidad del tribunal que dictó la sentencia de seis años de cárcel, para el yerno de don Juan Carlos I, se puedan reafirmar en sus temores al ver que un señor que ha merecido una condena ( no lo severa que alguien hubiera podido imaginar dados los gravísimos cargos que pesaban contra él) de 6 años ( a partir de 5 años de condena los fiscales suelen pedir el ingreso inmediato en la cárcel) sea autorizado a permanecer en libertad sin ni siquiera tener que pagar una fianza para garantizar, de alguna manera, que el condenado no tenga tentaciones de poner tierra por medio.

Si ya para cualquier persona con un mínimo de humanidad, con cariño para sus hermanos y demás miembros de la familia, ya le pudiera resultar extraño ( no hablamos de razones de Estado) que, ante la imputación de un cuñado y una hermana, en lugar de apoyarlos, al menos desde el aspecto sentimental, se apresurara a apartarlos de una forma tajante, desposeyéndoles de sus títulos y reduciendo el entorno de las personad de la familia real a sus hijas y su esposa, excluyendo a sus hermanas y demás familiares de modo que, queriéndolo o sin quererlos, humilló tanto a su otra hermana, la infanta Elena, como a las hermanas del rey y al propio rey emérito don Juan Carlos I. Claro que las malas lenguas le atribuyeron a la reina Leticia el haber contribuido, de una forma determinante, a que un trato tan desconsiderado pudiera llevarse con tanta diligencia y de una forma tan poco diplomática. Los hubo que alabaron la forma en la que el Rey se zafó de las consecuencias del juicio contra su hermana y su cuñado. No obstante, desde nuestro punto de vista, el Rey debió de esperar a los resultados del juicio para tomar una decisión de semejante calibre.

El Gobierno, por su parte se ha mantenido donde debía, sin tomar postura alguna, ni en uno ni en otro sentido, sobre el caso al que nos referimos, limitándose a manifestarse respetuoso con los tribunales y con las decisiones que de ellos se emanasen. Al menos si nos referimos a “de puertas para fuera”, porque muchos nos tememos, por algunos comentarios del señor Rajoy y de otras personalidades que, si bien con respeto a Urdangarín nadie quería levantar un dedo para apoyarle en su Vía Crucis, en lo que respetaba a la infanta, todo eran comentarios en los que se entendía claramente que había una actitud, entre los políticos de los partidos principales ( PP y PSOE), de confianza hacia la inocencia y falta de participación en los hechos en los que había participado su marido, juntamente con el otro condenado, el señor Torres.

Es cierto que las tácticas de la defensa de la infanta Elena, a cargo del bufete del señor Roca, han querido presentar a la encausada como una mujer que confiaba ciegamente en su marido, que firmaba todo lo que él le ponía delante y que, como una paleta cualquiera, no tenía conocimiento ni participación alguna en la trama que tenía montada su marido; lo que no significa que no se aprovechara de su enriquecimiento que, al parecer, nunca tuvo la tentación de averiguar de dónde procedía. De por sí, si bien han sido efectivas en cuanto a conseguir la absolución de la infanta, también ha dejado a la persona de doña Cristina como una mujer ignorante, torpe, sin capacidad de reacción y con una devoción por su marido rayana en la sumisión y humillación. Pero ha salido indemne del escollo, importante y peligroso contratiempo, que le hubiera podido hacer pisar la cárcel de mujeres, algo que, por muchas precauciones que hubiera adoptado su hermano Felipe, sin duda hubiera constituido un serio revés para la institución monárquica en España y más si tenemos en cuenta el cambio que ha sufrido el panorama político español con la irrupción, en la lid parlamentaria, de formaciones extremistas como la de Podemos que, sin duda alguna, hubieran aprovechado cualquier condena para cargar las tintas en contra de la monarquía española.

No dudamos de la justicia de la condena al señor Urdangarín ni de los motivos por los que el tribunal ha decido denegar la culpabilidad respecto a muchas de las acusaciones que pesaban en su contra; no obstante, este esfuerzo de aparentar una actuación, mesurada, imparcial, equitativa y, como no podría ser de otra manera, justada a derecho; sin embargo ha quedado empañada por un simple trámite, algo que, aparentemente no tenía ninguna importancia pero que, por mucho que se quiera argumentar en su contra, ha causado un impacto negativo en una gran parte de la ciudadanía española que ha venido contemplando con escepticismo este juicio a la hermana del rey y a su cuñado, precisamente por ser quienes son y por el comportamiento, harto extraño, del fiscal señor Horrach que, en todo momento, ha dado la sensación de actuar más como defensor de la infanta que como representante del pueblo, en el juicio que se celebraba contra ella. Iñaki Urdangarín no ingresará en la cárcel hasta que se hayan agotado sus posibilidades de recurrir ante instancias superiores. Y, como remate, que va a dar pábulo a toda clase de comentarios y de descalificaciones hacia una Justicia que, sin quererlo, ha conseguido dar la impresión de haber actuado condicionada por la personalidad y categoría de los dos procesados. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no nos queda más remedio que, una vez más, hablar de la politización de nuestra Justicia y de la necesidad urgente de que el Poder Judicial, uno de los pilares de toda democracia, sea revisado en todas sus instancias, se prohíban las asociaciones de jueces y fiscales de todo tipo de ideologías y se les exija, a todos los funcionarios del cuerpo judicial encargados de impartir justicia, el respeto absoluto por las leyes, independientemente de sus propias ideologías, excluyendo del ejercicio de su carrera a cualquiera de estos jueces o fiscales estrellas que han pretendido hacerse famosos a costa de sus decisiones, en muchas ocasiones cercanas a la prevaricación, más en consonancia con sus opiniones personales o políticas que a su respeto por el espíritu de las leyes.