Es imposible mantener el ritmo que se nos exige a los ciudadanos de a pie para poder abarcar todos los acontecimientos que, la actualidad, nos ofrece a borbotones, sin descanso; como si, de pronto, la gran espita con la que el Creador va dosificando los sucesos que deben descargarse en este gran vacío que es el tiempo; se hubiera abierto para que los eventos programados en el gran libro de la humanidad, fluyeran en desbordada torrentera, se superpusiera caóticamente los unos a los otros, en una especie de galimatías o incoherencias imposibles de asimilar debido a las evidentes limitaciones de la mente humana. Así, no nos debería sorprender que, a las pocas horas del radical cambio experimentado por nuestro presidente, el señor Rodríguez Zapatero, cuando el mazo de quien nos gobierna nos acaba de golpear en los bolsillos a pensionistas, funcionarios, madres gestantes y personas dependientes; nos enteremos de otras actuaciones de nuestros gobernantes que, seguramente, deberían de tener una explicación racional pero, les aseguro, que he sido incapaz de encontrársela.

Por ejemplo, cuando, obligado por las circunstancias (llámense: FMI, BCE, Bruselas, Eurogrupo o el propio señor. Obama), el señor ZP ha decidido contradecir toda la política que ha mantenido durante sus seis años y pico de mandato, para aplicar la tijera al gasto público, afrontando el rifirrafe que sus últimas decisiones han producido entre los miembros de su propio partido, el PSOE, y las chispas que ha levantado entre sus más dilectos servidores y beneficiarios, los Sindicatos del señor Méndez y el señor Fernández Toxo; resulta sorprendente que, al siguiente día de su Vía Crucis en el Parlamento, sepamos que ha aprobado subvenciones de 270 millones de euros para payasos, domadores y mineros (promotores de teatro y circo, inmigrantes, comunidades, municipios y comarcas mineras), lo que, dejando aparte lo de los mineros, que pudiera estar justificado, en cuanto al resto, nos podríamos preguntar qué sentido tienen semejantes ayudas a municipios y comunidades cuando, por otra parte, se les exige austeridad en sus gastos. Tampoco entendemos que se deba favorecer especialmente a los promotores de teatro y circo cuando es evidente que no son más que una parte más de todo el tejido de comerciantes, industriales y empresarios autónomos que tendrían, como mínimo, los mismos derechos a recibir la ayuda que se les ofrece. Parece ser que para el deporte, este capítulo que, desde el punto de vista de la afectación por la crisis, parece que es el menos desfavorecido, si es que nos debemos atener a las cantidades vergonzosas que se pagan por determinados personajes, y por la facilidad de los clubes para endeudarse hasta las cejas confiando en que van a sacar el ciento por uno; pues, señores, también hay una subvención.

No quiere que se me tache de xenófobo, pero cuando, en plena crisis, se habla de subvenciones para “programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes” no puedo menos que recordar al señor Caldera, cuando regularizó, de un plumazo, a más de un millón de inmigrantes ilegales, sin tener en cuenta los efectos de un aumento tan importante de ciudadanos en lo referente a la Seguridad Social, prestaciones familiares, reagrupamiento de familias etc. No quedaron reducidos a estos regularizados los efectos nocivos de esta masiva invasión de la Península porque, el efecto llamada, provocó la invasión, en oleadas de cayucos, de las Canarias y, por su posterior traslado de los llegados a España, afectó al resto del territorio peninsular, cuando fueron trasladados y “abandonados”, a su aire, en las provincias más pobladas; como fueron la Comunidad de Madrid y Catalunya. Las facilidades que, por parte del Gobierno, se les dieron y las sucesivas regularizaciones encubiertas; han hecho que, en la actualidad, existan cerca de 5 millones de nuevos españoles y puede que otro de residentes sin papeles, que vegetan por todo España. Lo cierto es que, ninguna autoridad española, hasta ahora, ha aplicado las recomendaciones de Bruselas (que, en breve, serán obligatorias para toda Europa) de que a los “sin papeles” o se los ha de regularizar como ciudadanos o se los ha de devolver al país de donde vinieron. Y estos señores, digámoslo claramente, hoy en día forman una gran parte del colectivo que integran estos 4.600.000 desocupados.

Otra curiosidad al respecto: se convocan nuevas plazas de empleo público, ¿en qué quedamos? Por una parte se habla de que sobran y que su coste es demasiado elevado por lo que se les disminuyen, en un 5%, sus salarios y, por otra, se contrata a más. ¿No sería más lógico de que las autoridades se ocuparan de que rindieran más los actuales y en reducir a todos los que, por endogamia o clientelismo, están invadiendo las oficinas públicas? Pero no nos quedemos en esto, porque deben ustedes saber que, mientras los Sindicatos reciben cantidades anuales que rondan los 200 millones de euros, y se dan ayudas a los de la farándula y el cine por valor de 120 millones de euros; en España, el sector público adeuda a las pymes una cifra aproximada a los 35.000 millones de euros. Si, señores, si la Administración pagara a tiempo sus facturas la liquidez del sistema privado español aumentaría en 1.300 millones de euros y la economía española recibiría una inyección de 10.600 millones de euros (superior a la parte que España tiene comprometida en el rescate de Grecia). ¿No sería mejor, en lugar de tantas subvenciones y “ayudas” a amiguetes, el Estado pagara lo que se debe?

Es obvio que, según un estudio de LD, se podrían detraer importantes cantidades de otras partidas para ahorrar, sin necesidad de perjudicar a sectores, como los pensionistas y dependientes y, no obstante, poder atender al compromiso de rebajar nuestro déficit en 15.000 millones de euros y, no en dos años, como se ha ofrecido, sino en uno solo. Veamos: quitar ayudas a partidos políticos ( 35.84 millones del PP y 33,89 millones del PSOE); anular ayudas a los Sindicatos (193 millones); suprimir ministerio de Cultura (414 millones); suprimir las ayudas del ministerio de Exteriores, por cooperación al desarrollo ( 2.919 millones); suprimir el ministerio de la Vivienda (1.817 millones); suprimir el ministerio de Igualdad ( 140.9 millones); suprimir partida de Imprevistos y funciones no clasificadas ( un cajón de sastre que el Gobierno utiliza a su conveniencia) ( 2.094 millones); suprimir el ministerio de Industria, cuyas funciones podrá asumir el de Economía ( 4.425 millones); retirada de diversas subvenciones del ministerio de Fomento (908,7 millones) y una importante parte del presupuesto del ministerio de Trabajo quién, más que para mejorar la formación de los parados, a los que se les obliga a asistir a cursillos de capacitación, le sirven de excusa al Gobierno para camuflar las cifras del paro (7.557 millones) Total: un ahorro de 20.374 millones de euros. Y no se me diga que es imposible o que es mejor mantener estas partidas que gravar a los funcionarios, a los pensionistas y a los dependientes; porque todos sabemos que, todas estas cantidades que se manejan por el Gobierno, tanto en ministerios que carecen de funciones útiles, como empleadas en ayudas a organizaciones, gobiernos, etc., no son más que compromisos políticos para ayudar a colectivos de ideas afines a los socialistas que nos gobiernan. Sacrificios necesarios: si; tomaduras de pelo, chanchullos o más engaños: decididamente, no. Cambio de Gobierno: inmediato.