Cuando, prescindiendo de todos los procedimientos legales vigentes, algunos políticos pretenden, utilizando instituciones administrativas autonómicas, emitir actos administrativos que superan sus facultades de gestión, que están por encima de las funciones que tienen encomendadas, en cuanto al gobierno de la comunidad en la que desarrollan sus actividades delegadas de la Administración Central, sabiendo que con ello están incumpliendo leyes de rango superior y, por añadidura, sus resoluciones son contrarias a las normas constitucionales; infringiendo, temerariamente, los procedimientos legales establecidos; es obvio que nos encontramos ante un acto administrativo, no sólo anulable, sino que tiene la consideración legal de nulo de pleno derecho ( ley 30/1992). Esta nulidad resulta ser de orden público, lo que permite que puede ser declarada de oficio por la propia Administración y por los tribunales y supone que su pronunciamiento debe hacerse, en todo caso, de forma preferente y excluyente respecto a cualquier otro.

Nos encontramos, en la comunidad catalana, ante una situación que no puede entenderse sin que tengamos que reprocharle al gobierno del señor Rajoy el haber permitido, con su lenidad, su falta de reacción, su excesiva confianza en saber controlar la situación y su absoluto desconocimiento de la verdadera dimensión del problema catalán; cuando pensó que se trataba, únicamente, de una cuestión económica ( al principio puede que así fuera) cuando lo que estaba ocurriendo en Cataluña era que, fruto de años de utilizar la enseñanza de forma torticera, de incumplir con sus obligaciones respecto al idioma español y de ir imbuyendo en los catalanes ideas contrarias a España, tales como esparcir impunemente que, el resto de autonomías españolas, se aprovechaban de las riquezas catalanas; que el gobierno de Madrid les robaba o que Cataluña era la región que salía más perjudicada en el reparto de la financiación pública de las autonomías aunque, en realidad, ha sido la que más tajada a sacado del Gobierno, cuando ha recibido casi el 50% de la cantidad total a repartir y, además, ha recibido más de 60:000 millones de euros a través del FLA, con una última y reciente aportación de otros 1.300 millones de euros.

Por si la cuestión no tuviera bastantes perendengues, si todos los partidos independentistas que han estado pidiendo la separación de Cataluña de España, no se encontraran maquinando la constitución de un estado propio y no intentaran ir organizando un gobierno en la sombra, con empleados y edificios adquiridos para sustituir los que el Estado tiene establecidos en esta comunidad; en unas declaraciones últimamente aparecidas en la prensa, se habla de que van a incluir en la ley de presupuestos para el 2017 una partida de poco más de 6 millones de euros para la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Una partida que, evidentemente, puede dar al traste con esta ley si el Estado español, como deberá hacer, la impugna por inconstitucional.

Lo evidente es que no saben de dónde sacar dinero para sus proyectos utópicos de independentismo, y (no sabemos cuál será su procedencia, seguramente más impuestos) han previsto un alza de ingresos de un 7´8% y un 4,49% de los gastos. Para cuadrar un déficit de 1.095 millones de euros. Y estos señores son los que pretenden constituirse en un estado independiente, cuando la deuda actual llegará a los 77.500 millones de euros, de los cuales el 52% procede del FLA. Aun así, y a pesar de rechazar cualquier acuerdo con el Estado en el tema del famoso referéndum, la Generalitat le pide 7.000 millones más a dicho fondo para el año 2017. ¡Es preciso tener cara dura para insultar a España, pedir la independencia y, por si no bastara, intentar que se le sigan financiando sus deudas a cargo del resto de los españoles!

Pero, ante la más completa pasividad del resto de fuerzas políticas del Estado, no sólo las que consideran la deriva del independentismo catalán como algo normal, como es el caso de Podemos, sino aquellos otros que intentan darle una salida a través de una España de tipo federal ( algo que Junts pel Sí rechazan) o los que, como C’s y PP se oponen frontalmente a tales pretensiones; el Parlamento catalán, sigue en su tarea de ir avanzando en su proyecto de referéndum, que ya lo tienen anunciado para el próximo mes de septiembre del año 2017 y, avanzando un escalón más, han redactado una ley, ley de Transitoriedad Jurídica, que estará dispuesta el 31 de diciembre, que forma parte de las tres normas que tienen previstas para la desconexión (seguridad social y hacienda son las otras dos) de Cataluña del resto de España.

Sin embargo, aunque pretenden darle publicidad, no la van a presentar en el Parlamento catalán para que el Gobierno no pueda recurrirla ante el Constitucional. Una especie del juego del gato y el ratón con el que pretenden darle una supuesta cobertura legal a la consulta por la independencia y, al mismo tiempo, facilitar la proclamación de la república catalana en el hipotético caso de una victoria del “sí que, para el señor Puigdemón, bastaría que hubiera un sí de más para considerar que habían obtenido la mayoría. Para conocimiento del lector el Artº 1º de dicho documento reza así “Cataluña se constituye en República de derecho, democrática y social”. ¿Existe alguna duda sobre cuáles son las intenciones de estos señores, que ya lo han ido demostrando a través de los últimos años incumpliendo la Constitución, rechazando sus advertencias, renegando de las sentencias de los tribunales españoles y demostrando, de forma explícita, desafiante y grosera su disposición a seguir haciéndolo?

El señor Homs y sus compañeros de partido, que han sido investigados por el Supremo, van a tener que sentarse en el banquillo para responder de sus actos en relación con la convocatoria de la consulta del 9N en Cataluña, expresamente prohibida por el TC. El instructor no ha podido ocultar el rechazo que le han producido las bravuconerías, desplantes y majaderías que este señor y sus acompañantes han llegado a decir respeto a la procedencia de su encausamiento. Quien les oyera pensaría que han sido objeto de una injusticia y no que han sido encartados por haber desobedecido a los tribunales, al Gobierno y al Parlamento español. Pero, señores, toda esta escenificación, incluyendo las cabalgatas de acompañamiento al señor Homs y a la señora Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, con profusión de banderas independentistas y expresiones en contra de España; forma parte del proyecto de esta pandilla de indeseables, de poner al Gobierno del PP ante una declaración oficial unilateral de ruptura con España, para que al Estado español no le quede más remedio que aplicar las medidas previstas en nuestra Carta Magna y Código Penal, para afrontar los delitos de sedición y traición.

Nada les gustaría más, a estos rebeldes, que los tanques del Ejército se pasearan por las Ramblas y que una compañía o dos de la Guardia Civil metiera en la cárcel a unos cuantos de estos “valientes”. Aparte de que, como ya hemos repetido infinidad de veces, esta situación se ha estado viendo venir durante años; y que una medida enérgica en el momento preciso hubiera acabado, de una vez, con tales arbitrariedades; es obvio que, por muchas bravatas que hagan y por muchas demostraciones de solidaridad con los políticos subversivos, la realidad es que, como ocurrió con los izquierdistas que defendían Barcelona, frente a las tropas del general Franco, cuando llegó el momento en que tuvieron que demostrar su valor en el combate, no hicieron otra cosa que intentar huir ( más de 500.000 personas abandonaron la ciudad antes de que el 26 de enero de 1939 el general Yague y los generales nacionales Solchaga y Gambara ocuparan pacíficamente toda la ciudad catalana).

No iba a ser necesaria la intervención del Ejército (aunque si fuera preciso lo haría, respaldado por el Artº 8º de la Constitución), bastaría que la policía, la Guardia Civil y los jueces cumplieran con su deber, para llevar a los inductores de semejante tropelía a el sitio que les correspondería en alguna cárcel de la comunidad, para esperar a ser juzgados por sus delitos de prevaricación, desobediencia, insubordinación e intento de secesión. Lo extraño e incomprensible es que, después de lo sucedido, todavía estén en condiciones de causar daños a España y a los españoles.