En un mundo capitalista, una situación de crisis económica supone el establecimiento de prioridades dentro de las actuaciones de la élite política i económica. En esos momentos de recesión de la opulencia los recortes en los derechos sociales son los primeros que se ven afectados.

La receta liberal para una nueva emergencia económica es la privatización, la cesión a los empresarios de mayor libertad ante el despido y la reducción de coberturas sociales por parte del Estado. La exigencia de esos grupos liberales al mismo Estado es la protección de la situación social que posibilite que ello se produzca sin dar pie a una rebelión de abajo a arriba.

Ése es, en esencia, el mensaje de Aznar cuando esta semana ha alentado a trabajar más tiempo y a reducir el servicio público. Esto es, dar un paso atrás en los derechos sociales y laborales, el gran logro social del “corto siglo XX”.

Retroceder en derechos sociales para salvar un sistema económico a cualquier precio y con la ayuda de la legislación y la autoridad es la fórmula liberal para salir de la crisis.

La contradicción de esa propuesta radica en la utilización interesada del Estado (para unas cosas sí, para otras no) fundamentada en una supuesta prevalencia de la libertad individual negativa, prevalencia que no puede ser probada ni desmentida. En cualquier caso, no es la única tendencia contradictoria, ni tampoco es solamente ésta la que se basa en supuestos dogmáticos.

Pero su iniciativa exige estrechar el círculo de los beneficiados por la economía capitalista global. Pretende, por tanto, devolver las prerrogativas económicas a sus ideólogos y volver a considerar al excedente como mano de obra sin posibilidad de negarse a serlo.