Barack Obama, presidente de los EE.UU. firmó el pasado martes la ley de Protección al Paciente y Atención Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act) que lleva por subtítulo “Unas mejoras inmediatas en la cobertura de la atención sanitaria de todos los americanos” cuya redacción y aprobación final por los pelos no ha estado exenta de controversia política y social. El país está dividido en dos prácticamente: 219 votos a favor y 212 votos en contra.

La versión final tiene 2.074 páginas porque todo está muy pormenorizado y, como es propio, cada línea de cada página está numerada con el fin de identificar cada palabra, expresión, afirmación o calificación de cuanto la ley contiene.

No se trata de una cobertura sanitaria al estilo europeo, donde un ente estatal vela por la atención sanitaria sino que las aseguradoras de salud americanas han de adaptarse a la nueva normativa y de ahí su resistencia a la reforma. Cada uno de los 32 millones de americanos que ahora se incorporarán a la cobertura sanitaria han de contratar una póliza de salud y de no hacerlo pagarán una multa; las aseguradoras no podrán negarse a concertar la póliza, en líneas generales; vamos que no van a repartirse tarjetas sanitarias a todos los americanos sino que estos han de pasar por taquilla.

Las familias con cuatro personas e ingresos anuales inferiores a 30.000 dólares se verán ahora acogidos al programa Medicaid que se amplía; la cobertura sanitaria actual para quienes tienen un bajo nivel de ingresos.

Los empresarios tendrán que asegurar a sus empleados bajo apercibimiento de una multa de 2.000 dólares por empleado sin asegurar; actualmente no es una práctica generalizada. Las empresas con menos de 50 empleados obtendrán ayudas fiscales para compensar el seguro de los empleados.

EE.UU. tiene actualmente una deuda de 8 billones de dólares; la Congressional Budget Office (CBO) agencia federal que provee de datos y estimaciones económicas al Congreso, estima que se añadirán otros 12 billones en la próxima década por razón de la reforma sanitaria, por lo que Charles Krauthammer ve un juego de prestidigitación que con la liberación de los 247.000 millones del “doctor fix”, la retención de los reembolsos a los médicos en diez años y otros 200.000 millones sin financiación, se pueda asumir el coste de la reforma estimada en 2 billones, por mucho que suban los impuestos.

Pero haciendo abstracción de la financiación, la reforma sanitaria no es sino la obligatoriedad impuesta a las aseguradoras de salud de no rechazar a los nuevos usuarios por enfermedades anteriores ni cancelar las pólizas de los que contraen ciertas enfermedades, como venían haciendo hasta ahora.

El señuelo para las aseguradoras es el aumento de pólizas que el cálculo actuarial ajeno a ellas estima en un menor índice de enfermos a los que cubrir económicamente al aumentar la población asegurada.

Los empresarios verán aumentados sus costes laborales por el seguro y las aseguradoras también verán incrementados sus costes por lo que lo repercutirán en las cuotas de sus asegurados. El gobierno incrementará el presupuesto sanitario que sufragará en parte con la subida de impuestos y más déficit.

Las farmacéuticas piensan que la reforma no es mala porque hay establecidos ciertos mecanismos de protección para algunos fármacos ahora en comercialización para evitar que en un plazo determinado entren otras marcas en el mercado.

En cualquier caso, la reforma sanitaria es un avance teórico en la mejora de la cobertura sanitaria del pueblo americano, aunque muy lejos de las promesas electorales de Obama. Y si no, que se lo pregunten a los millones de sin papeles a los que se les prometió cobertura sanitaria y han quedado fuera de la reforma aprobada. Se ha dado un pasito al frente, sí, pero a un coste todavía por determinar que, en cualquiera de los casos, va a disparar el déficit a la estratosfera, pues queda mucho por hacer hasta establecer un sistema sanitario que se parezca al europeo.