WASHINGTON - Mientras los gobernadores del país se reúnen en Washington para celebrar su encuentro anual de invierno, los estados que encabezan se enfrentan a lo que una autoridad con conocimiento de causa llama "una década perdida" de recaudación estancada o decreciente y crisis presupuestarias.

Ray Scheppach, el hombre que utilizó esa frase, tiene las credenciales suficientes para declarar la situación "sin precedentes". Veterano curtido en los presupuestos federales, ha ocupado el puesto de director ejecutivo de la Asociación Nacional de Gobernadores los últimos 27 años.

Durante una entrevista momentos antes de inaugurar el encuentro de este año, me decía que el sondeo que ha llevado a cabo más recientemente muestra que "los estados no han tocado fondo aún; siguen empeorando. Este año será probablemente el peor para los presupuestos estatales, y con la recuperación del desempleo que estamos registrando nos enfrentamos a una década perdida", antes de volver a algo remotamente parecido a la normalidad.

En un memorando dirigido a sus miembros-gobernadores, Scheppach lo dejaba claro: "El resultado final es que los estados seguirán luchando durante el resto de esta década debido a la combinación entre la duración y la gravedad de esta recesión económica, la lenta recuperación proyectada, y las obligaciones adicionales de Medicaid" que recaen en los estados si la legislación sanitaria aprobada por Cámara y Senado llega a decreto ley.

En las recesiones anteriores, dijo, registrar recaudaciones inferiores significaba que los peores ejercicios presupuestarios llegaban normalmente dos años después de finalizada oficialmente la recesión. Esta vez, el retraso podría ser incluso mayor, sugiriendo varios estudios que podría llegar el año 2014 ó 2015 antes de que la recaudación alcance niveles de 2008.

El laboratorio de ideas de los gobernadores, su Centro de Mejores Prácticas, ha elaborado un informe de 15 páginas que detalla la forma en que pueden ponerse a "rediseñar el gobierno estatal de vuelta a la normalidad". Durante una de las sesiones a puerta cerrada, el Republicano de Indiana Mitch Daniels y la Demócrata de Michigan Jennifer Granholm, ambos de estados del medio oeste castigados por el colapso de la industria automovilística, dirigirán un debate de as medidas que serán necesarias.

Scheppach me decía que empieza a calar la impresión, entre gobernadores y legisladores, de que no es una recesión ordinaria y no habrá repunte en positivo a la vuelta de la esquina. Por tanto, "los estados tendrán que hacer reducciones permanentemente", dice. En palabras del Centro de Mejores Prácticas, esto significa ir más allá "de las herramientas tradicionales de recorte presupuestario: recortes en programas grandes y pequeños, reducción de ayudas, despidos, recortes en las prestaciones, jubilaciones anticipadas y reducciones salariales".

Algunos estados ya están liquidando, incluyendo los peajes y los edificios de oficinas. Consolidan y coordinan servicios y fusionan agencias.

Pero más allá de todo esto, el informe prevé grandes cambios en las principales áreas de gasto estatal. La era de las cárceles ampliadas y las condenas cada vez más duras toca a su fin, porque en palabras de Scheppach, los reclusos mayores "están convirtiendo las cárceles en asilos". El coste de administrar, proteger y ocuparse del cuidado de la población reclusa está obligando a los estados a sopesar otras opciones de protección contra la delincuencia.

El recorte presupuestario obliga a realizar cambios antes impensables en los terrenos de gasto principales de la educación primaria, secundaria y superior. Crece la presión en favor de la consolidación de los pequeños distritos escolares de primaria y secundaria, y aumentar la carga docente de las facultades universitarias. Algunos estados han empezado a medir el porcentaje de estudiantes que actualmente se licencian y a recompensar a los campus que licencian a la mayoría de estudiantes que se matriculan.

Cuando se consideran los cambios en marcha en los estados y los cambios que se avecinan, el debate en Washington sobre equilibrio presupuestario a través de una comisión bipartidista de miembros anónimos parece casi académico.

Como parte del paquete de estímulo del año pasado, los estados recibieron 135.000 millones de dólares en fondos federales para evitar despidos de profesores y recortes en la sanidad. "Sin ellos", dice Scheppach, "nos hubiéramos ido a pique".

Pero la ampliación aprobada por la Cámara de otros 25.000 millones en asistencia a Medicaid ha entrado y salido del proyecto de ley del empleo en el Senado y su destino último es incierto. Los estados pueden quedar a su suerte.

Tanto con la normativa de educación de la década de los 80 como con la reforma social de la de los 90, hemos visto este patrón antes: los estados actúan mientras Washington vacila y da largas. Una vez más, los gobernadores se enfrentan a una realidad fiscal que muchos partidarios en Washington prefieren ignorar.