Aunque el cura Fernando Lugo redobla sus esfuerzos histriónicos para intentar desvincularse de los secuestros que han recrudecido en el Paraguay desde su aparición en el escenario político, lo cierto es que las publicaciones de los investigadores de la prensa lo comprometen día a día con mayor contundencia. Basta un breve repaso de crónicas de la prensa para notar la contradicción entre dichos y hechos en el gobierno arzobispal.

El 6 de enero del año 2009 el diario ABC color había publicado una nota donde el entonces vice-ministro Humberto Blasco afirmaba con sus característicos tono y voz de falsete que no se beneficiarían del indulto del cura con hijos Fernando Lugo “los acusados de secuestro y violadores, además de delincuentes y criminales reincidentes”.

Se informaba que de los 83 candidatos a ser beneficiados por la medida, finalmente unos 31 presos fueron indultados ese día por el cura Lugo. Humberto Blasco hoy es ministro de Justicia del cura Lugo, envuelto en un escándalo por alimentar a reclusos de las penitenciarías con carne de perro.

También viene a cuento señalar que durante el gobierno anterior, varios personeros del actual régimen se deshacían criticando al negociado de los indultos presidenciales, que presuntamente manejaban los religiosos del Penal ligados a la iglesia evangélica de la cual era devoto el presidente Nicanor Duarte Frutos.

A pesar de todo esto, entre los indultados por el cura Lugo en aquella oportunidad se encontraba Ricardo Chaparro, secuestrador y asesino confeso del doctor Wenceslao Meza.

La excepción con Chaparro se explicaba debido a que en otros tiempos se desempeñó como secretario del hoy ministro de Obras Públicas y violador del Tratado de Yacyretá Efraín Alegre, cuando éste presidía la juventud liberal de Lambaré.

Otro de los secuestradores y asesinos, el mismo que golpeó con una pala en la cabeza a la víctima ya en la fosa antes de darle el tiro de gracia con un arma de fuego, hoy ejerce de sabueso de un importante gobernador y presidenciable para las elecciones del 2013.

El secuestro del médico Wenceslao Meza se produjo el 15 de junio de 1992, luego de que el galeno se retiraba de su consultorio en Asunción, próximo al sanatorio Migone. Wenceslao Meza, al igual que Cecilia Cubas y María Edith Debernardi era acusado de haber estado vinculado al poder político de Paraguay en otras épocas, algo que en el entender luguista justifica su secuestro y homicidio.

Los secuestradores exigieron el pago de 300 mil dólares para liberar al médico.
El pago no se concretó, y como en el caso de la empresaria Cecilia Cubas, el crimen se produjo en una vivienda del barrio Kennedy de Lambare el 16 de junio de 1992. El cuerpo de Meza, como el de Cecilia, fue enterrado en el patio de la casa aún con signos vitales.

El 15 de diciembre de 1998, el juez José Ignacio González Macchi condenó a Chaparro y a González a 25 años de prisión. Cortaza fue absuelto y el juez declaró la rebeldía de Manzur.

El 21 de octubre de 2002, la Cámara de Apelaciones confirmó la pena de Chaparro, pero redujo a 23 años la condena para González.

En el año 2005, la Sala Penal de la Corte Suprema -integrada por los ministros Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Wildo Rienzi Galeano- confirmó la condena de 25 y 23 años de cárcel a Ricardo Chaparro y Wilfrido González por el secuestro y homicidio del médico geriatra Wenceslao Miguel Meza.

Los miembros de la Corte expresaron que "el homicidio fue cometido con ensañamiento o extrema crueldad, por el sufrimiento deliberado e innecesario a que fue sometido Meza con anterioridad a los disparos de arma de fuego que acabaron con su vida. Meza fue golpeado en la cabeza y en el tórax, lo que ocasionó roturas óseas".

El relato del trágico desenlace refiere que Meza fue maniatado y conducido a la fosa cavada por González y Chaparro; luego la víctima fue golpeada en la cabeza con el dorso de una pala. Como Meza opuso resistencia, le propinaron una patada que le hizo caer nuevamente a la fosa en posición decúbito dorsal. Luego Chaparro le disparó tres veces. El cuerpo fue cubierto con tierra y cal, según menciona el expediente del caso.

De los elementos de la investigación se deduce que Chaparro y González actuaron en calidad de coautores del hecho.

González fue beneficiado con la reducción de la pena de 25 a 23 años por la Cámara de Apelaciones, porque se había puesto voluntariamente a disposición de la justicia.

Además de Chaparro y González, también fueron procesados en el caso Ernesto Cortaza y Gustavo Manzur. Cortaza fue absuelto en primera instancia por el juez José González Macchi, luego la Cámara confirmó la sentencia del magistrado. Cortaza fue involucrado porque ofició de garante para alquilar la casa donde se cometió el crimen, ya que era conocido de Chaparro por haber sido compañero de colegio, facultad y de afiliación política.

Con el gobierno del “cambio” del cura Lugo, los asesinos recuperaron su buen nombre y su libertad ambulatoria. Según informaba Ultima Hora, el mismo día (6 de enero de 2009) en que Blasco afirmaba en ABC color que no se indultaría a secuestradores, de la Granja Itá Porá salía en libertad el recluso Ricardo Chaparro, beneficiado por el indulto presidencial.

El tercer implicado, Manzur , fue declarado en rebeldía por no haberse puesto a disposición de la justicia para aclarar su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Meza. Según fuentes, el paradero de Manzur fue siempre conocido, pero nunca fue detenido y mucho menos lo sería ahora.

Es que en el Paraguay gobierna el cura abusador de niñas pobres, santo patrono de secuestradores y homicidas, el obispo defenestrado por la iglesia católica Fernando Lugo.