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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este sábado que "no habrá tribunales ni legalidades que vayan en contra la voluntad del pueblo de Cataluña si ésta es clara y manifiesta".
Tras la ofrenda floral del Govern a la tumba de este presidente, fusilado hace 76 años en Montjuïc, ha realizado un parlamento en el que ha subrayado que Companys fue "perseguido, detenido, juzgado, condenado y asesinado ciertamente por una legalidad, pero una legalidad injusta".
Según Puigdemont, que ha recordado que Companys es el único presidente democráticamente elegido que fue fusilado por el fascismo en Europa, ninguno de los vestigios de la legalidad franquista "impedirá que el pueblo de Cataluña pueda conseguir las cotas de libertad que se proponga".
El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que ha intervenido después de Puigdemont, ha defendido que Companys "hubiera querido" que Cataluña fuera una república independiente.
"Inspirados por sus principios de paz, justicia y amor, nosotros haremos todo lo que nos corresponde para cumplir el mandato que el pueblo de Cataluña nos ha dado", ha añadido.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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