Con el título que he puesto a mi artículo no quiero decir que la deuda pública española no sea real. Pretendo expresar que, aunque cada ciudadano deba ahora unos 23.700 euros de media, esto no significa que de modo inmediato los españoles tengan que devolver los 1,1 billones de euros, que es un poco más que el PIB de España y es la consecuencia del agujero económico de las administraciones públicas.
Y, si bien de modo hipotético, parece que en algún momento habrá que devolver el billón y pico de euros no va ser pronto suponiendo que eso sea posible. Otra cosa es que se pueda reducir en los próximos decenios el endeudamiento estatal. Con esto creo que sería suficiente. Por tanto, es una deuda relativa, si se piensa en lo que acabo de explicar.
La economía no es una ciencia exacta y esto es sobradamente sabido. Las grandes cifras macroeconómicas pueden crear incertidumbre en los mercados y en la ciudadanía. En el caso de la deuda pública es una variable más a analizar y estudiar y con la que conviviremos, ya que da una idea aproximada de la marcha de los mercados y de los gastos de las administraciones que, por lo que parece, superan los ingresos.
Lo que me parece claro es que los ciudadanos eligen en elecciones democráticas a sus gobernantes para que gestionen correctamente los gastos de los distintos tipos de administraciones: central, autonómicas y locales.
Y, si este alto nivel de deuda pública es asumible con el compromiso o propósito de reducirlo o, al menos, de que no sea más elevado debería ser explicado por las autoridades para que los ciudadanos sepan que no existe riesgo de que se formen corralitos o que se embarguen los bienes de los españoles para pagar la deuda. El término corralito surgió en Argentina y sucede al imponer un gobierno la restricción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro a los habitantes de un estado.
Ante esta situación considero que existen dos opciones fundamentales o subir los impuestos o reducir los gastos. Lo primero parece más sensato. Puesto que en España por la baja natalidad y el lógico envejecimiento poblacional se dispara el dinero que debe ser dedicado a la atención sanitaria y la Seguridad Social cada vez debe afrontar una subida creciente de los fondos económicos para atender las legítimas necesidades de los ciudadanos.
También es verdad que algunos han criticado que existe duplicidad de gastos por causa de la existencia de las Comunidades Autónomas. En teoría, según el ordenamiento legal de las competencias y atribuciones de las mismas esto no debe ocurrir.
En cualquier caso, lo razonable sería que se racionalizara lo más posible el gasto de todas las administraciones públicas para que se gaste lo imprescindible y no se derroche dinero público. Esto lo lógico y lo que marca la ley y también el sentido común. Habrá que ver la evolución de la deuda pública española en el presente y en el futuro. También se pueden analizar los datos históricos de la deuda pública para darse cuenta de sus variaciones desde 1850.
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