El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantendrá ante el Comité Federal de su partido, en la reunión prevista para el próximo 1 de octubre, su negativa a facilitar un gobierno del Partido Popular y defenderá sus contactos con Podemos y Ciudadanos para explorar las posibilidades de una acuerdo alternativo al PP.
Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, el líder del PSOE no va a modificar la postura que viene defendiendo desde las elecciones del pasado 26 de junio. El 'no' a Rajoy se ratificó en la última reunión del máximo órgano del partido entre congresos, el pasado 9 de julio, y que se ajustaba a la resolución que aprobaron los socialistas después de los comicios del 20 de diciembre.
En aquel Comité Federal, la postura del partido fue unánime, pero un sector del partido, crítico con la dirección federal, dejó la puerta abierta a cambiar esa postura tras una primera investidura fallida y, en último término, para evitar unas terceras elecciones. Mientras tanto, Sánchez y los dirigentes más afines al secretario general aseguraban entonces que el 'no' sería definitivo.
Además de defender el 'no' a Rajoy, Sánchez planteará a sus compañeros la hoja de ruta a seguir desde ese momento que, a su juicio, pasa por buscar una alternativa al presidente del Gobierno en funciones. Una opción por la apostó en la última sesión de la investidura fallida de Rajoy.
Estos contactos con otras fuerzas políticas se han interrumpido por las campañas electorales gallega y vasca, pero el portavoz en el Congreso del PSOE, Antonio Hernando, ha asegurado este mismo miércoles que se retomarán la próxima semana. Desde Ferraz se señala que Sánchez no irá a una investidura fallida y que insistirá en buscar alternativas al bloqueo.
Así las cosas, y mientras ha aumentado la tensión entre los dos sectores, la fecha para el debate sobre la estrategia del PSOE será después de las elecciones gallegas y vascas. Sánchez convocará al Comité Federal de su partido el próximo 1 de octubre, como es habitual, el fin de semana inmediatamente posterior a una cita con las urnas.
No fue así después de las elecciones del pasado 26 de junio, cuando el secretario general decidió esperar dos semanas para reunir a los miembros del Comité Federal, el que tiene la última palabra en materia de pactos en el partido.
LA POSICIÓN CRÍTICA Pero esta reunión se celebrará después de que varios dirigentes del partido se hayan quejado de la ausencia de debate en el PSOE sobre las salidas al bloqueo político. De viva voz lo dijo la semana pasada el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien después de las elecciones de junio se ha mostrado partidario de que los socialistas facilitaran la gobernabilidad, una postura favorable a la abstención que le ha valido las críticas de otro sector del partido.
Vara se quejó entonces de la falta de debate, pidió una reunión del Comité Federal y confesó que llevaba dos meses sin hablar con el secretario general. Y dos días después, el ala crítica con la dirección federal, con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la cabeza, inició una campaña de defensa del presidente extremeño, frente a los ataques recibidos en las redes por su postura.
Coincidiendo con esa crisis, Díaz aprovechó para reiterar su convencimiento de que con 85 escaños no se puede gobernar y para pedirle al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que dé un paso atrás como primer movimiento que desbloquee la situación. A esta postura se sumaron después los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
Si finalmente el proyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral salvase el obstáculo del trámite parlamentario y se llegase a dar luz verde al mismo, una de las consecuencias directas sería el aumento del salario por hora de trabajo. El escenario que plantea la reducción de las 40 horas a las 37,5 horas semanales propiciaría un incremento del valor por hora trabajadora de 9,26 a 9,75 euros, aproximadamente.
Durante la inauguración de la II Jornada de Delitos de Odio para jefes y directores de seguridad, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha destacado la labor “crucial” de la seguridad privada para “fortalecer la detección temprana y la respuesta eficaz ante los delitos de odio, siempre en estrecha colaboración con la Policía Nacional”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo peruano, Carlos Malaver, se han comprometido a reforzar la cooperación en seguridad entre ambos países y seguir el camino iniciado en febrero de 2019 con la firma del Convenio bilateral sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, en vigor desde marzo de 2023.