Es posible que poca gente se haya apercibido de ello, lo cierto es que no se ha hecho mucho ruido sobre esta cuestión; sin embargo, es un tema de la máxima gravedad y que nos demuestra hasta que punto las cuentas estatales están pasando por un periodo de vacas flacas. Nadie puede negar que la Seguridad Social y, en especial el Sistema Nacional de Salud, constituyan la vertebración de la Sanidad en nuestro país. Los trabajadores, los autónomos, los afiliados a determinados regímenes especiales etc. cotizan durante toda su vida laboral (obligatoriamente, todo hay que decirlo) lo mismo que lo hacen, en su parte correspondiente, las empresas en las que trabajan. Y hago hincapié en estos datos para dejar claro que el Estado no nos regala, a los afiliados a la Seguridad Social, el que tengamos derecho a una asistencia médica adecuada, a las correspondientes medicinas y a ser intervenidos, si fuere preciso, por los profesionales de los Hospitales públicos destinados a estas prestaciones. Quiero recordar que, si el Estado debe hacer honor a sus compromisos, creo que, sin dudarlo un instante, uno de los primeros que se le pueden exigir que atienda debidamente, es aquel que afecta a quienes tienen necesidad de cualquier tipo de asistencia médica. Es obvio que, junto a las pensiones asistenciales y al pago de las prestaciones por desempleo, forman el triduo básico en el que, tanto el Gobierno como la Sanidad, debe poner el máximo empeño en mantenerlo debidamente atendido como prioridad absoluta.

Ya hace tiempo, no obstante, que, a la chita callando, se van intentando colar a la ciudadanía determinadas opiniones, los inevitables sondeos exploratorios, sobre la posibilidad de que, no sólo los médicos titulados, sino las enfermeras y otros profesionales médicos de semejante titulación, pudieran expedir recetas de medicamentos, aparentemente inofensivos, que actualmente se los suele dispensar sin necesidad de la preceptiva receta de un médico. Es obvio que la Seguridad Social tiene problemas para asistir a la avalancha de beneficiarios que hacen uso de sus servicios, tampoco podemos dejar de consignar que el señor Caldera, cuando se tiró el farol de regularizar la situación de más de un millón de inmigrantes sin papeles, contribuyó, sin duda alguna, a que los servicios médicos sufrieran una carga adicional sin que, por parte de los organismos directivos de la Seguridad Social, se aumentase la plantilla de facultativos para evitar las aglomeraciones que se producían. Así, una plantilla de médicos, a los que se les cronometra el tiempo que dedican a cada visita, que se les limitan los medicamentes que pueden recetar y que, forzosamente, son incapaces de atender, como deberían, a sus pacientes; con el consiguiente disgusto para quienes son atendidos en sus dispensarios; mal pagados; a veces peor tratados y poco motivados; son incapaces de hacerse cargo de una carga de trabajo superior a la que debieran tener y, por supuesto, imposible de ser despachada con la debida eficiencia.

Ahora bien, en lugar de convocar más plazas de médicos, en vez de retribuir mejor a quienes se ven obligados a esforzarse más o, reforzando las instalaciones y dotándolas de mejores medios y sistemas automáticos que facilitaran el diagnóstico de las enfermedades; ¿qué es lo que se les ocurre a estas “mentes plecaras” que nos gobiernan? Pues, como cualquiera de las soluciones apuntadas representan gastarse dinero y, por raro que les pueda parecer, en España hay dinero para regalar supositorios en los países africanos; también para regalar millones a las tiranías del Cono Sur americano; para la Alianza de Civilizaciones o para que el señor Carod vaya abriendo “embajadas catalanas” por todo el mundo, al coste de más de dos millones de euros cada una de ellas, más los pingues salarios que perciben los paniaguados a los que se emplea para atenderlas o ¡admírense ustedes!, la última gracia de nuestro Ejecutivo, aprobar un plan estratégico para la Aeronáutica en el cual va a invertir la friolera de 3.732 millones de euros, ¿de dónde los va a sacar si no tiene dinero para pagar el paro y, por ello, dice que tiene que aumentar los impuestos? Por supuesto se endeudará más. Pero, lo que es para la asistencia médica a los enfermos de la Seguridad social, parece que no queda un chavo. Así es que, han decidido acudir a lo más económico, lo más chabacano, lo más fácil y menos complicado, señores, han decidido, y así se ha acordado en el Congreso de Diputados, por medio de una reforma de las leyes, que los podólogos y las enfermeras puedan recetar, sin supervisión médica, determinados medicamentos, cuya lista se va a elaborar en un periodo de un año; con el objeto dea descargar a los médicos de visitar a cierto grupo de enfermos que presenten síntomas de enfermedades de poco riesgo.

Pero, inmediatamente, se presenta la gran duda. ¿Existen enfermedades que puedan presentar síntomas de otras menos graves, que puedan confundir a profesionales que no tienen los suficientes conocimientos médicos? Imaginemos a un señor que tiene una ligera tos, pero pueda tener una enfermedad de mayor gravedad que sólo, a través de un reconocimiento médico, se podría detectar; al que la enfermara de turno, convencida de que sólo se trata de un ligero catarro, lo despacha con una receta de aspirinas. ¿Qué ocurriría si, a las pocas horas, aquello que se ha tratado como un catarro deviene en una bronconeumonía o en cualquier otra dolencia grave que está fuera del alcance de una simple ayudante sanitaria? Hoy en día, que tan extendida está la práctica de llevar a los galenos a los tribunales, ¿ a quién deberían demandar los afectados por el error cometido por la enfermera?, ¿ a ella, a la que se le autorizado para algo para lo que no está preparada?, ¿al médico de cabecera, por no haber visitado a un enfermo que, aparentemente, no era necesario hacerlo?, o a la propia institución de la Seguridad Social, por permitir el ejercicio sin título de una profesión para la que las pruebas académicas de la facultad de enfermería no han facultado?.

Mucho me temo que, lejos de constituir una solución que descongestione las visitas al médico, es muy probable que sea un semillero de disputas entre los pacientes y las enfermeras que quieran sacárselos de encima con la receta, por ejemplo, de un ibuprofeno y, los interesados, no estén conformes con el tratamiento que se les ha prescrito o con el diagnóstico de la enfermera o podólogo, y exijan ser visitados por el correspondiente facultativo para que confirme si aquella receta es la adecuada o resulta ser que está equivocada y que, la enfermedad, tiene mayor entidad que la diagnosticada anteriormente. Bastarán unas pocas sentencias condenatorias para que todo el sistema quede cogido por alfileres y el Colegio Médico tome las correspondientes medidas para que desde el Ministerio de Sanidad se ponga remedio al entuerto. Sin duda un regalo para los abogados especializados en reclamaciones ante la Seguridad Social, que podrán salir de la crisis haciendo su agosto a costa del Estado. Lo dicho, a mí que no me vengan con estas soluciones, eminentemente basadas en cuestiones económicas, olvidándose del derecho de los enfermos a recibir el mejor tratamiento posible. Si esto es lo que nos saben dar los socialistas, mejor que se vayan a casa a espigar cebollinos.