Historia de una difamación (Gambirazio Ediciones, 2022) del reconocido periodista de investigación Miguel Ramírez Puelles, tranquilamente puede formar parte de la categoría libros impopulares. Ramírez, quien contó con la colaboración del periodista José Rosales, desmenuza y expone los errores de una investigación periodística que destruyó la reputación de una persona.

Por sus páginas desfilan connotados nombres de prensa y reputados periodistas de investigación enfrentados públicamente; también está presente un medio de comunicación de alcance global, y más: intereses inmobiliarios, bandas criminales, curas, pobladores humildes, abogados y testigos dispuestos a denunciar. A ello se suma el escenario atmosférico: una influyente organización religiosa, cuyo fundador fue denunciado por violencia sexual. Extrañamente, esta publicación no ha tenido la resonancia y discusión que merecía.

La lectura de Historia de una difamación resulta saludable —exhibe la virtud de renovar/afianzar el ideal de la búsqueda de la verdad, a saber— y tiene ecos en la actualidad en cuanto al rigor periodístico, pero otra cosa es recomendarla… El entusiasmo acaba cuando peligran las relaciones… He ahí la razón de su impopularidad, porque Ramírez presenta un relato incómodo que no obedece a la corrección política que viene pautando, y para mal, a buena parte de la prensa peruana hoy.

—En el año 2016, la cadena árabe Al Jazeera emitió el reportaje El escándalo del Sodalicio de los periodistas Daniel Yovera y Seamus Mirodan. Alberto Gómez de la Torre, quien en 2012 era administrador de un proyecto inmobiliario que inició la Asociación Civil San Juan Bautista, ligada al Sodalicio de Vida Cristana, querelló por difamación a Yovera. ¿Por qué decidiste abordar el caso de Gómez de la Torre?

Tomé el caso de Alberto Gómez de la Torre porque se trata de un claro caso de mala praxis periodística que terminó afectando su honor. Cualquier persona que vea el documental y lea el libro, más aún si es un periodista, se dará cuenta de los flagrantes errores, omisiones y mala intención que hubo de parte de los autores. Recogieron y difundieron entrevistas de cuatro testigos con antecedentes. Ese no era el problema, pues una persona con antecedentes delictivos puede ser un buen testigo. Lo grave es que los dichos de ellos no fueron corroborados. Lo que es peor, la investigación del libro descubrió que eran falsos. No hubo el mínimo esfuerzo de corroboración y contrastación de sus afirmaciones y hechos, un requisito fundamental cuando se hace periodismo de investigación.

—Ya se conocía de las atrocidades sexuales del Sodalicio.

Claro, sé sobre los abusos sexuales y maltratos físicos que los principales jefes del Sodalicio cometieron en contra de muchos de sus exmiembros. Condeno esos hechos. Es injusto que Luis Fernando Figari, el fundador de esa agrupación, y sobre quien existen pruebas de esas prácticas delictivas, viva en una cárcel dorada en Roma. Figari debería estar aquí en el país y purgar condena en una cárcel común. También se ha publicado respecto de los supuestos negocios y empresas ficticias que tendrían en el extranjero. Esa es una de las primeras aclaraciones y precisiones que hago en el libro.

— En el libro indicas que, al anunciar su pronta publicación, se insinuó vía redes sociales que Gómez de la Torre y el Sodalicio pudieron haberte pagado para que lo escribas.

El libro se centra específicamente en el tema de la falta de rigurosidad del documental, en donde el único que sale perjudicado es el señor Alberto Gómez de la Torre. Gómez de la Torre ni siquiera es sodálite. Lo he dicho varias veces y lo reitero, no hubo pago alguno para hacer el libro. Ese es el argumento que han utilizado y utilizan los autores del errado documental para desacreditarme, sin éxito, obviamente, pero especialmente para esconder los flagrantes errores y omisiones que existen en él.

—La historia era, digamos de alguna manera, “impopular”, aunque muy atractiva como tal.

Yo solo he buscado la verdad, como es el deber de todo periodista, más aún de los que hacemos periodismo de investigación, así esto nos traiga consecuencias y críticas malintencionadas. Una de las características del periodismo de investigación es nadar contra la corriente, desentrañar casos que pretenden ser ocultados o versiones que la gente da ciertas, pero que esconden y tergiversan la verdad.

—La pregunta es sencilla, pero hay que formularla otra vez: ¿qué debe buscar un periodista?

Cuando empecé en el periodismo, allá por 1986, Francisco Igartua Rovira, el director de la revista OIGA, uno de los semanarios más importantes de la historia de la prensa nacional, nos inculcaba siempre buscar la verdad de los hechos, incluso a costa de perder amistades. Ese es el caso de Alberto Gómez de la Torre y de dos más que relato en el libro.

—Los casos de Cristóbal Pizarro y Fernando Zevallos.

Uno de ellos es el de Cristóbal Pizarro, un dirigente sindical que en 1990 fue acusado por las autoridades de ser terrorista y uno de los asesinos del general del Ejército Enrique López Albújar. Su foto y su nombre se publicaron en las primeras planas de los periódicos. Pizarro se entregó afirmando ser inocente, pero nadie le creyó y fue enviado a prisión. Sus familiares llamaron a la revista OIGA, y me encargaron investigar su caso. Me reuní con él muchas veces en la prisión.

Después de varias semanas, que incluyeron varios viajes al interior del país, mi investigación probó que Pizarro no era el autor del crimen: el día y la hora que se produjo el crimen él estaba en Chimbote, donde trabajaba, y no en Lima. Cuando publiqué su historia, varios amigos y fuentes de la policía dejaron de hablarme y empezaron a criticarme a mis espaldas. Decían que estaba defendiendo a un terrorista. Tiempo después, el Poder Judicial decretó la libertad de Pizarro. Salió libre después de haber estado 23 meses preso siendo inocente.

El otro caso me pasó, allá por 1995, cuando empecé a investigar en el diario El Comercio al empresario aerocomercial Fernando Zevallos, el “Lunarejo”, quien ha sido considerado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como uno de los diez narcotraficantes más poderosos del mundo. En ese momento, “Lunarejo” era el magnate de la aviación comercial, se codeaba con la flor y nata de la política, el empresariado, jueces, fiscales, militares, policías y, claro, muchos periodistas.

Después de seis meses de estar investigándolo (hasta ese momento no se publicaba ni una línea del reportaje) fui a entrevistarlo para que me diera su versión respecto de lo había encontrado y descubierto sobre sus inicios en el mundo del narcotráfico en Uchiza, un pequeño pueblo de la selva que en los años 80 era la capital de la droga que salía a Colombia. Minutos antes de la entrevista se apareció una persona que era muy querida y estimada por mi familia. Era como un segundo padre para mis hermanos y yo. “Lunarejo” se había dado el trabajo de investigar mi más íntimo entorno familiar. Esta persona me sugirió sutilmente olvidarme de mi investigación, a lo que, obviamente, no accedí. En este caso también prevaleció la verdad, pese a que ello me trajo consecuencias familiares, hasta hoy irrecuperables. En el año 2005, “Lunarejo” fue sentenciado a 27 años de prisión por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, en buena parte por las publicaciones que, durante 15 años, hice sobre él en El Comercio.

—No es buena señal que los periodistas sean querellados por difamación, en especial cuando las denuncias se presentan con sustento.

Toda querella es una amenaza para el periodista. Sin embargo, si el periodista está seguro que ha hecho un buen reportaje y su denuncia es sólida y bien argumentada, no tiene por qué preocuparse. De hecho, una querella perjudica porque demanda tiempo y dinero para pagar al abogado. Por supuesto, en el otro lado, si una persona cree que el reportaje lo ha difamado tiene todo el derecho de querellar al hombre de prensa.

Por ello, el periodista tiene que esmerarse, hasta el último minuto, en comprobar si lo que va a publicar es cierto y tiene sustento, además de consignar la versión de la persona que va a mencionar en su reportaje de investigación.

—Sobre el reportaje, has precisado que los cuatro testigos de Yovera tenían antecedentes penales. En este sentido, ¿cómo canalizabas este aspecto de haber estado a cargo de la investigación?

En este caso específico, los autores basaron su documental en cuatro testigos poco fiables, con antecedentes policiales y judiciales. No es inválido, por cierto, tener testigos de esa condición. Cuando investigué al narcotraficante Fernando Zevallos tuve que tratar con muchas fuentes de ese siniestro mundo que lo habían conocido y me contaban y denunciaban cosas de él, pero cuando hacía la verificación de sus dichos, en muchos casos, resultaban falsos. Y eso jamás se publicó. En el reportaje de Al Jazeera se creyó en la versión de los cuatro, no se hizo verificación alguna de lo que declararon. Y, lo que es peor, la investigación del libro descubrió que sus afirmaciones eran falsas.

El testigo de mayor importancia en ese documental era el señor Samuel Alberca, el fundador de la banda la Gran Cruz del Norte y quien había estado en prisión por robo agravado. Este caso es el más relevante y es la mejor prueba de la mala praxis periodística de los autores.

Alberca le declaró al periodista Yovera que el señor Alberto Gómez de la Torre y el monseñor de Piura, José Antonio Eguren, le ofrecieron a él y al otro cabecilla de la banda delincuencial un pago de 3 millones de dólares, para que invadieran terrenos de humildes pobladores y luego se los dieran a ellos.

En el reportaje se consigna tal cual la declaración de Alberca, pero no se aporta ni un solo indicio, hecho o declaración, que sustente tamaña y gravísima imputación. Absolutamente nada. La investigación del libro descubrió que ni siquiera se acudió al lugar donde supuestamente se ofreció el soborno, ni se buscó a otros testigos que corroboraran el dicho de Alberca.

Ese testimonio es tan desacreditado que el mismo periodista Daniel Yovera, cuando fue preguntado por una jueza sobre esa declaración que consignó en su reportaje, respondió: “Alberca narró una reunión que tuvo en una iglesia de Piura, Santísimo Sacramento creo, donde le propusieron invadir tierras y no aceptó. La producción consideró que su declaración era verosímil y se buscó la contrastación de dicho testimonio que, lamentablemente, no se dio. Era una declaración sui géneris, pues no había forma de comprobar su veracidad”.

Como se puede ver, en esta declaración se advierte que el periodista no podía sustentar lo dicho por su testigo que, además, era un delincuente. La pregunta se cae de madura: ¿Si no había forma de comprobar la veracidad del dicho, por qué le dio credibilidad y lo insertó en el reportaje? Lo más imparcial hubiera sido afirmar que dicha versión no pudo ser confirmada.

—¿Y sobre los otros tres testigos del reportaje?

Las versiones de los otros tres testigos también adolecen de la respectiva sustentación. No se tomó en cuenta un concepto primordial que todo periodista de investigación debe asumir a la hora de recoger la versión de fuentes con antecedentes: dudar, ser escéptico sobre lo que afirman. Si ya con una fuente seria tienes que tener cuidado y verificar lo que dice, con una fuente con antecedentes el periodista se tiene que esmerar más, el doble, el triple, en comprobar sus afirmaciones.

Eso no se hizo. Yo hubiese actuado con el rigor debido. Por eso es que Alberto Gómez de la Torre querelló al periodista. De hecho, no es buena señal que el periodista sea querellado, pero la persona que se siente afectada, y los hechos le dan la razón, tiene todo el derecho de demandarlo.

—Tras la lectura de Historia de una difamación y la revisión del reportaje (disponible para el público en Internet), se colige que en este último dominó más la cabeza caliente que la cabeza fría. Presentan a Gómez de la Torre como traficante de terrenos y aliado de bandas criminales.

Alberto Gómez de la Torre no niega que se efectuaron pagos a la banda La Gran Cruz del Norte, pero no para que invadieran terrenos y luego se los dieran a la Asociación Civil San Juan Bautista, que él representaba, y que el documental vincula con el Sodalicio. Los pagos eran por seguridad para que los terrenos, que habían sido adquiridos legalmente por esa institución, no fueran invadidos. Allí, como se ve, hay una diferencia radical entre ambas situaciones. Lamentablemente en el país existen bandas dedicadas a extorsionar a las empresas inmobiliarias para no invadir sus terrenos y dejarlos trabajar. Tan peligrosas son estas organizaciones que la policía ha tenido que crear una dirección encargada de la investigación de estos casos.

Por todo lo investigado, se puede colegir que el reportaje de Al Jazeera apuntaba a atacar al Sodalicio, pues el monseñor José Antonio Eguren, quien es sodálite, había sido uno de los fundadores de la Asociación Civil San Juan Bautista. Ello pese a que, cuando ocurrieron los hechos, él ya se había retirado muchos años antes. En ese afán de querer vincular a esta entidad religiosa cuestionada, arrasaron con la honra de una persona que no tiene nada que ver con ese tema: Alberto Gómez de la Torre, con testigos nada fiables y con versiones falsas. En el periodismo de investigación el fin no justifica los medios. Es decir, por querer descubrir a un responsable, no puedes aplastar honras o actuar con la “cabeza caliente” y predispuesto a que lo crees es cierto. Reportajes mal hechos desacreditan toda una buena y constante investigación.

—Al final del libro, consignas la lista de periodistas que apoyaron a Yovera ante la denuncia de Gómez de la Torre. ¿Qué pensaste cuando la viste por primera vez?

De hecho, me indignó cuando salió ese comunicado público firmado por 72 periodistas, que me acusaban falsamente de defender al Sodalicio y ser enemigo del periodismo de investigación. Varios de ellos conocían mi trayectoria, pero se prestaron a esa campaña para defender ese mal reportaje y a sus autores, pues ellos forman una camarilla, se creen dueños de la verdad. Es un grupo de periodistas bien fuerte, casi todos de tendencia de izquierda. Cuando tocan a uno de ellos saltan al techo y te revientan por las redes sociales. Ni siquiera había terminado el libro y me estaban atacando. No sé si en otros países habrá ocurrido una cosa parecida, en donde se juntan muchos periodistas para querer desacreditar a otro que solo quiere revelar la verdad de un hecho. Ese ataque me dio más ánimo para publicar el libro. El libro es mi respuesta.

—El reconocido periodista Edmundo Cruz, sostuvo en 2021 que tu informe “Al Jazeera: falsedades y omisiones de un documental”, de 2020, seguía “un patrón”. Leído de otra manera: acomodar el discurso para fortalecer la denuncia de Gómez de la Torre. ¿Por qué tú tienes la razón y Cruz no?

Respeto la trayectoria profesional de Edmundo Cruz. Hemos sido amigos. Pero Cruz no es objetivo en su informe. Por ejemplo, sostiene que el reportaje del periodista Yovera cumple con los requisitos esenciales de un reportaje de investigación. Según asegura, su hipótesis “está sustentada en testimonios”. Ya hemos visto que los testimonios de los entrevistados, todos ellos con antecedentes, no tienen sustento. Sobre este punto medular, la versión de los testigos, Cruz no dice nada. No se trata de quién tenga la razón, Cruz o yo. Hay que cotejar el reportaje de Al Jazeera y el libro para sacar conclusiones.

—En 2023, la denuncia de Gómez de la Torre contra Yovera fue archivada. Aquí hay un relato peculiar: durante un tramo de su intervención, Gómez de la Torre dice: “El querellado no ha dicho nada en mi contra”. Esto hubiese supuesto la absolución de Yovera, no obstante, el Segundo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió archivar la denuncia por prescripción, hecho que suscitó la queja de los abogados de Yovera. ¿Qué impresión te merece esta decisión? y ¿por qué los medios informaron solo una parte de la declaración de Gómez de la Torre? Está claro que informar a medias es mentir.

Esa fue la segunda y última intervención del señor Alberto Gómez de la Torre. Fue un exabrupto que los defensores del periodista Yovera utilizaron tendenciosamente por las redes sociales y medios amigos. Fiel a su estilo, contaron una media verdad. No dijeron nada sobre la primera intervención de Gómez de la Torre, en donde él fustigó duramente el daño a su honor que le había causado el periodista. El demandante se centró en las declaraciones de una de las entrevistadas en el documental, quien relató que, en uno de los terrenos que supuestamente él invadió, fueron asesinados dos viejitos, lo que no fue cierto. Gómez de la Torre le dijo al juez que el periodista había contactado y entrevistado a esa testigo “y no se le ocurrió preguntarle cómo podía probar eso, no se le ocurrió, él es el periodista, debió corroborar, no lo hizo, y ahora viene con que el Sodalicio, el monseñor Eguren, que pagamos, no pagamos. Eso qué tiene que ver. ¿Cómo le explicaba a mis hijos que lo que decía esa señora era falso? Dígame, señor juez, ¿no dañó eso mi honra, mi apellido? Y me tiene siete años peleando con este señor que se pasea por todos los programas de televisión diciendo lo mismo, que está perseguido por el Sodalicio”.

Como era obvio, Gómez de la Torre también cuestionó la versión del delincuente Samuel Alberca, quien lo acusó de haberle propuesto un soborno de 3 millones de dólares. “Otra vez —le dijo al juez en la audiencia que fue transmitida, por presión de los seguidores de Yovera, públicamente por el canal del Poder Judicial— no corroboró. ¿Sabe qué hizo el señor Yovera ante un juez en Piura cuando le preguntaron sobre ese testimonio? Dijo que ese testimonio fue “muy sui géneris”. Claro, pero igual lo hizo. Le tomó la declaración y lo filmó, y allí está en el reportaje…”.

Gómez de la Torre le pidió al magistrado que valorara esos dos casos para comprobar la difamación contra su persona, “el resto del reportaje me interesa poco. Yo no soy sodálite. Me interesa poco lo que diga y piense este señor sobre los sodálites. Yo no pertenezco a ninguna organización criminal, como dice el abogado (del periodista)”.

Como cualquier lector lo puede advertir, lo que dijo en su segunda intervención Gómez de la Torre fue una mala expresión. Por lo demás, qué sentido tendría que, después de batallar siete largos años, al final diga que “el querellado no ha dicho nada en mi contra”. Creo que esto último primó en el criterio del juez para no sentenciar a Yovera y declarar la prescripción del caso. Una prescripción no es una absolución.

—¿Cómo quedó Gómez de la Torre tras el archivamiento?

Disconforme. Entiendo que apeló, pero desconozco en qué terminó su reclamo.

— Tu libro bien puede ser una metáfora de lo que está pasando en el periodismo peruano actual. Un caso reciente: el del exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Jaime Villanueva, que más parece jugador que filósofo.

Claro, el libro tiene un símil en varios aspectos con lo que desde hace varios años ocurre en el caso Lava Jato, específicamente en el tema de la verificación de fuentes y hechos, y que ahora está destapando el colaborador eficaz Jaime Villanueva, el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los fiscales a cargo de esa investigación tejieron toda una red de amigos periodistas para direccionar sus casos contra políticos que ellos querían afectar y proteger a otros. Según lo que se conoce, filtraban declaraciones reservadas de colaboradores eficaces y los periodistas la publicaban sin la más mínima corroboración. El objetivo de estas malas autoridades era criminalizar a sus investigados y crear en la opinión pública un respaldo popular a sus acciones.

—Muchos creyeron al pie de la letra las declaraciones de Villanueva.

Los periodistas —no todos, por supuesto— se convirtieron en simples transcriptores de declaraciones. Hacían un copia y pega. Muchas veces, en un solo día, la misma declaración de un delator se publicaba, tal cual, en varios periódicos y en los programas de televisión. Yo he visto y he sido testigo, incluso, que las declaraciones que estaba brindando un delator en una audiencia reservada eran enviadas, en tiempo real, a los WhatsApp de amigos periodistas.

—Ahora se ve al periodista más como un operador, y variantes similares, que como un periodista.

Los colegas actuaban como operadores de los propios fiscales. Todo lo contrario, ocurría en mis épocas de reportero. En los años 80 y 90, hablar o tener contacto con un fiscal era toda una hazaña. A lo mucho, te decían la hora y el lugar en donde iban a interrogar a un investigado. Hoy ocurre al revés.

—¿Este es el peor momento del periodismo peruano?

No es el peor momento de la prensa peruana. Lo que pasa es que, pese a todo lo que se está conociendo, no hay autocrítica. Lo que es peor, hay un marcado activismo político en el periodismo. Es lamentable.

El buen periodismo no tiene preferencias ni colores políticos. Debe prevalecer la verdad, así te origine problemas o distanciamientos con los propios colegas y amigos, como me ocurrió a mí. Algunos nos llaman periodistas “políticamente incorrectos”.

—¿Cómo cambiar esta situación?

El cambio, especialmente de los jóvenes periodistas, debe partir de ellos mismos. Mucho tienen que ver los jefes, editores y directores, que, se supone, son los más experimentados. Lo que ocurre, lamentablemente, es que hoy en día en las redacciones de los medios encuentras pocos jefes con la experiencia suficiente para formar nuevos cuadros.