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El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el ministro de Relaciones Exteriores de chile, Heraldo Muñoz, han protagonizado un nuevo roce por la disputa del acceso al mar de Bolivia por territorio bajo control chileno en la red social Twitter.
Morales ha hecho un llamamiento al diálogo "para resolver temas humanitarios de dos pueblos hermanos". Más tarde se ha dirigido directamente al Gobierno de Chile: "es más digno reconocer que desconocer falencias sobre cuestiones humanas".
Muñoz ha respondido enseguida recordando la polémica visita del ministro de Exteriores boliviano, David Choquehuanca, a Arica y Antofagasta, en el norte de Chile, muy criticada por Santiago. "Ofrecen 'diálogo' después de show... y siguen agravios. ¡Un chiste! Diálogo es con respeto (principio elemental) y por conductos apropiados", ha argumentado.
Chiquehuanca no pudo entrar en las instalaciones del puerto de Arica, pero sí en el de Antofagasta. Desde allí dijo que "se ha comprobado la discriminación a la carga boliviana" y apoyó así a los camioneros de su país que denuncian maltrato por parte en Chile.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mantenido un primer encuentro con el objetivo de establecer las líneas de colaboración y los mecanismos necesarios para que los derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores estén presentes en el marco de las políticas municipales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
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