La nueva verdad acerca de la inmigración ilegal es que la aplicación de la ley está funcionando. Es hora de abandonar la lucha entre activistas pro-inmigración que nunca ven una medida que les guste y activistas detractores que se niegan a reconocer que el gobierno funciona.

A lo largo de fronteras estadounidenses y por todo el país, las medidas iniciadas bajo la administración de George W. Bush y afinadas y ampliadas bajo la presidencia de Obama están reduciendo la entrada de ilegales, deteniendo a los empresarios que los contratan y deportando a los inmigrantes con antecedentes penales.

Los resultados hasta ahora son tales que, por primera vez en su historia, la nación está a un tiro de piedra de controlar la inmigración haciendo uso de las fuerzas del orden. Algunas de las cifras son dramáticas.

Son necesarios más ajustes, en especial el desarrollo de la licencia de trabajo a prueba de fraudes que permitiría un control aún más estricto del empleo y de los patronos, la medida más eficaz de todas. Pero la implantación llevará más de una década, y el sistema electrónico que se está pidiendo a todos los contratistas federales y a un número creciente de estados está funcionando aceptablemente.

Lo que significa todo esto es que ya es hora de que los dirigentes políticos de ambos partidos se alejen de los extremistas estridentes y den su aprobación a lo que las dos terceras partes de los estadounidenses dicen querer en las encuestas, además del cumplimiento de la ley de inmigración: sacar del anonimato a los aproximadamente 12 millones de inmigrantes sin papeles, ofreciendo la legalización que les obliga a someterse a la verificación de antecedentes, aprender inglés y pagar impuestos, y ampliar los programas de trabajo temporal que satisfagan las necesidades futuras de los trabajadores inmigrantes.

La mayoría de los estadounidenses reconoce que estos elementos son necesarios para que cualquier sistema de inmigración funcione. No hay forma práctica o humana de expulsar a 12 millones de personas. Y nuestra economía los necesita. Las iniciativas anteriores fracasaron porque carecían de los mecanismos de implantación y de las vías legales para satisfacer la demanda acuciante tanto de patronos como de mano de obra extranjera.

Obama tiene demasiadas cosas entre manos para abrir el camino a tal reforma integral de la inmigración desesperadamente necesaria, y por tanto Janet Napolitano, su trabajadora secretario de seguridad nacional, debe da el paso para cubrir su vacío. Su experiencia ejecutiva como gobernadora y el conocimiento que tiene de la inmigración procedente del estado fronterizo de Arizona han hecho de ella uno de los miembros del gabinete más eficientes de la administración. Sin embargo, sus energías se han centrado en mejorar la implementación de la ley, y no en defender públicamente los elementos complementarios, como ella misma reconoció en una reciente reunión mantenida en la Casa Blanca con activistas pro-reforma.

Hay algo de apoyo Republicano a la reforma. Obama, Napolitano y el Senador John McCain prácticamente comparten las mismas opiniones sobre inmigración. El presidente y McCain vienen tratando supuestamente el tema en privado. El Republicano de Arizona ha sido un líder de la reforma integral, y con la mejora en la implementación, ahora cuenta con la cobertura política que necesita para volver a la batalla.

Los Demócratas del Congreso, mientras tanto, han seguido adelante con el programa. Charles Schumer, de Nueva York, que encabeza los esfuerzos de reforma del Senado, ha demostrado que apoya una implantación eficaz. Hasta complacía recientemente a la figura anti-inmigrantes Lou Dobbs por el abandono del uso del eufemismo inmigrantes "indocumentados" para llamarlos "ilegales".

Aparte de las divisiones Demócratas por programas de trabajadores temporales, la principal pregunta ahora es si los Republicanos populistas del Congreso aceptarán que la implantación está funcionando.

El número de oficiales de la Patrulla Fronteriza ha crecido hasta casi 20.000 desde 3.000 en 1986, según el Departamento de Seguridad Nacional. Y el Pew Hispanic Center concluye que el número de mexicanos que entran al país - la inmensa mayoría de ellos cruzan ilegalmente la frontera - se ha reducido de casi 600.000 en 2004 hasta aproximadamente 200.000 en el ejercicio que terminó en febrero. Una razón es la recesión, pero los posibles indocumentados de México revelan que la combinación de vallas, barreras para vehículos y vigilancia electrónica ha hecho la entrada cada vez más peligrosa y costosa.

Desde que el gobierno en 2006 detuvo la "captura y liberación" de los inmigrantes ilegales dentro del país, el número de detenciones aumentó a 369.000 el año pasado y se espera que supere los 400.000 este año. Las deportaciones aumentaron a 360.000 el año pasado, siete veces más que en 1995.

Napolitano está construyendo un sistema que esencialmente vigila las violaciones de la ley de inmigración por parte de los detenidos y encarcelados en cada ciudad y municipio del país. El objetivo declarado es eliminar a los delincuentes inmigrantes, pero depende de las autoridades locales decidir cómo definir "delincuente". Casi todo el mundo entregado a los federales es deportado. En algunos lugares donde el escrutinio ha comenzado, hay perfiles y otros abusos que han de ser detenidos, pero en general el sistema se considera eficaz.

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Edward Schumacher-Matos, de The Washington Post Writers Group.