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Edward Schumacher-Matos
The Washington Post Writers Group
Edward Schumacher-Matos es un empresario y periodista estadounidense de origen colombiano. Ha sido editor fundador del Wall Street Journal Américas y formó parte del equipo del Philadelphia Inquirer que recibió el Pulitzer en 1.979.
Edward Schumacher-Matos
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¿Ciudadanos todos o ninguno?
Edward Schumacher-Matos
BOSTON - ¿Pierde su significado la ciudadanía? ¿Está marchitándose la vinculación emocional a la nación y a los conciudadanos estadounidenses en un mundo de implacable migración, dobles nacionalidades e integración cultural?

Estos interrogantes fundamentales subyacen al debate en torno a la ciudadanía por nacimiento, pero también guardan implicaciones centrales en el apoyo de la opinión pública al régimen fiscal, la reforma sanitaria, la financiación escolar, el servicio militar o simplemente el discurso público, algo particularmente valioso esta última semana.

La mayor parte de Europa, Australia y Canadá entre otros países de ideales universalistas de tolerancia bregan con esta misma cuestión. Pero aunque los activistas detractores vierten con cualquier excusa acusaciones de racismo, islamofobia, abuso de la administración o delincuencia inmigrante que tienen parte de verdad, añaden más confusión que claridad.

Los decibelios de la expresión pública agotan un debate más crucial que tiene lugar entre sociólogos y académicos juristas. Éste depende de la cuestión de si la ciudadanía se basa o debe basarse en el origen familiar o el lugar de nacimiento, ser consensuada o atribuible, o ser excluyente o incluyente. Cada opción conlleva su propio coste político en el debate.

Si hay una conclusión para el Presidente Obama y los líderes del Congreso es que deberían proceder con humildad al manipular la ciudadanía frente a las tendencias históricas inexorables y las consecuencias imprevistas.

Uno de los estudios más provocadores y discutidos es fatalista. El profesor de la Temple University Peter J. Spiro sostiene en su obra más reciente, "Beyond Citizenship: American Identity After Globalization", que el declive de la ciudadanía como concepto "significativo" o "real" es irreversible. Se ha convertido en una simple idea legalista basada en derechos, no deberes, y naciones que compiten por los inmigrantes.

El valor de la ciudadanía estadounidense se ha ido diluyendo a causa de la sobre-inclusividad. La inclusión puede ser necesaria, pero dice: "Una vez que todo el mundo es estadounidense, nadie es estadounidense". Él no ofrece soluciones.

Jeff Redding, de la Saint Louis University, firmando en el número más reciente de la publicación especializada Minnesota Law Review, se muestra más optimista. Dice que Spiro se equivoca al utilizar la religión o alguna otra institución como prueba de que la exclusión es necesaria para construir la identidad y fomentar la cohesión interna.

La ciudadanía por nacimiento es simplemente un factor del pesimista análisis de Spiro. Garrett Epps, de la Universidad de Baltimore, aborda los orígenes históricos de la práctica frontalmente en el American University Law Review. Experto en la Decimocuarta Enmienda, Epps cita ampliamente transcripciones del debate legislativo, pasa revista a los politólogos del siglo XIX y presenta otras pruebas para demostrar de forma muy concluyente que los artífices de la enmienda, redactada tras la Guerra Civil, la concibieron a propósito para incluir a los inmigrantes y no solamente a los esclavos liberados, como dicen algunos.

Concretamente se fija en "Citizenship Without Consent", una obra de 1985 de Peter Schuck, de la Universidad de Yale, con Rogers M. Smith, de la Universidad de Pennsylvania, considerada la biblia de los contrarios al derecho por nacimiento. Schuck y Smith consideran el derecho a la ciudadanía por nacimiento "una suerte de concepto bastardo de la ideología estadounidense. A pesar de su atractiva sencillez, sigue siendo una idea difícil de explicar".

Defienden en su lugar la ciudadanía consensuada en general: Hay que solicitarla y el país tiene que acceder a concedértela. Los menores de los inmigrantes en situación irregular quedan marcados por la situación de sus tutores y por tanto están excluidos.

Epps reconoce que la ciudadanía consensuada puede ser de valor, pero no es una postura originalista como dicen muchos contrarios al derecho.

Los menores de inmigrantes chinos y gitanos destacan de forma prominente en aquellos debates del Senado en el siglo XIX. Los chinos no se podían acoger a la regularización, mientras que la mayoría de los gitanos carecía de cualquier identificación. "Sin duda", responde el Senador Lyman Trumbull, autor de la Decimocuarta Enmienda, a una pregunta acerca de si su formulación se refiere a los hijos de los dos.

La proporción de oriundos del extranjero era más o menos la misma que ahora, destaca Epps, como la inquietud por la asimilación y la unidad nacional.

Schuck vuelve a la carga en el número actual del Policy Review del Instituto Hoover con un ensayo acerca de "Terroristas ciudadanos". Se sorprende de que ni siquiera el 11 de Septiembre y la amenaza de los ciudadanos regularizados que se vuelven terroristas haya bastado para obligar al país a poner al día las leyes de ciudadanía. Él vuelve a destacar que uno de los problemas del concepto de la ciudadanía por nacimiento con respecto a la ciudadanía es que, al contrario que la ciudadanía regularizada, es casi imposible de anular.

Durante más de un siglo, sin embargo, ha sido la costumbre estadounidense.

lunes, 17 de enero de 2011.
 
La artimaña de la ciudadanía por nacimiento
Edward Schumacher-Matos
BOSTON - El derecho por nacimiento a la ciudadanía estadounidense no tiene nada de sagrado. Pero tampoco hay ninguna razón fundamental de peso para cambiar más de un siglo de jurisprudencia constitucional.

La rebelión encabezada por los Republicanos que abandona las Legislaturas estatales para redefinir la Decimocuarta Enmienda y poner fin a la garantía de ciudadanía a cualquiera nacido en territorio nacional es una artimaña de proporciones épicas. Cuestiona de forma imprudente las competencias de la administración nacional para decidir quién es estadounidense, y al propio sistema federalista.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento no revestiría ninguna polémica real si tuviéramos una reforma integral que pusiera fin al actual nivel elevado de inmigración ilegal. Las noticias de turistas que vienen hasta aquí expresamente para tener un hijo estadounidense pueden ser irritantes, pero son anecdóticas y las cifras son demasiado escasas incluso para dar cuenta de ello.

El verdadero motivo de inquietud práctica son los alrededor de 4 millones de menores estadounidenses por nacimiento con uno o dos progenitores en situación irregular, y ellos nacieron en territorio de los Estados Unidos porque sus padres vinieron a este país a trabajar.

El concepto de "bebé ancla" que los nativistas dicen eleva la inmigración ilegal se equivoca. Un menor nacido aquí de padres que no son ciudadanos tiene que llegar a la madurez antes de poder solicitar la regularización del padre o de la madre, que aún van a tardar muchos años hasta recibir el permiso de residencia. En el caso de los adultos de México, China u otros lados que piensan en llegar ilegalmente a Estados Unidos, es un beneficio muy lejano para hacer grandes cálculos. Ellos vienen aquí en busca de necesarios puestos de trabajo.

Los legisladores estatales y los votantes tienen motivos para estar frustrados con la falta de acción de Washington a la hora de reparar nuestro sistema de inmigración, pero "Washington" son los congresistas y los senadores que nosotros enviamos allí. Tenemos que obligarles a hacer su trabajo.

Los sondeos muestran repetidamente que la mayoría de los estadounidenses conviene en la forma básica de la reforma de la inmigración. Incluiría un sistema legal de trabajo temporal que reemplazaría al programa ilegal oficioso que tenemos en vigor ahora. Ofrecería además una vía a la regularización o la ciudadanía a los alrededor de 11 millones de inmigrantes en situación irregular que ya residen aquí dentro de ese sistema oficioso. Y seguiría estrechando el cerco de nuestro sistema de orden público ya muy estrecho.

La combinación de un programa laboral legal y de medidas estrictas de control satisfaría las exigencias de los granjeros, los constructores, los fabricantes tecnológicos y el resto de empresas estadounidenses al tiempo que impediría a los inmigrantes en situación irregular llegar aquí.

Este arreglo lleva tiempo al alcance de la mano, a falta tan sólo de que Republicanos y Demócratas en el Congreso se puedan distanciar de sus electorados radicales respectivos y responder a lo que quiere la mayoría de los estadounidenses.

En lugar de eso, se nos conduce ahora a un innecesario circo político en torno al derecho a la ciudadanía por nacimiento interpretado por conservadores equivocados en nuestras Legislaturas estatales, que en su mayor parte van a buscar las cosquillas al Presidente Obama y los Demócratas.

Limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento tiene sentido a primera vista. ¿Por qué debe un menor nacido de un turista en suelo estadounidense ser ciudadano estadounidense automáticamente en un mundo moderno de transporte fluido, por ejemplo? La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, se desprende de garantizar la ciudadanía de los esclavos liberados tras la Guerra Civil y los hijos de los inmigrantes cuando la nación todavía estaba abierta al asentamiento. Pocos países son tan generosos en la actualidad.

Es el Tribunal Supremo el que con regularidad ha dado una interpretación abierta al requisito de la Enmienda de que la ciudadanía se aplique a "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos".

En la medida que los defensores de los inmigrantes se oponen a ceder, el presidente hará bien en no resignarse a aceptar las consecuencias de los errores defendiendo la interpretación del Supremo. En lugar de eso, debería de exponer argumentos constitucionales racionales que adviertan de proceder con cautela, y dialogar con un senador Republicano que viene haciendo lo mismo: Lindsey Graham, de Carolina del Sur. Graham convocaba el año pasado vistas para explorar la posibilidad y la forma de proceder a alterar el derecho a la ciudadanía, incluyendo la presentación de enmiendas a la constitución, un proceso a largo plazo.

Las leyes de ciudadanía estatales "modelo" que crean distintos tipos de partidas de nacimiento difundidas esta semana por legisladores Republicanos de Arizona, Pennsylvania, Oklahoma, Carolina del Sur y Georgia - rumoreándose que legisladores de hasta 40 estados las respaldan -- carecen de precedentes en su ataque estatal coordinado contra las competencias federales. Serán repelidos casi con total seguridad por los tribunales por motivos federalistas, sin tan siquiera abordar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Por eso es aún más irresponsable.

sábado, 8 de enero de 2011.
 
Cuando la política se impone a la realidad
Edward Schumacher-Matos
CARTAGENA, Colombia - El Presidente Obama debería encabezar una delegación de líderes sindicales estadounidenses y defensores de los derechos humanos hasta este paraíso caribeño, no para maravillarse ante las impresionantes fortalezas coloniales sino para adentrarse en los barrios pobres de chabolas y nombres creativos como uno llamado Boston.

Lo que descubriría es que hay varios cientos de miles de desplazados a consecuencia de la longeva guerra de guerrillas de Colombia y muchos más a consecuencia de los tres últimos meses de extraordinarias inundaciones y corrimientos de tierra que arrastraron casas, carreteras, granjas y hasta aldeas enteras consigo en una catástrofe a cámara lenta que los meteorólogos dicen podría prolongarse hasta mayo.

Alrededor de 2,2 millones de colombianos han visto afectadas sus vidas, según el nuevo gobierno popular del Presidente Juan Manuel santos, que ha tenido que laminar sus ambiciosos planes de desarrollo para centrarse en la recuperación que ahora espera que cueste cuatro años como máximo. El estado limítrofe de Bolívar ha sido el más afectado.

Entonces Obama y su séquito estadounidense de gente con buenas intenciones debería bajar su cabeza en gesto de vergüenza. Ellos fomentan las condiciones de miseria.

Lo hacen obstaculizando el trámite de un acuerdo de libre comercio aprobado hace cuatro años y aún pendiente de ratificación en el Senado. Sus acciones tienen poco que ver con los derechos humanos que proclaman practicar a los cuatro vientos y mucho con ideología y política. La ideología va contra todo lo que tenga indicios de intercambio más libre. La política es la oposición a George W. Bush y Álvaro Uribe, los presidentes que cerraron el acuerdo.

Una ironía que alguien verdaderamente benefactor encontrará amarga es que, dentro del programa temporal de lucha contra el tráfico andino de estupefacientes, Colombia ha disfrutado durante casi los últimos 19 años de total acceso al mercado que ofrece el acuerdo comercial. En la práctica, son las empresas estadounidenses y la mano de obra las que se beneficiarán del acceso al mercado colombiano que ahora no tienen.

El interés de Colombia es que el acuerdo comercial haga permanente su acceso al mercado estadounidense, dando confianza a los inversores que el país necesita con urgencia a medida que intenta financiar el realojo de más de 1 millón de personas desplazadas por el conflicto, pagar indemnizaciones a las víctimas de la violencia, financiar sus investigaciones judiciales en permanente crecimiento y cada vez más eficaces y otras medidas parecidas que son capitales para los derechos humanos reales.

La inversión también es necesaria para levantar una infraestructura moderna de autopistas, vías ferroviarias, telecomunicaciones y abastecimiento eléctrico asequible que Colombia necesita con desesperación para ser económicamente competitiva pero que ha sido incapaz de lograr a causa de la guerra, y ahora los desastres naturales. El desarrollo económico que eleva el nivel de vida hasta una cota decente en los barrios urbanos pobres y las aldeas rurales también es un derecho humano.

El derecho que colectivos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, dentro de su alianza con la federación de sindicatos industriales AFL-CIO, dicen estar protegiendo está relacionado con el asesinato de sindicalistas. A fecha del 11 de noviembre, según la principal federación sindical colombiana, 38 sindicalistas perdieron la vida este año. Pero mientras que cifras significativas de casos así han terminado siendo investigados y resueltos con sentencias condenatorias por el sistema judicial de Colombia muy profesional, contados son los asesinatos resueltos que han sido relacionados con la actividad sindical. Lo que es más importante, nada indica que haya una campaña anti-sindical sistemática, y no hablemos de la complicidad del gobierno.

Los asesinatos, en otras palabras, parece ser casos aislados, teniendo normalmente más que ver con crímenes pasionales o delincuencia común en un país cuya cultura de violencia es tal que la tercera parte de todos los crímenes a nivel nacional este año se debieron a rencillas, informaba esta semana la Policía Nacional.

Los grupos de derechos humanos están cumpliendo la voluntad de la federación de sindicatos industriales AFL-CIO, que a su vez no está defendiendo el interés de sus afiliados. Juntos, han intimidado al presidente y a los congresistas Demócratas para que el acuerdo comercial ni siquiera llegue a ser sometido a votación.

Lo que suena hueco es su tentativa de achacar a los Republicanos la culpa, como hizo el presidente interino del grupo Robert Gibbs cuando dijo el 17 de diciembre que Obama no iba a remitir el tratado de Colombia al Senado "porque no tiene los votos".

Colombia ha pagado un considerable precio en sangre librando nuestra guerra contra la droga y las guerrillas, cuyos clientes son sobre todo estadounidenses. Santos encabeza un gobierno de unidad nacional y tiene índices de popularidad de hasta el 90 por ciento. ¿Qué hemos hecho para ayudar? El Congreso prorrogaba la semana pasada el acuerdo colombiano preferente a punto de expirar otras seis semanas más, generando aún más incertidumbre a la economía colombiana.

viernes, 31 de diciembre de 2010.
 
 
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07/06/2010 Los sueños de una nación, o la paranoya
29/05/2010 Mareando la perdiz fronteriza
21/05/2010 Cuando Chávez vacile, que vacile
18/05/2010 Europa debe acoger a los inmigrantes
08/05/2010 El coste de la implantación de la Ley de Inmigración
01/05/2010 Una crisis de la inmigración que sólo lo es de nombre
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