El auténtico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo, dijo una vez el músico Kurt D. Cobain, y al parecer es el criterio en boga para seleccionar autoridades en el actual gobierno de Paraguay.

La prensa paraguaya informa hoy que el clérigo Fernando Lugo decidió nombrar a un viejo amigo, el comisario principal Idalino Bianconi Villalba(1), en el cargo de director general de Orden y Seguridad, a pesar de los cuestionamientos a su gestión como jefe de policía del departamento de Alto Paraná, al cual accedió ya por presiones del jefe de Estado, y donde bajo su gestión aumentó la delincuencia e inseguridad de manera alarmante.

Precisamente en esa región, la Policía Nacional halló esta mañana un cadáver en el este del Paraguay, zona de la frontera con Brasil, con 4 a 5 impactos de bala. Según los primeros datos se trataría de Juan Alberto Ortiz, el joven que fue secuestrado el sábado último, hijo de un asesor jurídico del ex gobernador Jotvino Urunaga, vinculado insistentemente con las pistas clandestinas destinadas al narcotráfico que funcionan en los alrededores de Ciudad del Este, en la triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.

Ciudad del este es desde hace tiempo una zona absolutamente fuera de control, santuario único en el mundo de impunidad respecto de variadas formas del delito trasnacionalizado, y donde hay más de un centenar de pistas de aterrizaje de aeronaves que funcionan sin ningún control.

Según frecuentes reportes, existen allí organizaciones dedicadas a la falsificación de todo tipo de documentación personal de todos los países del mundo, y el lugar es señalado por informes de inteligencia de varios países del mundo como zona de concentración del grupo Hezbollah, que recauda dinero allí, para sus actividades.

Semejante paraíso de la ilegalidad no puede privarse de bancos “serios”, dado que existe allí un movimiento anual financiero superior a los 12 millones de dólares, y hay instaladas agencias de los principales bancos del mundo. Transitan por el puente que une las dos ciudades 60 mil personas por día y más de 1500 containeres por mes, cuyo destino es un insondable misterio.

La noticia del asesinato del secuestrado en ciudad del este, crimen en el que hay indicios de participación policial –a favor de los criminales, naturalmente- se produce a menos de una semana del episodio que involucró al narco-policía Viviano Machado (1), hombre de confianza del obispo Fernando Lugo, y a escasas horas de otro “confuso” incidente donde perdieron la vida varios policías, supuestamente persiguiendo abigeos.

Tres uniformados y un civil se encuentran desaparecidos tras hundirse la embarcación en la que se desplazaban en el río Paraguay cerca de la ciudad de Villeta. De acuerdo a la información oficial, los agentes policiales perseguían a abigeos, curiosamente a través del río, lo que hace suponer que tanto criminales como ganado huían a nado.

Las víctimas fueron el subcomisario Oscar Barrios, el sub oficial Rolando Silgueira, un militar de apellido Ibarra y el guardia del establecimiento, Nelson Amarilla. la versión oficial es que el sobrepeso con seis personas a bordo de la canoa hizo naufragar la embarcación, que además tuvo que negar que los uniformados hacían “trabajos privados” para el ex presidente Luís González Macchi.

Estas quemas de archivo y conflictos internos entre uniformados no son nuevos en el Paraguay de la democracia “blanca y burguesa” que llevó al poder al clérigo Fernando Lugo, fuertemente apoyado por grupos de poder vinculados al narcotráfico.

Durante el reinado de uno de los amigos de Lugo, el ex presidente Juan Carlos Wasmosy, acabó ejecutado el mismo zar anti-drogas paraguayos, el general Rosa Rodríguez. El asesinato, acaecido en plena calle y en horas de la mañana el 10 de octubre de 1994, fue traducción final del conflicto por controlar el mercado de las drogas entre factores de poder dentro de la misma milicia paraguaya.

Al día siguiente del asesinato, parlamentarios paraguayos supieron de la extraña presencia de un preso brasileño en la Dirección anti-narcóticos, cuya extradición gestionaba Estados Unidos. Visitado por los congresistas, el brasileño Clovis Catafesta Armillato, reconoció que transportó desde Colombia, pero 756 kilos de cocaína y no 156 como señalaba el pedido de extradición, y que todo formaba parte de un acuerdo con el jefe anti-drogas asesinado para transportar en total 5000 kilos del alcaloide.

Las “entregas vigiladas” habían logrado por entonces reverdecer, e incluso hacer crecer, el próspero negocio del narcotráfico en el Paraguay.

Al reconocer Catafesta el verdadero volumen de su carga, los verdaderos narcotraficantes no tuvieron alternativas. La embajada norteamericana reconoció públicamente la existencia de los 756 kilos de cocaína, y que tenía los 600 kilos que no aparecían en el pedido de extradición guardados en uno de los depósitos de la Legación diplomática en Asunción, como si se tratara de un galpón de la Dirección Anti-narcóticos paraguaya.

“Estas son las cosas que nos hacen dudar de la sinceridad norteamericana en la lucha contra el narcotráfico” fue el comentario en ese entonces, del senador que presidía la comisión que investigaba el tema, Carlos Romero Pereira.

1) Ver noticia en el sitio:
http://www.lanacion.com.py/noticias-264108-2009-08-25.htm

2) Ver nota “Jefe de la policía, Jefe del narcotráfico” en Cubanuestra:

http://www.cubanuestra.nu/web/article.asp?artID=16587