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Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf están covocados a mediodía de este miércoles a una nueva reunión, con el fin de buscar un acuerdo que evitar nuevas huelgas en la compañía ferroviaria.
El nuevo encuentro será el tercero que las dos partes celebren en la última semana y tendrá lugar después de que los maquinistas ya hayan llevado a cabo tres jornadas de huelga en Renfe en la que varios cientos de miles de viajeros se vieron afectados por retrasos y cancelaciones.
Semaf aún tiene convocadas otros cuatro paros, para mañana jueves, los días 24 y 29 de junio, y el día 1 de julio. Además, ha advertido de que programará más huelgas en caso de que al concluir el actual convocatoria no cuenten con un acuerdo con la empresa.
De esta forma, las eventuales nuevas huelgas tendrían lugar durante los meses de verano, los de mayor moviliadad de viajeros de todo el año.
A pesar de discrepar sobre los motivos del paro, el seguimiento y el cumplimiento de los servicios mínimos de las huelgas, Renfe y Semaf han reiterado en distintas ocasiones su voluntad a dialogar y negociar para solventar el conficto y evitar nuevas huelgas.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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