Vamos, señores, ¡un poco de seriedad y vergüenza! Es imposible que se pueda ver algo más de hipocresía, doblez, oportunismo y demagogia barata en la reacción del llamado mundo civilizado ante lo sucedido en Honduras. Esta misma maña estaba escuchando, en una de estas habituales tertulias radiofónicas, al señor director de El Mundo, Pedro J. Ramirez, dándose golpes en el pecho renegando de lo ocurrido en Tegucigalpa argumentando, indignado, que “en una democracia” el Ejército debe permanecer quieto en sus acuartelamientos y callado.

Lo que hubiéramos querido oírle al señor Ramirez hubiera sido una definición de lo que es para él una democracia y si de veras resulta que a su edad, después de su amplia experiencia en política internacional y conociendo las artimañas de las que se valen los dictadores de izquierdas para no abandonar la presa que han mordido, como lo hacen las hienas, por mucho que se usen todos los procedimientos “legales”, “persuasorios” y “democráticos, para que renuncien a ello; por la sencilla razón de que, como se está demostrando en estos momentos, no se trata de un gobernante que haya cumplido con sus obligaciones como tal, no estamos ante un señor que goce del apoyo de la mayoría de la población y, lo que todavía es más peligroso, no es un señor que ame a su patria, que la defienda contra cualquier ingerencia exterior, sino que, como se puede constatar viendo la rapidez con la que ha acudido a sus compinches comunistas, señores Chávez ( el jefe del cotarro), Correa, Ortega y el Canciller de Cuba en busca de árnica para su problema; importándole un bledo si, con su postura levantisca, se desata una guerra contra su país. La velocidad con la que se ha convocado una reunión de emergencia del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) un facsímile del modelo soviético formado por la URSS (Unión de Republicas Socialistas Soviéticas); nos debe dar la medida de la preocupación que ha causado entre esta ristra de caudillos totalitarios, el hecho de que, una de sus piezas clave para armar el puzzle con el que pretenden imponer la dictadura comunista en aquella parte del mundo, les esté fallando.

Dejémonos de actitudes hipócritas, de rasgarse las vestiduras invocando la “sacrosanta” palabra de la “democracia”. El gobierno del pueblo por el pueblo, es como tantas otras frases lapidarias, algo muy hermoso en teoría pero, en la práctica, deja mucho que desear. Veamos, empecemos por el sistema de elección de quienes han de ostentar el mandato de la ciudadanía. El método de listas cerradas ya impide la elección directa por parte de los electores de aquellas personas a las que conocen y consideran idóneas para mantener sus demandas en las Cortes. Los mismos partidos políticos, en manos de unos pocos, que son los que dicen lo que se debe hacer o contra lo que se debe luchar, son otro elemento distorsionante de los verdaderos problemas de la ciudadanía; la imposibilidad de que, durante los cuatro años de mandato, aquellos que confieren las legislativas, exista un método eficaz y efectivo para descabalgar de su puesto a aquel que ha engañado a sus votantes o que ha resultado inepto para el cargo al que se le elevó, es algo que no tiene lógica. Todo ello nos permite desconfiar de esta utopía de considerar a la democracia el sistema político menos malo porque, en la práctica, contiene casi todos los vicios de los otros sistemas, sólo que encubierto bajo un falso barniz populista del que se valen no pocos dictadores, sin escrúpulos, para mantenerse en su poltrona.

Pongamos el ejemplo actual de Honduras. Un señor, don Manuel Celaya, que convoca un plebiscito para el que no tiene facultades de convocatoria, y es advertido de ello por el Tribunal Supremo, sigue en sus trece ignorando a uno de los poderes del Estado encargado de velar por la legalidad de las acciones del Presidente. No hay duda de que se ha colocado voluntariamente fuera de la ley. Y ahora nos preguntamos ¿qué forma hay para luchar contra un sujeto que se niega a aceptar la legalidad y persiste en su empeño de violar las leyes de la nación? Quizá el señor P.J.Ramirez piense que con palabras amables, con consejos amigables, mediante reflexiones filosóficas se hubiera conseguido que cejase en su empeño de perpetuarse en el poder como, por cierto, ya han conseguido sus compañeros radicales de las naciones que lo apoyan ahora. Recordemos al señor Chávez que se autoproclamó presidente vitalicio, o al señor Morales de Bolivia que siguió sus pasos o al mismo Correa. ¿Acaso podemos considerar a estas naciones democracias? La democracia no es una etiqueta que se pega en lo alto del frontispicio del Parlamento; la democracia es un sistema vivo que se revalida cada día mediante hechos concretos que avalen la veracidad del lema que la define. Desde el momento en que una “democracia” deviene en dictadura, cae en manos de gobiernos absolutistas que no respetan las libertades individuales de los ciudadanos e imponen un régimen policial, una censura en las comunicaciones y unos límites a las facultades individuales y de las sociedades mercantiles para que se vean constreñidas a seguir las órdenes de un gobierno intervencionista; entonces, señores, no estamos hablando de democracias, no señores, entonces estamos contemplando al lobo cubierto con la piel de cordero preparado para comerse al sabroso cerdito en cuanto se le ponga a tiro. Estamos ante un sistema totalitario o tiránico, que lo mismo da..

Voy a poner un ejemplo más inmediato. En España la Constitución dispone, en cuanto a las funciones de las fuerzas armadas lo siguiente:

“Artículo 8
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.”

Supongamos que, ya sea el Gobierno, el Parlamento de una comunidad autónoma, un importante grupo separatista o una organización terrorista, pone en peligro el ordenamiento constitucional o la integridad territorial; de forma que los derechos de los españoles quedan a merced de quienes nada más buscan que el fraccionamiento de la unidad nacional, imponer sus leyes contrarias a las normas constitucionales y forzar por medio de la coacción, el chantaje al Gobierno, la presión sobre la Justicia o, por cualquier otro medio que pudiera atentar contra aquellos derechos que la Constitución ha encomendado defender a las Fuerzas Armadas, ¿cuál debería ser su reacción?, acaso ¿mantenerse indiferentes haciendo como que no se enteran de lo que ocurre? ¿No deberían advertir al Gobierno de turno de que se produce tal anomalía? Y, si el Gobierno mira también hacia otro lado, olvidándose de sus obligaciones como tal ¿deberían permanecer ajenos al tema, impasibles, viendo como España se hunde en la ruina moral? Me gustaría que el señor Ramírez me contestara y me dijera si lo que, en un caso como el propuesto, la obligación del ejército se concretaría a hacer de Don Tancredo o, por el contrario, debiera de cumplir con su obligación tal y como establece el precepto constitucional. Algunos sabemos a donde conduce una laxitud semejante y un olvido de los deberes y responsabilidades, por parte de quienes estaban obligados a ejercerlos en defensa de los intereses comunes de los españoles. Atentos, pues.