Según las noticias que recoge la prensa y otros medios de comunicación, el cantante Sabina ha sido condenado por el Supremo a pagar a Hacienda dos millones y medio de euros (más de cuatrocientos millones de pesetas), por la liquidación de los ejercicios fiscales de los ejercicios fiscales 2008, 200 y 2010.
Al parecer, Sabina, entre otras cosas, era socio o administrador de tres empresas: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas, con las que gestionaba sus derechos de autor, inmuebles en Madrid y Rota, un velero y libros antiguos. Y, lo que son las cosas, con tantos cargos y conciertos “se descuidó” en sus asuntos relacionados con la Hacienda Pública.
Durante el proceso de comprobación, la inspección descubrió unos “errores” en sus declaraciones de IRPF de los ejercicios citados y levantó las correspondientes actas. Y por decirlo sintéticamente y en román paladino: Sabina se opuso, la Audiencia condenó; él recurrió al Supremo y -este- no le ha dado la razón.
Por razones éticas no quiero hacer ninguna consideración personal sobre este asunto porque nunca me he identificado con Sabina y sería como aprovecharme de su situación actual. Ahora bien, creo que quienes aconsejan a sus clientes para hacer “trampas” ante Hacienda u otros organismos estatales deberían pensarlo dos veces y concluir que, primero: un buen asesor es el que procura que su cliente pague lo justo basándose -siempre- en la legalidad; y segundo: quien se presta a ayudar a un defraudador, además de carecer de ética profesional, contribuye a que se encarezca nuestro pan de cada día.
