Las tentativas del Presidente Obama por impedir la desclasificación de las fotografías de los abusos de presos estadounidenses es un error que se puede enmendar. El presidente actúa de buena fe -- y según un entendimiento profundo de los desquiciados tiempos y sociedad en la que vive. Por sí solo eso supone un avance en la Casa Blanca.

Los ex aliados de Obama se lanzan a acusarle de ser un hipócrita y un cobarde moral por contradecirse en el asunto de las torturas y la transparencia. El premio a la hipérbole instantánea odiosa es para Anthony D. Romero, director de la Unión Americana de Libertades Civiles, que sugería que la administración Obama "está encubriendo no solamente a la Casa Blanca Bush, sino también a sí misma.”

Ay, letrado. ¿Tiene usted pruebas que avalen una acusación de tan censurable fechoría? ¿O está usted decidido a reducir a la Unión Americana de Libertades, una de las organizaciones más vitales de la democracia estadounidense, a un grupo de presión como cualquier otro que ejerce su influencia mediante la ampulosidad y la presión de la opinión pública en lugar de los argumentos?

No se engañe. Muchos de aquellos que condenan ferozmente a Obama y presionan por la difusión de las al menos 44 instantáneas pretenden hacer más que informar a la opinión pública. También esperan obligar a la administración a imputar a funcionarios y agentes de la administración Bush a base de agitar la repulsa de la opinión, incluso si las fotografías no contienen ninguna prueba directa de complicidad a alto nivel en los maltratos o las torturas. Aliados en esta campaña son los disidentes contrarios a la profunda implicación de Obama en Afganistán que entienden el tema de las torturas como un práctico garrote.

Pero la política de las torturas y el maltrato de los prisioneros es una herramienta difícil de manejar. Amputa a todo aquel que toca, como han descubierto el equipo Bush, Obama, Nancy Pelosi y la CIA, entre otros. La claridad moral que deberían aportar las mismas palabras de "torturas" o "abusos" desaparece en cuanto son invocadas para favorecer causas partidistas que -- al igual que la propia tortura -- dependen de que los fines justifiquen los medios.

En cuanto a contradecirse, Obama está haciendo en la práctica distinciones, y juicios basados en distinciones, a la hora de decidir si solicita a un tribunal de apelaciones que no levante el secreto que pesa sobre las fotografías solicitadas por la Unión de Libertades, hasta desclasificar primero los memorandos "de interrogatorio avanzado" de la administración Bush para que la opinión pública debata y juzgue.

Estas opciones son dos caras de la misma moneda para este presidente, que es consciente de que vivimos en una era digital visual en la que las fotografías y los videos abruman los contextos y las palabras. Su dominio de los símbolos visuales y motivadores le valió la victoria del pasado noviembre. No va a renunciar a controlarlos ahora en favor de otros.

Obama podría haber calculado mal su efecto, pero sus acciones con los memorandos de las torturas y las fotografías de los abusos surgen al mismo tiempo que la sensación de que el país quiere pasar página con respecto a la época de trauma y temor intenso que siguió al 11 de septiembre de 2001.

El Obama candidato prometió "ganar" la "guerra buena" en Afganistán. Era difícil por entonces juzgar si ese lenguaje era simplemente una táctica de campaña o una intencionalidad sincera. Él sostiene que pensaba en esto último al seguir las súplicas de sus mandos militares de no cooperar en la publicación de imágenes que servirán sobre todo para azuzar emociones mientras 21.000 efectivos estadounidenses adicionales se despliegan en Afganistán. Un máximo jefe del ejército que pone en peligro la integridad de fuerzas estadounidenses no debería hacer menos.

Pero la eliminación integral de imágenes o palabras es mala política, hasta cuando las intenciones son sinceras. La censura siempre despierta una desconfianza mayor y se puede utilizar para proteger a los malhechores. Esta es la razón de que un acuerdo de conciliación en lugar de un veredicto judicial sea la mejor opción a estas alturas para la ACLU y la administración.

Las fotografías entran en dos categorías: las instantáneas tipo Abú Ghraib tomadas despreocupada y repugnantemente por aquellos que cometen los abusos -- no se moleste en preguntar lo que hacen -- y las fotografías de las víctimas recogidas por el gobierno en una investigación. Cualquier fotografía que el gobierno haya utilizado o esté utilizando como prueba en una imputación judicial forma parte de un sumario público que debería ser difundido. Después de todo, algunos de los autores de las instantáneas fueron lo bastante imprudentes para difundir su labor entre amigos y demás de forma digital. El resto debería ser archivado como material de investigación para su posible uso como prueba. No todo lo que hay en los archivos policiales es publicado.

Este enfoque debería restar parte del encanto ilícito que tiene este material. Se ha convertido en una especie de pornografía de guerra destinada a segmentos de una audiencia cada vez más hastiada que recurre a la argumentación pseudo-política en busca de placer o estimulación.

En último término, la Casa Blanca sabe que tiene escasos argumentos para defender la censura. Podría estar atándose a una causa perdida, con simbólico efecto. Ruegue porque la guerra de Afganistán no acabe reservándole el mismo destino a Obama.

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