Creo que fue Kant, entre otros, quien dijo que el hombre es libre si sólo tiene que obedecer a las leyes y no a las personas y nuestra Constitución proclama en el título I los derechos y deberes fundamentales de los españoles y el imperio de la ley.

Pero el problema surge cuando el poder legislativo se dedica a promulgar constantemente leyes, que estima legitimas por haber sido formalmente aprobadas por el parlamento, pero que van reduciendo el ámbito de libertad personal e imponiendo requisitos y obligaciones innumerables y también, y es lo más grave, decidiendo acerca del bien y el mal, lo bueno y lo malo e incluso la forma en que debemos hablar.

Todo ello multiplicado por diecisiete, que son los parlamentos autonómicos, que también dictan leyes de todo tipo, desde obligaciones fiscales a las imposiciones de la ideología de género o el reconocimiento del derecho de los niños a la elección de sexo.

La democracia, en la que confiábamos para facilitar la convivencia y desarrollo de los españoles, se ha convertido en un mantra que justifica cualquier cosa, si consigue los votos suficientes de los parlamentarios, dando como resultado una división permanente, que nos llevará al enfrentamiento entre los españoles, en lugar de la concordia y el compromiso.

La próxima repetición de las pasadas elecciones, sin ninguna garantía de que su resultado resuelva el problema, pone de manifiesto que nuestra ley electoral no tuvo en cuenta todos las situaciones posibles ni sus soluciones. Bien que mal, hemos ido saliendo estos cuarenta años, unas veces por conseguir un partido la mayoría absoluta como por tener a mano el voto de los nacionalistas, que a cambio de sustancioso privilegios, han venido actuando como partidos bisagra.

Ahora, cuando aparecen enfrentados a cara de perro los partidos antiguos y nuevos es bastante difícil conseguir una nueva ley electoral, pues cada uno actuará pensando en su interés partidario y no en el interés de España.

La maraña de leyes en la que vivimos, tiene su origen en el título octavo de la Constitución que fue pensado para contentar a los nacionalistas pero en lugar de ello les ha abierto más el apetito de independencia. El resto de las regiones españolas, por la manía enfermiza de no ser menos, y aquello del café para todos, que dijo Suarez, cuando vulneró la Constitución en el caso andaluz, se ha convertido en un mosaico de taifas económicamente insostenibles que han provocado la crisis al gastar más de lo que se recauda, sin que ningún gobierno central tenga la fuerza necesaria para someter a todos a la necesaria disciplina.

Por si no tuviéramos pocas leyes que obedecer también la Comunidad Europea dicta más normas de obligada cumplimiento y puede complicarnos la vida en cualquier momento.

Pero es prácticamente imposible terminar con el desastre autonómico derogando en su totalidad el famoso título octavo, ya que la enorme cantidad de políticos dispuestos a comer del presupuesto no van a renunciar a ello, aunque los ciudadanos pensemos que no nos han servido de nada ni en orden a la libertad ni en orden al desarrollo.

Y hablando de libertad, el partido populista, horas antes de disolver el parlamento presentó una propuesta de ley para terminar con los medios de comunicación de propiedad privada para que solo existas medios públicos controlados por el gobierno que ellos esperan alcanzar. Tomen nota.