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Esta mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de febrero, que sitúan con un incremento de dos décimas con respecto al mes anterior, al índice en un 6,1%, debido principalmente al repunte de los precios en la electricidad y alimentación. Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), valoran de forma negativa esta subida y pese a que reconocen el esfuerzo del Gobierno en impulsar medidas para paliar los efectos actuales, consideran que “hay que reforzar el trabajo autónomo con mayor protección para el conjunto del colectivo”. Porque como indica María José Landaburu, secretaria general de UATAE, “hemos podido comprobar que las ayudas existentes no están permeando en la ciudadanía en gran parte por la falta de información”, y cita el ejemplo del “bono social eléctrico donde todavía hay un 39% de la población que lo podría solicitar que no lo ha hecho”.
En ese sentido, desde UATAE, reclaman “mayor información para que el conjunto de la sociedad pueda conocer la articulación de los distintos escudos de protección social que se han habilitado” y como apunta Landaburu, “hace falta además nuevas políticas directas que vayan en la dirección de paliar los efectos de la incertidumbre económica actual con la que lidian a diario en su actividad económica las y los autónomos”, por eso, expone que, “desde UATAE ya estamos trabajando a través de una encuesta que hemos habilitado en el estudio de aquellas cuestiones que más están repercutiendo en el trabajo autónomo, con la perspectiva de poder plantear un plan de medidas que se articule posteriormente desde el Gobierno y que sirva para evitar el cierre de más negocios o la pérdida de afiliados en el régimen de autónomos”.
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Y os puedo asegurar que no son actores, son personas que han superado el miedo y la vergüenza para decir que han debido dinero y que ahora, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y a Cerciora tienen un EPI que significa la liberación de su deuda, con lo cual no hay trampa ni cartón, cada euro de los que hemos exonerado está certificado por una publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En los casos en que la falsificación se comete con documentos privados, la pena de cárcel es de 6 meses a 2 años.
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