Lo mismo que ocurre con los hijos cuando se les aguantan caprichos, se les permiten rabietas o se les toleran insultos o malas maneras; que llega un momento, a medida que van dándose cuenta de que pueden, impunemente, utilizar tales procedimientos para conseguir sus objetivos, cada vez más resulta difícil conseguir que renuncien a ellos. En estos casos, el remedio más eficaz para lograr cortar de cuajo tales conductas, es aplicar las correcciones precisas para que se den cuenta de que no se van a salir con la suya por mucho que insistan en repetir tales comportamientos. Puede que, en un principio, resulte duro hacer entrar en razón a aquellos que piensan que, enfrentándose a la autoridad paterna, van a conseguir vencerla o que, desafiando con malos modos el castigo que se les aplique, lograrán evitarlo; sin embargo, si se persiste y no se cede a la presión, acabarán por entender que lo mejor es aceptar las normas y retornar al buen camino.

Puede que el PP y sus actuales dirigentes pensaran que, haciendo como que no se enteraban de lo que se estaba produciendo en Cataluña; de los primeros escarceos independentistas; de las desviaciones de las financiaciones recibidas del Estado para propaganda separatista, para financiar comisiones encargadas de ir preparando las infraestructuras paralelas a las oficiales y, permitiendo que se propalasen por toda la comunidad catalana los bulos de que, España, robaba a los catalanes; de que los ciudadanos catalanes estaban sometidos a una presión fiscal superior a la del resto de españoles o que eran ellos los que, contribuían con mayor esfuerzo solidario a que otras regiones ( ¡en las que nadie trabajaba y holgazaneaban a costa de la aportación catalana!, según se les hacía creer a los catalanes); todo ello ha comportado las fatales consecuencias, derivadas de tal permisividad o, quizá, del miedo a enfrentarse a un problema tan espinoso; haya sido lo que nos ha llevado a la triste realidad de que, lo que hace apenas 7 u 8 años apenas afectaba a un 20% del pueblo catalán, hoy en día, se haya extendido a un 48% del mismo y con el peligro de que siga ascendiendo si, como sigue pasando, nadie parece disponerse a enfrentar con seriedad los sucesivos pasos que, el Parlament catalán, está dando para conseguir su último objetivo que es, sin duda, ¡la independencia de Cataluña del resto de España!.

Sin embargo, ha estado todo este tiempo en manos del Gobierno de la nación el acabar de una vez con semejante estado de cosas. Fue en abril del 2012 cuando el ministro de Economía tuvo que aceptar que las autonomías españolas habían sobrepasado todos los límites en cuestión de endeudamiento. Estaba recién aprobada y publicada la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el ministerio decidió, para evitar males mayores, avalar la deuda autonómica. Fue el señor Montoro quien avisó de los mecanismo que proporcionaba dicha ley para acabar con los excesos autonómicos, y advirtió con rotundidad de que “El Gobierno disponía de suficiente armadura para hacer cumplir los objetivos de consolidación fiscal” que, por cierto, se nos exigían desde la propia Bruselas (ello obligó a la modificación convenida de la Constitución, mediante la adaptación del Art.135 a las nuevas normas europeas). “Vigilancia, sanción y, si fuera preciso, intervención”, eran los medios de los que se dotaba el Gobierno para evitar que ninguna autonomía se desmandase en cuanto a sus gastos públicos y su respectivo endeudamiento.

Todo parecía controlado y se podía presuponer que, a partir de aquel año, las autonomías se tomarían en serio la contención de sus gastos. Y así fue en muchos casos, salvo en algunas determinadas comunidades que decidieron seguir con sus gastos extraordinarios, sin querer amoldarse a las limitaciones que se les impusieron. Una de de ellas, la más importante por su calidad de ser una de las más industrializadas del país, Cataluña, prefirió saltarse a la torera las amenazas de Montoro y, a fuer de ser realistas, se debe reconocer que le salió bien la jugada. Ni un solo año, el conjunto de las Administraciones autónomas ha conseguido mantenerse dentro de los topes fijados. En ningún caso el Gobierno ha intervenido o ha sancionado a ninguna de las responsables de que ello ocurriera. Para más INRI ha tenido que ser el Gobierno el que se hiciera cargo de los despilfarros de las autonomías mediante el truco de irlas subvencionando a través del FLA, eso sí, imponiendo a las infractoras “exigencias” que, en ningún caso han pasado de eso: de ser exigencias incumplidas.

Pero el caso de Cataluña todavía resulta más sangrante. El Gobierno ha sabido siempre que, cuando ha tenido que dar dinero a la Generalitat para pagar a las farmacias o a los diversos acreedores de la Administración catalana, ha sido porque una parte de la financiación, que la autonomía catalana recibía del Estado, era destinada, sin ninguna clase de rubor u ocultación, a llevar adelante estudios, investigaciones, crear comisiones de trabajo, crear embajadas en el extranjero y dotar de fondos suficientes para imponer, en toda la autonomía, la inmersión absoluta y excluyente del idioma catalán, proscribiendo el castellano e intentando que dejara de ser el idioma vehicular de todos los castellanos parlantes ( casi el 50% de la población catalana) Incluso sancionando a aquellos que han pretendido rotular sus comercios usando el castellano para ello.

Si las amenazas del señor Montoro ( ha sido desautorizado por sus compañeros del Ejecutivo en diversas ocasiones) se hubieran llevado a cabo, si se hubieran controlado las cantidades finalistas con las que iban cubriendo, una y otra vez ( Cataluña ha sido la comunidad autónoma que se ha llevado el 40% de los fondos de ayuda y liquidez) la falta de liquidez de la Generalitat y se hubiera dejado que, si hubiera sido necesario, se llegara a permitir la quiebra administrativa de la autonomía catalana; señores, otro gallo hubiera cantado y todos estos gastos atípicos, derivados de la financiación con la que han ido ejecutando el simulacro de referendo del 9N, o todas las infraestructuras paralelas encaminadas a crear una Administración paralela a la del Estado, o las retribuciones con las que se sostienen a los futuros funcionarios que han de cubrir las plantillas de las instituciones de esta utópica “nación catalana” etc. hubieran dejado de producirse, una parte de este gran embolado que se ha creado en torno a la independencia de Cataluña, con toda seguridad hubiera sido imposible que existiera.

Pero, señores, ¡cómo podemos entender que, estando el Gobierno en situación de interinidad; siguiendo los independentistas aferrados a sus ideas y manteniendo todos los gastos inherentes a los estudios de tres leyes que, precisamente, forman parte de los trabajos para la independencia de Cataluña!, el señor De Guindos haya hecho escala en Cataluña para entrevistarse con el conseller de economía catalana, señor Junqueras, que ha tenido la cara dura de pedirle al Estado otros 1700 millones de euros para evitar, una vez más, dejar de atender sus compromisos con sus acreedores. Nadie podría reprocharle al señor Albiol, del PP catalán, sus críticas a tamaña muestra de servilismo por parte del gobierno de España. Definitivamente, el señor Montoro tenía toda la razón y es evidente que, si se hubieran seguido sus consejos y se hubiera aplicado jarabe de palo a quienes se excedieran en sus gastos públicos, con toda seguridad que la situación de España y, concretamente, de Cataluña, hoy en día sería otra.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos que concluir que, lo que estos días estamos pagando los españoles no se debe exclusivamente a los coletazos de la crisis ni, tan siquiera, a la deslealtad de una oposición que, si se ha caracterizado por algo, ha sido por sus continuos intentos de ponerle palos a las ruedas del legítimo gobierno de la nación, sin que hayan sido capaces de apoyar ni una sola de las decisiones gubernamentales; porque, evidentemente, se han producido fallos de cálculo, errores de apreciación, valoración inadecuada del problema catalán y, junto a todo ello, una postura pazguata y cobarde ante el desafío catalán, que ha permitido que creciera y adquiriese la característica de problema nacional, sin que el Ejecutivo de Rajoy hiciese nada para impedirlo.