El 17 de febrero de 1936, había caído la dictadura del Partido Liberal en Paraguay, expulsada por los coroneles que habían vencido en la guerra del Chaco. El detonante de aquel golpe militar, que llevó al poder al coronel Rafael Franco, había sido la pretensión del presidente Eusebio Ayala de reelegirse de manera inconstitucional.
Como ha sucedido con frecuencia en la historia del Paraguay, el Dr. Eusebio Ayala se encontraba obsesionado por su reelección.
Un grupo de adulones que lo rodeaba había iniciado a fines de 1935 una campaña por la reelección del susodicho Presidente de la República, lo cual, según el jurisconsulto Adriano Irala Burgos, “destruía totalmente en sus valores más caros el sistema liberal, fundamentado en la Constitución de 1870”.
Lo peor de todo no fue eso, sino la vacilación inexplicable del Dr. Eusebio Ayala, quien manifestó que se ponía a disposición del pueblo y no abortó a tiempo y enérgicamente la sugerencia, hecha tan a destiempo y destruyendo el principio de la misma legalidad liberal. Esto significaba poner en duda la misma legitimidad, no ya del futuro presidente y su periodo, sino del mismo que llegaba a su final. La pretensión reeleccionista del Presidente habilitó a la institución militar para evitar el atropello a una Constitución que no contemplaba la reelección.
La coyuntura era además complicada en aquel febrero de 1936, dado que el Estado liberal se enfrentaba a dos desafíos ineludibles: Primero, la desmovilización de tropas y jefes de un ejército victorioso, parte de un pueblo ahora seguro de merecer un destino mejor.
Y segundo, las elecciones presidenciales que inexorablemente debían reemplazar a las autoridades vigentes, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional no contemplaba la reelección.
En ambos casos se manejó el Gobierno del Partido Liberal con vacilaciones y soluciones simplistas.
En lugar de abrirse a las sustanciales y profundas reformas que la historia reclamaba, el gobierno liberal se vio superado ideológica y coyunturalmente por los acontecimientos, apelando a métodos represivos que derivaron en virulento detonante contra el orden constituido y sus estructuras políticas.
La persecución política, que no perdió vigencia aún en medio de una guerra internacional, cobró fuerza y estado público con el asesinato en torturas del estudiante Salomón Sirota, el 5 de enero de 1936, en las mazmorras del “democrático” y civilista régimen del Dr. Eusebio Ayala.
La situación empeoró con la clausura de periódicos estudiantiles y el arresto y deportación de jefes militares de bien ganado prestigio en el Chaco como el mismo Franco, el mayor Basiliano Caballero Irala del Regimiento de Zapadores N° 1, y el mayor Antonio E. González, entre otros, acusados falsamente de “comunistas”.
En medio de ese clima, el estallido de un golpe de estado fue tomado como algo prácticamente normal. Lo anormal hubiera sido que se extendiera la tolerancia.
El terremoto tendría su epicentro, como siempre sucede, en la institución más fuerte y con mayores posibilidades de facilitar el derrumbe. Era la institución militar, un ejército entonces nimbado por la gloria de la victoria en el Chaco.
El 17 de febrero de 1936 se cumpliría una vez más el axioma de Montesquieu, tantas veces repetido en la historia: “Cuando las legiones pasaron los Alpes y el mar, los hombres de guerra, obligados a permanecer durante muchas campañas en los países que sometían, perdieron poco a poco el espíritu ciudadano; y los generales, disponiendo de los ejércitos y de los reinos, adquirieron el sentimiento de su propia fuerza y ya no pudieron obedecer”.
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La historiografía sudamericana sigue intentando narcotizar a las naciones de las antiguas colonias con una memoria adulterada, disecada y llena de olvidos interesadamente voluntarios
