Resulta extraño que, una apersona tan importante del bando republicano, como fue don Manuel Azaña, se mostrara tan riguroso con Catalunya cuando llegó a referirse a ella con los siguiente términos: “Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha durado dos siglos. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar España, prefiero a Franco” No fue quien apoyara la revolución del 18 de julio de 1936 ni que sintiera simpatías por Franco ni, mucho menos, que compartiera sus ideas; sino todo lo contrario: fue quien desterró a Franco a Canarias, quien enarboló la bandera de la defensa de la República y quien, si hubiera podido, hubiera sido el primero en poner su firma en la sentencia de muerte del general gallego. Pero entendía que España era una nación indivisible, que en ella no cabían divisiones ni posibilidades de establecer diferencias entre los españoles, por razón de sus respectivas ubicaciones en la Piel de Toro. Podría ser rojo, republicano de izquierdas, anticlericalista convencido, pero era, sin duda, un español de la cabeza a los pies.

Nos hemos estado quejando durante año, sin cansarnos de decirlo, de lo que se avecinaba en Catalunya si se continuaba haciendo oídos sordos a las amenazas que, al principio con sordina pero luego, a medida que transcurría el tiempo y veían que el Gobierno permanecía impávido e iba transigiendo con los cada vez más atrevidos desplantes del separatismo catalán, se fueron animando, adquiriendo confianza, aumentando la intensidad de sus reclamaciones, chantajeando con más osadía y mostrándose mas atrevidos a la hora de exigir mejores condiciones, más autonomía, más subvenciones, más financiación y más facultades hasta que, finalmente, al ver que el Gobierno no reaccionaba y no tomaba medida alguna más que, en algunos casos, elevar recursos ante el TC; llegaron al colmo de la desvergüenza, saltándose la Constitución a la torera, enfrentándose a las leyes estatales y dejando de cumplir las sentencias judiciales en lo que, claramente, ha constituido el mayor enfrentamiento al Estado español, cuando se amenazó con la declaración unilateral de la independencia de Catalunya del resto de España.

Nada ha sido capaz de bajar de su pedestal de indiferencia e inmovilidad al señor Rajoy y a su equipo de gobierno. Se han encastillado en su fortaleza que los ha tenido apartados de lo que iba ocurriendo en Catalunya y, a medida que el problema catalán se ha ido agravando, tomando consistencia, elevando el tono de sus amenazas y poniendo en práctica los prolegómenos de una estructura paralela de estado, para cuando llegasen a conseguir su objetivo de constituirse en una nación independiente de España; la impasibilidad y la falta de reacción del Gobierno de Rajoy ha permitido que lo que, al principio, era cosa de unos pocos, los más recalcitrantes, haya ido progresando hasta convertirse en algo que muchos apoyan, convencidos de que tienen posibilidades de salir airosos del trance.

La recién elegida presidenta del Parlamento Catalán, Carmen Forcadell (ex presidenta de la separatista Asamblea Nacional Catalana y número dos de las listas de Junts pel Sí), pronunció, el día en el que fue designada para su cargo, un incendiario discurso en el que sentaba las bases para la iniciación de un proceso fundacional constituyente. Se refirió a la undécima legislatura autonómica como la última a la que seguiría un Parlamento de carácter “nacional, con plenas atribuciones”, culminando su explícita declaración, que se podría considerar como la reproducción, actualizada, del manifiesto del señor Companys (cuando, en octubre de 1934, proclamó solemnemente: “El Estado catalán dentro de la República federal española”, una aventura que apenas duró unas horas gracias a la pronta actuación del Ejército); solo que, si Companys no se atrevió a excluir a Catalunya del ámbito de la nación española, esta señora le ha querido poner más arrestos a su desafío, cuando a finalizado su alocución con un triple viva “¡Viva la democracia, viva el pueblo soberano, viva la república catalana!”. El señor García Albiol, del PPC, ha resumido, brevemente, el nuevo proyecto independentista puesto en marcha en el Parlamente como “Pasamos de la presidencia del adoctrinamiento ( Nuria Gispert) a la del odio ( Carmen Forcadell)” Todo esto antes de que se sepa quién será el nuevo presidente de la Generalitat que, en estos momento, todavía no parece claro sobre quien recaerá el cargo aunque, vista la negativa de la CUP par apoyar la investidura de Mas, pudiera ser que éste acabara fuera de la presidencia.

Veamos, si el 9 de noviembre ya tuvo lugar una consulta prohibida por el TC, sin que el Gobierno de la nación hiciera otra cosa que quejarse de ello (Tuvo que ser el fiscal General del Estado quien obligara a los fiscales a elevar una imputación contra Mas y dos de sus colaboradoras); si el 27 de septiembre la votación de las autonómicas dejó claro que, en Catalunya, eran minoría los que decían querer la independencia y si, contra viento y marea, saltándose las leyes, esta señora Forcadell se atreve a anunciar actuaciones contrarias a los dispuesto en la Constitución española, apelando al apoyo democrático de los ciudadanos ( cuando fueron minoría los que votaron a partidos independentistas),, incurriendo en claros actos de deslealtad a la patria, previstos en nuestro Código Penal, proponiendo acciones encaminadas a la secesión de Catalunya de España, como pudieran ser el crear una Seguridad Social y una Hacienda para el futuro estado catalán, desconectadas del Estado español; deberíamos empezar a preguntarnos ¿ Cuándo el Gobierno español, aparte de anunciar que, sobre los que están actuando infringiendo la ley les van a caer chuzos de punta; va a comenzar a demostrar que no se tratan de amenazas vanas y va a actuar directamente?, poniendo en marcha a la Justicia y, como hizo la República con el señor Companys, se les va a tratar como delincuentes y se les va a privar, como tiene previsto el artículo 155 de la Constitución, de sus puestos directivos como gestores de la comunidad autónoma catalana.

Ya estamos empezando a pensar que, nuestras autoridades, muestran demasiada condescendencia, pasividad y quizá falta de la diligencia debida, en aplicar las medidas previstas para este caso por la legislación española, demostrando con ello el temor que tienen a actuar con firmeza, como ha venido ocurriendo todo el tiempo que ha durado este malhadado desafío separatista que, por cierto, tiene otro vector que lo complica más y es que hay otras autonomías, como la vasca y la gallega, que no pierden ripio, vigilando lo que está sucediendo en tierras catalanas, preparados para que, en el caso de que tuvieran éxito en su desafío a la legalidad, para reclamar para sí lo mismos lo que hubiera conseguido Catalunya.

No hay tiempo para más retrasos, para seguir haciendo ver que aquí no pasa nada y para continuar dilatando poner en marcha el proceso que ha de terminar con el absurdo problema del independentismo que, por cierto, ya se sabe positivamente que nos está perjudicando ante el resto de naciones europeas y del resto con las que mantenemos relaciones comerciales, que están pendientes de lo que va a suceder en esta Catalunya levantisca y enfrentada al Estado español, en la que algunas naciones tienen importantes inversiones y que, en el imposible caso de que consiguieran su independencia, iban a tener que apresurarse para intentar cobrar sus préstamos, los intereses de la deuda pública catalana ( calificada por las agencias de rating como “deuda basura”) y recuperar sus inversiones ante la eventualidad, nada improbable, de que el nuevo estado catalán acabara en un fiasco con la caída en default y desahuciada por el resto de naciones.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, que reside en esta autonomía catalana, estamos empezando a perder la paciencia y la esperanza ante la evidencia de que, cada día que pasa, tanto en Barcelona (con su alcaldesa comunista que se pasa las leyes estatales por el forro de los pantalones), como en toda la autonomía; donde ya se ha anunciado que se van a dictar leyes que sustituirán a las estatales, de las que, en el colmo de la temeridad, ya se ha anunciado que va a prescindir como si no existieran. El tiempo de paños calientes debe acabar, ya no hay otra opción que recurrir a exigir el cumplimiento de las leyes sin esperar a que, el retraso en actuar, pudiera dar lugar a tener que esperar a un posible gobierno de izquierdas dispuesto a ceder a las demandas de los catalanes nacionalistas.