Leo el sábado 28 de junio una carta enviada desde Bruselas a El País por María Muñiz de Urquiza, en la que vuelve a insistir en que los que nos oponemos a la directiva sobre inmigración de la Unión Europea somos demagogos. Su argumento concluyente es el siguiente: “No se trata de xenofobia, racismo ni cerrojazo de Europa a los extranjeros; se trata de gestionar políticamente la realidad de inmigración vinculándola al mercado de trabajo en el marco de un enfoque global que incluye también la integración de los trabajadores legales”.
En primer lugar, sea por dificultades técnicas o por cuestiones de otra índole, la retención de personas por un tiempo determinado en un recinto de seguridad, sin que hayan sido previamente condenadas por delito alguno o sorprendidas en flagrante comisión del mismo, es una medida unilateral, autoritaria y contraria a la Declaración de los Derechos Humanos. Además, muchos de los ciudadanos que nos manifestamos contrarios a esta directiva, entendemos que Europa ha de ser un lugar de acogida sin prejuzgar la calidad de los inmigrantes en función de su aportación documental. Pienso que, desde luego, nunca deberá de ser el mercado de trabajo el marco de la política de inmigración sino el derecho de las personas a la libre circulación por territorios donde rigen gobiernos democráticos. Máxime cuando los inmigrantes son ciudadanos que huyen de sistemas totalitarios. Finalmente, me parece un sarcasmo intolerable que desde las más altas instancias de la UE se promulguen directivas de esta índole mientras consienten y auspician la deslocalización de empresas transnacionales que es, en buena medida, la causante de que los trabajadores de los países receptores de dichas empresas busquen en otros países salarios y condiciones de vida más justos. En definitiva, por un lado a los inmigrantes se les somete a la esclavitud en sus países y se les acoge en campos de concentración en los nuestros. Esta es la realidad pura y dura. Defender lo contrario es como decir que Berlusconi ha modificando el Código Penal no para protegerse sino para consolidar el Estado de derecho.
Lo peor de los inspiradores de estas políticas xenofóbicas es la tremenda hipocresía que manifiestan. Además, deben de pensar que el resto de los humanos somos tontos. Y se equivocan. Con papeles o sin ellos, la inmensa mayoría de la población está más legitimada y capacitada que los funcionarios europeos para decidir las reglas de juego de nuestra convivencia.
