Existe en algunos ambientes la tendencia a polarizar excesivamente esos dos aspectos de la educación: la estatal y la privada, como si se tratara de facciones enemistadas. Se olvida con frecuencia la movilidad del profesorado, que muchas veces se ha formado en el sector privado, ocupando después un puesto en el estatal y no raramente regresando de nuevo a aquél. Muchas de las escuelas pedagógicas que han hecho época, han surgido de instituciones privadas. Unificar la enseñanza es prescindir de la sana emulación a que un sistema autónomo de educación da lugar. Si la calidad de la educación impartida en centros estatales no ha sido siempre la que era de desear, no fue ciertamente por falta de iniciativa de su cuerpo docente.

La educación estatal, además, no es algo que interese sólo al Estado: al contrario, interesa a todos los ciudadanos, que son quienes con sus impuestos la mantienen. Y es interés de todos el que la calidad de la enseñanza que imparta sea la mejor posible: la escuela estatal no es propiedad del Estado o de los partidos; debe estar al servicio de la familia y de la sociedad. Son, pues, muchos los falsos planteamientos sobre la educación estatal que hay que aclarar.

En algunos países europeos, la escuela privada está pasando por momentos de gran auge, debido, entre otras razones, a la decadencia de la escuela estatal, que tiempo atrás gozaba de más prestigio. Ante esta situación, ciertos políticos y partidos, que han contribuido a ese progresivo desmoronamiento, insisten ahora en presentar los sacrificios que muchos ciudadanos deben afrontar para hacer estudiar a sus hijos en escuelas privadas, como un deseo de figurar, como un índice del lujo con que quieren vivir. Con frecuencia, se trata incluso de personas que habían siempre sostenido la validez de una educación estatal, laica, no confesional. Si ahora deciden enviar a sus hijos a escuelas privadas, incluso confesionales, lo hacen porque quieren disminuir las posibilidades de que sus hijos salgan de la escuela corrompidos, pervertidos, drogados, o tan sólo fanatizados por la menos neutra de las educaciones.

Los partidos políticos que han nacido con manías totalizantes no pueden pretender establecer en materia educativa un monopolio estatal, que conduce únicamente a manipular a la juventud. Los hijos no se nacionalizan como las empresas. Los hijos no pueden quedar a merced del último ideólogo de turno o del partido que haya ganado las últimas elecciones. La libertad de enseñanza, que se concreta en un pluralismo escolar dotado de real autonomía, es la garantía de que serán educados en la libertad, de que aprenderán a discurrir por cuenta propia y no por cuenta ajena. Sólo quienes piensan que la escuela es y debe ser un lugar de condicionamiento ideológico, y dan por descontado que sólo el suyo es el bueno, pueden pensar que hay que suprimir el pluralismo escolar. El problema estriba en que la educación no es nunca un condicionamiento, sino un continuo perfeccionamiento en la búsqueda de la verdad y en la práctica de una vida recta, propia de todo hombre de bien.

El tirano es una figura que no es hoy en día demasiado actual. Sin embargo, la impopular figura del tirano está representada actualmente en aquellas ideologías totalitarias que proponen un modelo de sociedad estructurada en leyes que corrompen el bien común. Una sociedad estructurada sobre leyes injustas es una sociedad que se disgrega, una sociedad en la que sólo quien no sea honrado puede sentirse a gusto. Por esto, hay que poner los medios y luchar sin cansancio, no dando por perdido lo que no lo está, para conseguir que las leyes que rigen la sociedad vayan de acuerdo con la ley natural -pueden y deben ir-, y no sean injustas ni tiránicas.

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Javier Úbeda Ibáñez es escritor.