Esta siendo objeto de numerosas discusiones la aprobación del Tratado de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión con USA, y es entendible, porque será decisivo para el presente y el futuro de Europa.
El continente europeo no quiere quedar reducido a ser, una especie de parque temático para el resto del mundo, perdiendo mucha influencia, y peso económico y político, respecto a los restantes países del planeta.
Cierto número de legisladores, de distintos estados europeos, están en contra del sistema de arbitraje que se pretende implantar, para la resolución de las disputas comerciales entre empresas y estados.
Las razones son claras, ya que es lógico que las naciones con sus leyes específicas, aprobadas democráticamente, tengan más fuerza que los intereses comerciales de las empresas.
Porque los estados de derecho y sociales defienden el interés general de los ciudadanos, y las multinacionales, por regla general, buscan la mayor cantidad de beneficio económico, por encima de cualquier otra consideración.
En efecto, lo que no es adecuado para la justicia social que debe existir en los estados de la Unión Europea, es que las grandes empresas recurran a juicios muy costosos, si un país legisla de forma opuesta, a sus intereses. Las propias pymes se sienten indefensas ante sistemas de arbitraje entre empresas y estados, que se dirimen con abogados internacionales privados.
Otro de los problemas, que está presente, en las discusiones sobre este Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos es la necesidad, a mi juicio, de impedir que se produzca la privatización de los servicios públicos.
Si Washington ratifica determinadas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, esto supondrá una mejora indudable de las condiciones laborales, sanitarias y medioambientales norteamericanas incluidas en el Tratado de Libre Comercio.
El presidente del Europarlamento Martin Schulz ha pospuesto la votación de más de 200 enmiendas al texto del Tratado. Lo considero razonable, si sirve, para que se busque una redacción que, afirme los derechos sociales y económicos de la ciudadanía europea, frente a las exigencias del neocapitalismo más duro.
Considero que, si en el arbitraje, los estados y sus legislaciones y tribunales, tienen la última palabra, ante posibles disputas con las multinacionales, se abre un horizonte positivo de colaboración económica y comercial entre Europa y Estados Unidos. De no ser así, el Tratado será, en mi opinión, claramente perjudicial para los ciudadanos europeos. Por razones, fácilmente entendibles, por lo que ya he explicado.
Existen dos corrientes de opinión acerca de este Tratado de Libre Comercio. Unos opinan que supone un gran relanzamiento para la economía europea, creando un gran espacio de intercambio comercial, con la garantía de un crecimiento sostenido considerable.
Otros estiman que este Tratado nos puede llevar a una catástrofe social, con pérdida de derechos sociales de todo tipo, y la privatización de servicios públicos básicos como la sanidad y la educación. Así como un aumento de la precariedad laboral, y una reducida oferta de trabajo de escasa calidad. Lo que causará un incremento de la pobreza, y la exclusión social en Europa.
Ante este dilema, quizás, lo más juicioso y sensato, sería aprobar enmiendas en este Tratado que garanticen los derechos ciudadanos básicos, que están en el derecho natural y positivo, en las constituciones de los países, y en los Derechos Humanos.
Y, si estas condiciones mínimas no aparecen en la redacción de este Tratado, no sería conveniente para la Unión Europea, y el Europarlamento no debería aprobarlo, porque no garantiza, realmente, un estado del bienestar para los ciudadanos europeos. La economía debe estar al servicio de las personas. Es un planteamiento basado en numerosos argumentos.
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La capital libanesa ha padecido mucha destrucción desde que estalló la guerra civil de 1975 y luego con las dos invasiones israelíes, pero nunca antes había sufrido esta clase de destrozo en una época de paz
