Decía un sociólogo que la causa “saharaui” es un invento español, y la reciente decisión de un juez de tomar parte en la controversia que sostiene Argelia con Marruecos respecto al Sahara es una prueba.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha declarado competente para juzgar a militares marroquíes basándose en la nacionalidad española que el caudillo de España por la gracia de Dios, Francisco Franco Bahamonde, y su presidente de gobierno Carrero Blanco, primer devoto del Opus Dei ascendido a los cielos en cuerpo y alma merced a una bomba de ETA, confirieron a los habitantes de la entonces provincia española del Sahara Occidental.

La historia recuerda cómo el dictador Oliveira Salazar convirtió en provincias portuguesas a sus colonias, y en ciudadanos portugueses de pura cepa a los habitantes de Angola, Mozambique, Macao en China y Goa, Damao y Diu en la India.

Buscando no ser menos, el almirante Carrero Blanco hizo provincia española de la colonia del Sáhara Occidental y, al estilo de un nuevo emperador Caracalla, distribuyó documentos de identidad españoles entre los “saharauis” del desierto.

Dicen que en las cortes franquistas aparecía estos “españoles” del Sahara vistiendo sus túnicas, como si fueran visitantes del ficticio planeta Tatooine, inspirado en la no muy lejana ciudad tunecina de Tataouine.

La extravagante decisión del juez Ruz, como es costumbre, desató una fuerte campaña de los partidarios del “Sahara Libre” en todos los medios informativos a su alcance. Ya en 1979 el premio Cervantes Juan Goytisolo había escrito, en su ensayo “El Problema del Sahara” y con mucha razón, que la única victoria posible para los “saharauis” era la informativa.

La maniobra no tiene nada que ver con la soberanía marroquí sobre esa porción del Sahara, donde nacieron varias dinastías que gobernaron el Marruecos almorávide, y que por siglos estuvo bajo jurisdicción del sultán de Marruecos.

Una es la cuestión de Derechos Humanos, que puede sensibilizar a cualquiera, y otra muy diferente la soberanía de un territorio, que debemos suponer que ubican en el mapa los españoles que obtuvieron mejores calificaciones en geografía que Mariano Rajoy. La realidad histórica nos dice que los derechos humanos siempre se han violado alegando razones de estado.

En el afán de satisfacer el afán propagandístico de los partidarios de la “lucha saharaui”, nuestro héroe el juez Ruz está legitimando y dando por válida, la postrera maniobra de Carrero Blanco, que no era otra cosa que uno de los últimos estertores del régimen franquista.

Curiosamente, este juez ha sido conocido como el “sustito de Garzón”, quien no pudo juzgar atrocidades de la dictadura de Franco. Tal vez con más suerte, Ruz ahora trata de juzgar a militares marroquíes dando legitimidad a las acrobacias de una agonizante dictadura, que puso poco después los pies en polvorosa, para huir cobardemente abandonando el Sahara a los moros.

Nobleza obliga reconocer que ni la república perdida por los españoles ante el fascismo, ni la dictadura fanquista, respetaron jamás derechos humanos en el Marruecos que el juez Ruz intenta ahora convertir en el villano de la historia.

Los obreros y campesinos del Rif o la Xebala no podían exponer sus ideales de libertad e independencia, y no tenían siquiera, ni bajo la égida de la presunta república española ni bajo el régimen falangista, derecho a sindicalizarse. Pero hoy esos principios son agitados en España, para colmo usando como pretexto una de las últimas y más torpes decisiones de la dictadura de Franco.

Si Ruz quisiera hurgar en esta historia, podría ocuparse de los últimos fusilamientos del franquismo, el 27 de septiembre de 1975, y el silencio cómplice de las autoridades argelinas al respecto que destaca en su libro Goytisolo.

Si aquello pudiera alguna vez clarificarse, una oprobiosa historia de colonialismo y opresión en el Sahara Occidental quedaría saldada.