Parece que pueda ser un dato poco relevante, pero de lo que se deduce deducir de un interesante artículo, publicado en el rotativo catalán La Vanguardia, me parece sumamente preocupante. Resulta que en el 2006 la economía catalana creció y creó empleo, sin embargo, no consiguió crear trabajo cualificados y no sólo eso, sino que, según los datos aportados por el articulista, se destruyeron 13.200 de ellos, lo que supone una disminución de un 5’3% del total. Pero lo peor de esta noticia es que, esta disminución, marca una tendencia, que se inició hace dos años, lo que ha supuesto una pérdida total de puestos de trabajo de técnicos y profesionales de apoyo de 22.100 y de profesionales que exigen titulación de 4.040. Contrasta con lo sucedido en el resto de España, donde la evolución del empleo cualificado ha elevado en 201.050 los nuevos empleos de alto nivel durante el 2006, lo que supone un incremento del 4’1%. La conclusión de los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido: que no es bueno que la economía de Catalunya se base especialmente en el sector de la construcción, si se quiere estar en el grupo de las regiones más desarrolladas.
No parece que anduviéramos descarriados cuando, hace unos meses, dábamos un toque de atención para advertir que, un gran número de importantes empresas de filiación extranjera (multinacionales,) cerraban sus puertas para buscar acomodo en otros países que les ofrecían mayores oportunidades de rentabilidad y les ponían menos obstáculos a su desarrollo. Por mucho que se haya querido ocultar, se ha producido una verdadera sangría de empresas que o han cambiado de ubicación dentro de España misma, trasladándo sus actividades a Madrid y otras localidades o se han ido a instalar a países extranjeros, donde sus costes laborales fueran menores y la presión fiscal y social no resultaran tan agobiantes. El hecho de estar inmersos en un mundo regido por el libre comercio, por mucho que les pueda molestar a algunos de los miembros del Tripartito, comporta el tener que saberse amoldar a las reglas del juego que, en este caso, son la ley de la oferta y la demanda. No se puede pedir a una empresa que supedite su rentabilidad a los caprichos de la política, máxime, si ésta tiende a convertirse en totalitaria e intervencionista.
No creamos que la implantación forzosa del catalán, como idioma obligatorio, en el etiquetado de mercancías, rótulos y en los centros docentes, ha sido algo baladí. No podemos decir que no haya pesado en las decisiones de las multinacionales, acostumbradas a desenvolverse en sus transacciones comerciales usando los idiomas más extendidos en el mundo de los negocios, como puedan ser el inglés, el español, el francés y el chino. ¿Cómo se puede exigir que un idioma que, apenas, se usa por unos seis millones de personas (de los cuales deberemos descontar casi la mitad que usan como idioma vehicular el castellano), sea utilizado para etiquetados de productos cuyo consumo se realiza, en más de un noventa por ciento, fuera de Catalunya? Otro aspecto, que no carece de importancia, es el hecho de que muchos de los altos cargos extranjeros que residen en España, por cuestiones de trabajo, no quieren que sus hijos sean educados en catalán, lo cual se puede considerar lógico si se tiene en cuenta que existen otros idiomas cuyo aprendizaje les puede resultar más útil para el futuro de sus descendientes; especialmente, si se tiene en cuenta que, la mayoría, al cabo de unos años de residir en Catalunya, regresan a sus países de origen.
El hecho de que, hoy en día, la economía catalana se apoye fundamentalmente en el sector de la construción resulta doblemente preocupando debido a que todos los indicios llevan a hacer suponer que puede existir una desaceleración de esta actividad, que ya se ha puesto de manifiesto con alguna virulencia en los EEUU y, cuyas primeras consecuencias, ya se empiezan a detectar en nuestro país donde, desde hace unos meses, se han frenado los precios de venta y se empiezan a advertir señales de un cierto nerviosismo, que se pone de manifiesto en el aumento de rótulos ofreciendo pisos en venta. No olvidemos que, hasta la fecha, mucha gente invertía sus ahorros en los ladrillos como fuente segura de revalorización de sus activos. En la mayoría de ocasiones constituían hipotecas sobre una parte del valor de la construcción, confiando en que el incremento de valor de la misma compensaría y aún sobrepasaría, el coste de los intereses. Lo que ocurre es que ha llovido sobre mojado y, la segunda incógnita se centra en que, al parón de precios, se ha añadido la subida imparable del Euroibor y el consecuente encarecimiento de los costes de las hipotecas lo que, si la tendencia no cambia, puede encarecer mucho las hipotecas a corto plazo, y obligar a los hipotecantes a sustituir su antigua hipoteca por otra a más largo plazo y, por consiguiente, más gravosa. Es lo que se llama “hipoteca de por vida”. Consecuencia, la pescadilla que se muerde la cola, menos demanda, a menos demanda menos oferta u oferta más barata, nuevo descenso del valor y así siguiendo.
No dudo de que, en el Tripartito, habrá personas mucho mejor preparadas en esta materia que el que escribe este artículo, pero me temo que están tan enzarzados en sus rifirrafes políticos, que quizá no se hayan podido percatar de que, aunque en la actualidad estamos disfrutando, todavía, de una relativa bonanza económica, ésta, como todas las cosas de la vida, no está garantizada para el futuro y, bueno sería, que empezaran a tomar medidas para evitar que, cuando queramos darnos cuenta, el toro ya nos haya revolcado por la arena. Al menos esto es lo que yo pienso; claro que puedo estar equivocado, ¿quién no?
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